SANTO DOMINGO.- Sectores económicos conspiran para hacer desaparecer al Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), denunció este lunes Altagracia Paulino, directora de esa institución.
Reveló que, "a través de grupos pagados, esos sectores pretenden desconocer las facultades que otorga la Ley a Pro Consumidor para actuar en defensa de la población".
"Esos grupos comenzaron a pronunciarse en los medios de comunicación en contra de la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que reconoce la potestad de Pro Consumidor para sancionar a los violadores de la Ley 358-05, sobre los derechos de los consumidores", precisó.
Abundó que dichos sectores también planean elevar un recurso contra la decisión de la SCJ, por lo que pidió a los jueces del alto tribunal que “no se dejen sorprender”.
Asimismo, agradeció a los magistrados de la Suprema por haber devuelto la potestad sancionadora a Pro Consumidor.“Creo que eso fue un acto de justicia, ya que lo que hizo la SCJ fue confirmar lo que está contenido en la Ley 358-5”, afirmó en un comunicado.
Dijo que los derechos del consumidor están consagrados en la Constitución de la República y que “no hay nada de inconstitucional en la decisión de la SCJ ni en lo que establece la Ley 358-5”.
Recordó que esa legislación otorga a Pro Consumidor ocho títulos habilitantes para sancionar y poner multas. “Está clara la potestad sancionadora de Pro Consumidor para hacer valer los derechos del ciudadano, sus derechos humanos y económicos que han sido vulnerados”, insistió.
En ese sentido, dijo que “quien le ha faltado al ciudadano, sea del sector público o del privado, tiene que pagar por el daño y resarcir al afectado. Eso está claro en la Ley y en el artículo 53 de la Constitución de la República”.
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