La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) denunció este lunes que el contrato firmado por el Estado dominicano con la empresa que instaló la planta de generación de energía Cogentrix, constituye una "estafa" al pueblo, y rechazó su extensión.
Adocco pidió al presidente Danilo Medina rescindir el contrato, que obliga pagarle 4,8 millones de dólares a la empresa cada mes, aún estando apagada la planta.
Explicó que el contrato contempla el pago por capacidad instalada, no por energía servida, constituyendo eso un pago de 4,8 millones de dólares, por el tiempo que dure el contrato.
La entidad de la sociedad civil calificó de "aberrante" que funcionarios y empresarios se prestaran a someter al país a esa "barbarie" de asumir un compromiso, donde los inversionistas condicionaron que cobrarían aunque el Gobierno dominicano no utilice la energía producida y la planta permanezca apagada, ya que cuando entra es con un precio muy alto.
El contrato de la planta Cogentrix para suplir electricidad a la Cdeee, operada actualmente por la Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís (Cespem), a base de fuel oíl, fue firmado en 1997, como resultado de una licitación pública internacional.
Según indicó Adocco, cuando se firmó el contrato, el precio del fuel oíl número dos era de 28 dólares el barril, el cual se disparó exorbitantemente, resultando la operación insostenible con dicho carburante, por lo que el Gobierno debe pagar por la capacidad instalada acordada en el contrato, del que participaron políticos y empresarios para su beneficio.
Adocco apuntó que el contrato condiciona el cambio de uso de combustible a que el mismo sea extendido por más tiempo, por lo que la reconversión de fuel oíl a gas natural contemplaría la extensión del contrato, lo que cuenta con el apoyo de algunos funcionarios eléctricos.
Adocco pidió al presidente Medina que rechace la propuesta de conversión para que Cogentrix pase a generar con gas natural.
"Ahora quieren la extensión del mismo para hacer la conversión a un combustible más barato, lo que no debe permitir el jefe del Estado, por el contrario lo que debe hacer es promover la rescisión del mismo, así se tenga que indemnizar, pero siempre menos que lo que se tendrá que pagar, mientras dure el mismo", apuntó la Alianza.
Para Adocco, no es justo que el pueblo dominicano tenga que pagar casi cinco millones de dólares mensualmente hasta el año 2022, que es cuando se termina, sin recibir nada a cambio, y menos una extensión hasta el 2037 como pretenden los operadores, con el apoyo de funcionarios del sector, criticó la organización.
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