SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El procurador general de la República, Jean Rodríguez, calificó este miércoles como trascendental para la lucha contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, la sentencia emitida por el juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega, que declara complejo el caso y que dispone la imposición de medidas de coerción contra los 14 imputados que hasta el momento han sido identificados por participar en forma particular en los sobornos que la multinacional Odebrecht admitió que pagó en el país para obtener contratos de obras de infraestructura pública.
Dijo además que esta sentencia marca el inicio del recorrido hacia lograr el fin de la impunidad en el país, destacando que fue emitida luego que el Ministerio Público demostrara los vínculos de los imputados con los delitos de soborno, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Contra el imputado Ángel Rondón Rijo fue impuesto un año de prisión preventiva, en la Penitenciaría Nacional de La Victoria; contra Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga, fueron impuestos nueve meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo; Juan Temistoclés Montás, Porfirio Andrés Bautista y Ruddy González seis meses de prisión, igualmente en el Centro de Corrección de Najayo, mientras que contra César Domingo Sánchez y Máximo De Oleo fueron dictados tres meses de prisión en Najayo.
Igualmente, fue impuesta la medida de coerción de arresto domiciliario en contra Radhamés Segura, Roberto Rodríguez Hernández por espacio de nueve meses.
En tanto que una fianza RD$5 millones como garantía económica e impedimento de salida del país les fueron impuesto al senador de San Cristóbal, Tommy Galán, el senador por Santiago Julio César Valentín, y al diputado por el Distrito Nacional Alfredo Pacheo Osoria.
El procurador Rodríguez reiteró, tal y como lo anunció el día en que fueron arrestados los implicados preliminares en este condenable hecho, que en el expediente están todos los que fueron señalados por la empresa Odebrecht como las personas a las que sobornó con el fin de obtener contratos de obras del Estado.
Al mismo tiempo, agregó “esta es solo la primera fase de este proceso. El Ministerio Público seguirá cumpliendo con su rol y mandato constitucional de procurar justicia y que haya consecuencias ante la violación a las leyes”.
Al referirse a los abogados de la defensa, el procurador general dijo que “aunque en más de 10 ocasiones trataron de entorpecer la audiencia de medidas de coerción, tratando incluso de que el proceso fuera anulado o declarado inadmisible, el magistrado juez, les rechazó todos y cada uno de los incidentes que presentaron, encontrando que la actuación del Ministerio Público y la instrumentación del expediente han sido correctos”.
Rodríguez destacó que por eso en su alocución del pasado lunes, 29 de mayo, le pidió al país que no se dejara confundir, porque muchos iban a tratar de generar dudas y de querer restar credibilidad a las actuaciones del Ministerio Público.
Con respecto a los imputados, dijo que aunque estos rechacen las imputaciones y apelen las decisiones judiciales que se emitan en su contra, esta es una acusación bien preparada, que permitirá posteriormente en un juicio de fondo establecer una nueva era en la lucha contra la corrupción en el país.
Dijo que la decisión de imponer medidas de coerción contra los implicados en este caso, evidencia que existen suficientes elementos preliminares que comprometen la responsabilidad de cada uno de ellos.
El Ministerio Público le atribuye a los imputados haber violado los artículos 123, 124, 166, 167, 169, 171, 172, 175, 176, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, los artículos 2 y 7 de la Ley 82-79 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, que era la norma vigente a la fecha de la ocurrencia de los hechos, y los artículos 3, 7 y 18 de la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.
El Ministerio Público estuvo representado durante la audiencia, bajo la coordinación del procurador general de la República, Jean Rodriguez, por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier; la procuradora adjunta Carmen Díaz Amézquita, los procuradores de Cortes de Apelación, Narciso Escaño Martínez, Francisco José Polanco Ureña, y Wilson Manuel Camacho Peralta, y los fiscales Milciades Guzmán Leonardo, Joel Antonio López Gómez, Luis Alberto González Reyes, y Wagner Cubilete García.
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