El gobierno de Haití expresó su esperanza de que las autoridades dominicanas tomen en cuenta la reciente decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que sancionó una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la nacionalidad en República Dominicana, y que supuestamente afecta a miles de dominicanos de ascendencia haitiana.
El canciller haitiano Duly Brutus, en una rueda de prensa realizada el viernes en la oficina del primer ministro Laurent Lamothe, pidió evitar que se haga “de éste un asunto bilateral” ya que las personas afectadas por la medida “son dominicanos”.
Sin embargo, el jefe de la diplomacia haitiana dijo que, por su calidad, se trata de un asunto que “interpela a los organismos internacionales y a las organizaciones defensoras de los derechos humanos”.
El fallo del TC
El TC falló esta semana contra la permanencia de República Dominicana en la CIDH, al considerar que el instrumento de aceptación de la competencia de ese organismo suscrito en febrero de 1999 por el entonces presidente dominicano Leonel Fernández, no fue ratificado por el Congreso de la República.
El TC falló esta semana contra la permanencia de República Dominicana en la CIDH, al considerar que el instrumento de aceptación de la competencia de ese organismo suscrito en febrero de 1999 por el entonces presidente dominicano Leonel Fernández, no fue ratificado por el Congreso de la República.
La sentencia se dio a conocer días después de que la Corte exigió al Estado dominicano que acate un reciente fallo del organismo concerniente a supuestas “expulsiones sumarias” ejecutadas en el país hace quince años en perjuicio de dominicanos de ascendencia haitiana, pero el gobierno dominicano desoyó el llamado.
La CIDH reclamó además al gobierno dominicano que evite los alcances de la sentencia 168-13 del TC sobre la nacionalidad y los de la ley 169-14 que establece un régimen especial para personas nacidas en el país e inscritas de forma irregular, y de naturalización.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) también condenó esta semana la sentencia 256-14 del Tribunal Constitucional, al señalar que ésta “no encuentra sustento alguno en el derecho internacional, por lo cual no puede tener efectos” jurídicos.
Brutus participó el pasado viernes en una reunión encabezada por el presidente haitiano Michel Martelly para analizar la situación de la diáspora haitiana en varios países de la región, incluyendo en las Bahamas, cuyo gobierno aplica una nueva norma migratoria que afecta a la comunidad haitiana según organizaciones internacionales.
Haití, de hecho, convocó el viernes a su embajador en Bahamas preocupado por el trato que vienen recibiendo inmigrantes haitianos radicados en ese país.
Bahamas lanzó este mes una nueva ley de migración que establece nuevas condiciones para la permanencia de extranjeros en el país, como el hecho de que sólo los hijos de inmigrantes legalmente en ese país podrán obtener permisos de residencia, de escolaridad y de trabajo.
Además, el gobierno bahameño ya no aceptará más solicitudes de visas de trabajo cuyos solicitantes residan de manera irregular en el país, que también exige a los residentes de otros países portar en todo momento sus documentos de identidad.
“En el marco de una buena cooperación entre los dos países, las autoridades bahameñas deben dar un trato decente a los haitianos”, dijo el canciller de Haití, que el jueves se reunió en Puerto Príncipe con el embajador de Bahamas en su país para informarle la posición del gobierno haitiano respecto al tema.
Brutus, que destacó el reconocimiento de su país a la soberanía de Bahamas para aplicar sus leyes, también manifestó que las autoridades haitianas se encuentran en “plena consulta” para reflexionar sobre las estrategias que adoptarán en este caso.
Medios haitianos informaron esta semana que haitianos indocumentados, incluyendo niños, fueron detenidos en redadas y llevados a celdas para su posterior deportación, hecho que el canciller haitiano condenó.
El primer ministro haitiano Laurent Lamothe dijo el jueves que su gobierno estaba presto a garantizar los “derechos de sus compatriotas y de sus descendientes”, pero no mencionó si se refería a las nuevas políticas migratorias aplicadas por el gobierno bahameño.
“Como con toda política migratoria, nuestro gobierno está alerta y concentrada en salvaguardar el derecho de haitianos y sus descendientes”, afirmó Lamothe en su cuenta de Twitter, sin hacer otro comentario.
Bahamas, una mancomunidad compuesta por cerca de 700 islas al norte de Cuba, Haití y República Dominicana, es receptor habitual de inmigrantes indocumentados haitianos que usan su territorio para tratar de llegar a Estados Unidos.
A mediados del 2013, el presidente haitiano Michel Martelly y el primer ministro de Bahamas, Perry Christie, trataron en Nassau la situación de alrededor de 50.000 haitianos que viven en el archipiélago bahameño, la gran mayoría en condición irregular.
El Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos (RFK Center en inglés), una organización con sede en Washington (EEUU), también ha expresado su alarma por el “uso discriminatorio” de las nuevas políticas de inmigración en Bahamas, cuyas autoridades realizaron redadas masivas y detenciones en enclaves haitianos a principios de este mes.
La entidad agregó que informes recibidos desde Nassau, señalan que también fueron apostados agentes de migración en los alrededores de las escuelas públicas con una gran población de estudiantes nacidos de padres inmigrantes.
“La estadidad es un derecho humano fundamental, pero estos informes indican que el gobierno de las Bahamas lo considera como una herramienta para la discriminación”, dijo Kerry Kennedy, presidente del RFK Center.
“Estas nuevas políticas significan que miles de niños en las Bahamas ahora viven con el temor de arresto o deportación arbitraria. Las Bahamas debe cumplir inmediatamente con su obligación de proteger a los niños-sin importar su estado, y sin importar su origen étnico”, afirmó el representante.
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