El vocero de los senadores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dijo que junto a los miembros de la comisión que rindió el informe favorable para la preservación de Loma Miranda, se han mantenido reuniéndose y en espera de la decisión del presidente de la República.
Danilo Medina recibió la semana pasada la Ley aprobada por los diputados y senadores para declarar parque nacional a Loma Miranda, y tiene disponibles cinco días, que vencerían este martes 2 de septiembre, para que la observe o promulgue.
Las expectativas de los congresistas y diversos sectores nacionales son de que el mandatario emita el decreto de promulgación y se oponen a que el Estado indemnice a Falcondo Xstrata Nickel, porque sostienen que la minera no cuenta con permiso de explotación de las reserva de ferroníquel en la zona.
En declaraciones vía telefónica a "El Gobierno de la Tarde" de la Z101, el senador Sánchez Roa dijo confiar en el presidente Danilo Medina respecto a la promulgación de la Ley.
Argumentó que el Presidente ha dado demostración de entereza y garantía al pueblo dominicano en su accionar como jefe de Estado.
Sostuvo que a la minera canadiense no se la debe indemnizar, porque en ningún momento el Estado ha emitido ningún permiso para la explotación de los recursos mineros en Loma Miranda, sino sólo una licencia de exploración.
Recordó que el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Bautista Rojas Gómez, siempre ha sostenido que Loma Miranda no se iba a explotar, porque Falcondo no cuenta con un permiso de las autoridades para explotar el área.
No obstante, Sánchez Roa aclaró que el Gobierno sí debe llegar a un acuerdo con las familias que han vivido en Loma Miranda y la han preservado durante años.
Exhortó a que "el Gobierno haga lo tenga que hacer con esas familias, pero preservando a Loma Miranda como parque nacional".
En ese sentido refirió que la comisión que elaboró el informe sobre Loma Miranda se cuidó para esos fines, al establecer en el artículo 9 de la ley, la forma de cómo se obtendrían los recursos para proceder a las indemnizaciones, al fijar un 10% adicional sobre los pagos establecidos para la expedición de permisos para las exploraciones mineras en el territorio nacional.
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