Los residentes de Los Guandules, a diferencia de los de La Ciénaga, están dispuestos a recibir dinero por parte del Gobierno, al ser desalojados para la ejecución del proyecto Nuevo Domingo Savio.
Aseguran que si los recursos serán suficientes para poder adquirir otra vivienda, no tienen problemas en salir de la zona que ha sido su hogar por más de 30 años.
La Unidad para la Readecuación de la Barquita y Entorno (URBE) ha anunciado que las 1,400 familias que viven a orillas del río Ozama, en Los Guandules y en La Ciénaga, serán resarcidas al momento del desalojo con dinero para que puedan adquirir una vivienda en las proximidades del sector.
Aunque no tienen mucha información sobre el proyecto, que costará más de 2,000 millones de pesos en su primera etapa, la mayoría de los residentes quieren dejar atrás la vulnerabilidad con que han vivido durante años.
“Aquí ya no se puede vivir, y si el proyecto es bueno para la comunidad creo que no podemos oponernos”, dijo Ana Zeneida.
Al igual que Zeneida, María del Orbe, con más de 30 años en el sector, afirma que está dispuesta a dejar el lugar, que además de la vulnerabilidad a inundaciones, no es seguro.
“Si nos van a dar para comprar una vivienda, estoy de acuerdo porque oro a Dios para salir de aquí y criar a mis nietos”, expresó.
Dijo que en el barrio hay que vivir encerrados porque hay mucha delincuencia, además de los problemas de contaminación y hacinamiento.
Contó que su petición de cada día a Dios es poder irse de Los Guandules, y por eso espera que Domingo Savio sea un hecho.
Los inquilinos
Los que viven arrendados en Los Guandules se preguntan si tendrán los mismos derechos que los propietarios cuando comience el desalojo.
Los que viven arrendados en Los Guandules se preguntan si tendrán los mismos derechos que los propietarios cuando comience el desalojo.
Lisette de los Santos, quien creció en el sector, dijo que vive con su esposo y seis hijos en una vivienda alquilada, y que espera ser beneficiada con el proyecto y no quedar “rondando” y sin techo.
“Que le den el dinero a uno, o reubicarnos, para no estar rodando”, dijo.
Miguelín García también vive en una casa alquilada, y afirma que aunque acepta el dinero que pueda darle URBE, entiende que lo mejor para ellos es una vivienda.
“Es mejor casa que dinero, porque si nos sacan y no sabemos ni a donde ir”, dijo.
Recientemente la coordinadora de URBE, Patricia Cuevas, explicó que se realizaron varios estudios de suelo, hidrológicos y censos que obligaron a declarar no urbanizable 270,000 metros cuadrados cercanos a la orilla del Ozama.
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