Buenos Aires, 5 abr (EFE).- El Gobierno argentino dijo hoy que, desde la llegada al poder de Mauricio Macri, la Justicia tiene las “manos libres” para actuar y que, por tanto, el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) por presunta asociación ilícita es una “decisión autónoma” tomada por el Poder Judicial.
“Hoy la Justicia actúa de manera independiente y cuando procesa a alguien es una decisión autónoma del poder judicial. Los funcionarios del Ejecutivo no tenemos que tener una opinión oficial”, afirmó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en declaraciones a radio La Red.
Este martes, el juez federal Claudio Bonadio procesó a la exmandataria y a sus hijos tras dictar como presuntos líderes de una asociación ilícita destinada a cometer delitos de lavado de dinero junto a empresarios de la obra pública.Además, prohibió salir del país a Fernández y dictó un embargo por 130 millones de pesos (8,44 millones de dólares).
Tras conocerse la decisión, Fernández se mostró muy crítica a través de las redes sociales y cargó contra el magistrado y el Gobierno de Macri, a quienes acusó de poner en marcha “montajes mediático-judiciales” en su contra.
En respuesta, Frigerio consideró hoy que es “lógico” que la exjefa de Estado reaccione así porque durante 12 años de kirchnerismo, le daban “órdenes” a la Justicia, y muchas veces, esta las “acataba”.
“Nosotros estamos construyendo una República, y la República se basa en la división de poderes. Es lógico que la persona que no ha entendido esto en 150 meses de Gobierno, en 15 meses de algo distinto, de un cambio, no lo va a entender”, agregó.
En ese sentido, hizo hincapié en que desde que Macri asumió la Presidencia, los funcionarios del gobierno han sido “muy claros” respecto a dejar “manos libres” a los jueces para actuar, “investigar los hechos del pasado” y controlar al resto de los poderes.
Asimismo, consideró que a veces la Justicia “tarda un poco demasiado” en avanzar en las investigaciones pero destacó que esto refleja que necesita más inversión para renovarse y actualizarse, después de “décadas de hacer las cosas mal”.
La causa del procesamiento apunta a la sociedad “Los Sauces”, creada en 2006 por Fernández; su marido, el fallecido expresidente Néstor Kirchner; y el hijo de ambos, Máximo.
La acusación señala que dicha empresa, dedicada al alquiler de inmuebles, se utilizó para recibir transferencias millonarias de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López (afines a Kirchner), que previamente habrían recibido adjudicaciones de obras con sobreprecios.
En una larga resolución, Bonadio consideró a la expresidenta “penalmente responsable de los delitos de tomar parte en una asociación ilícita en calidad de jefe”, el cual concurre “en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito”, agravado por ser funcionario público y por “negociaciones incompatibles”.
La exmandataria está imputada por la Fiscalía en varias causas y procesada judicialmente en otras dos: una que investiga operaciones del Banco Central realizadas bajo su gestión -también dirigida por Bonadio- y otra por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en la concesión de obra pública. EFE
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