“Desde una perspectiva de salud pública, podría contribuir a incrementar el aborto clandestino y la mortalidad materna, y tendría un efecto negativo sobre la salud de las mujeres afectadas”, afirmó el especialista en salud pública y epidemiología.
En ese sentido, defendió las observaciones hechas por el presidente Danilo Medina al Código Penal.
La madre tiene derecho a decidir
Castellanos se refirió a las excepciones precisadas por el Ejecutivo al observar el Código Penal en sus artículos 107, 108, 109 y 110 relativos a la penalización de la interrupción del embarazo, solo en tres circunstancias: Cuando haya evidente y comprobado riesgo de comprometer la vida y la salud física o mental de la madre; cuando el embarazo sea producto de una violación o incesto debidamente comprobados y cuando el embrión o feto tengan alteraciones genéticas incompatibles con la vida.
“Las observaciones de la Presidencia buscan que se precise mejor aquellas circunstancias en las cuales, por vía de excepción, se podría interrumpir un embarazo, de manera que esta pueda ser una decisión de la madre, sus familiares y los médicos y otros profesionales involucrados”, expresó el exfuncionario de la Organización Mundial de la Salud.
Manifestó que el objetivo es preservar el derecho de cada persona y familia, debidamente asesorada científicamente, a decidir con base a su íntima convicción y los pronósticos de potencial daño a la vida y a la salud de la mujer embarazada.
Garantizar atención sanitaria de calidad
Recordó que las hemorragias y las infecciones constituyen cusas principales de la mortalidad materna que tanto preocupa a la sociedad y que no hay evidencia que permita esperar una disminución de los procedimientos abortivos clandestinos por establecer una penalización absoluta.
“Por el contrario hay evidencia abrumadora de la disminución de las muertes maternas por hemorragias e infecciones, cuando se abre la posibilidad de atención sanitaria con calidad, en las circunstancias especificadas”, indicó.
Explicó que cuando se establecen penalidades absolutas se lanza a las mujeres que afrontan las tres difíciles circunstancias mencionadas, a buscar opciones clandestinas o semi clandestinas, las que no siempre reúnen condiciones mínimas de seguridad e higiene, para llegar posteriormente a un centro de salud con un aborto en evolución o aborto incompleto, lo que conlleva riesgos mayores para la salud de la mujer.
Congresistas tienen oportunidad
El doctor Pedro Luis Castellanos llamó a los congresistas a aprovechar la oportunidad que brindan las observaciones del presidente Danilo Medina al Código Penal para mejorar la pieza y hacerla más coherente con la Constitución vigente.
“Aprovechemos la oportunidad que ha abierto el señor Presidente para precisar mejor las circunstancias de excepción en las tres situaciones definidas y tendremos un mejor Código Penal, que dará una mayor contribución a la unidad en la diversidad y a la paz social, además de la salud de las mujeres y de sus hijos y sobre todo más vinculado al respeto a los derechos humanos”, precisó el galeno.
Es cuestión de salud y de derechos humanos
El doctor Pedro Luis Castellanos expresó su convicción de que ningún estado democrático y de derecho puede imponer convicciones religiosas por vía penal.
“Respetamos la libertad que tienen quienes consideran que debe penalizarse toda interrupción de embarazaos, aun en situaciones que comprometen la vida o la salud de la madre, basados en convicciones de carácter religioso, pero ningún estado democrático y de derechos puede imponer convicciones religiosas por vía penal”, señaló.
Indicó que esto podría ser un precedente lamentable en una sociedad plural en cuanto a prédicas y prácticas religiosas y podría abrir camino a otros intentos restrictivos de derechos por vía penal, en otros aspectos de la vida.
El también director de Programas Especiales de la Presidencia invitó a la reflexión en torno a este tema.
Rosa Rita Álvarez defiende derechos de mujeres a decidir; llama a escucharlas
La directora ejecutiva de la Fundación Banreservas, Rosa Rita Álvarez, defendió el derecho de las mujeres de decidir por su salud y sus vidas y llamó a los congresistas a escuchar lo que piensan las mujeres de sus comunidades.
Álvarez, quien por más de 20 años dirigió la ONG Mujeres en Desarrollo –MUDE-, se refirió a las observaciones hechas por el presidente Danilo Medina al Código Penal en los artículos 107, 108, 109 y 110 relativos a la penalización de la interrupción del embarazo.
Afirmó que la mayoría de la población, mujeres y hombres, está de acuerdo con las observaciones que hizo el jefe de Estado, porque reconoce, protege y apoya los derechos de las mujeres de poder decidir qué hacer en las situaciones en que la madre esté en riesgo, en que el embarazo sea producto de una violación o incesto o que el feto tenga condiciones incompatibles con la vida.
“Si una mujer, por los estudios que hay, por los avances que hay, se le detecta temprano que su hijo tiene el cerebro fuera de su cráneo, la mujer debe tener la libertad de decidir si continúa con su embarazo hasta el final o si no. De eso se trata, de que ella decida si continúa o no”, enfatizó.
Las mujeres tienen derecho a decidir
Explicó que de lo que se trata es del derecho de la mujer a decidir sobre la interrupción de su embarazo por una condición que le afecta y precisó que con esas observaciones no se está obligando a ninguna mujer a que adopte un comportamiento determinado.
“Es decidir qué hacer con su vida ante situaciones dolorosas, ante situaciones traumáticas. Entonces, señores legisladores, quisiéramos hacerles un llamado: vayan a sus comunidades, consulten con la población. Yo particularmente lo he hecho y he encontrado que un 75 u 80% de la población está de acuerdo con estas observaciones”, exhortó la directora de la Fundación Banreservas.
Manifestó que las mujeres cuentan con los congresistas para que sea posible que se ejerza “nuestra democracia en el sentido más amplio de la palabra. Es necesario que se respeten nuestros derechos, es necesario que se cuente con que nuestra salud vale mucho y debe ser respetada”.
“Para un estado democrático y de derechos no es un asunto religioso sino de derechos humanos. Cada persona, familia o comunidad tiene derecho a practicar sus creencias y convicciones con honestidad y coherencia. Pero se trata de un asunto de salud y de derecho. Un estado no puede imponer a sus ciudadanos por la vía penal, asumir riesgos de muerte o de serios trastornos de salud, por razones exclusivamente ideológicas o religiosas”, aseveró.
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