Luego de realizar 33 audiencias en el juicio de fondo seguido a los implicados de formar una red de sicariato que dio muerte a tres choferes de Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano), los jueces del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitirán hoy su decisión el fallo.
El tribunal, presidido por la magistrada Yissel Soto, en la audiencia del día de hoy solo escuchará las conclusiones de tres de los imputados, incluyendo al exregidor del municipio de Pedro Brand, Ericson de los Santos Solis, quien es representado por el abogado Plutarco Jaquez.
Luego, el tribunal se retirará a deliberar para emitir el fallo de la sentencia mediante dispositivo, disponiendo la lectura integra de decisión para otra fecha.En el transcurso de la audiencia, el Ministerio Público pidió al tribunal condenar a Arsenio Quevedo y Danilo Reynoso, a 20 años de prisión, mientras que spolicitó una pena de 30 años para el exregidor de Pedro Brand, Ericson de los Santos Solis, Amauris Cabrera, Danilo Octavio Díaz y Cristino Batista.
Mientras que los abogados de los familiares de los choferes que resultaron muertos y heridos pidieron al tribunal condenar a los imputados al pago de una indemnización de 800 millones de pesos en el aspecto civil, mientras que en lo penal a 20 y 30 años de prisión.
Empero, la defensa de Arsenio Quevedo, solicitó al tribunal descargar a su cliente de toda responsabilidad penal, al considerar que la parte acusadora no ha presentado las pruebas suficientes para demostrar su participación en las acciones criminales de la red de sicarios.
En la audiencia el imputado, Amauris Cabrera admitió su participación en la muerte de dos chóferes de Fenatrano, señalando que de las siete balas, que tenía su arma de reglamento, solo utilizó dos, durante el alegado “confuso incidente”, en el que resultaron muertos Ángel Javier y Overnys Guerrero.
En el transcurso del proceso, el Ministerio Público presentó a los jueces un total de 165 pruebas documentales y testimoniales, de las cuales el tribunal le rechazó 74, entre ella una orden de allanamiento realizado en la residencia del empresario del transporte Arsenio Quevedo.
Igualmente, el tribunal también anuló uno de los allanamientos realizados en la oficina principal de la Unión Nacional de Transportistas y Afines (UNATRAFIN), así como el testimonio del fiscal adjunto Waner Robles.
Al grupo se le acusa de la muerte de los choferes Overnys Guerrero, Ángel Javier y Mateo Nieves de Jesús, los dos primeros pertenecían a la ruta de transporte público El Toro, cuya parada está en la calle Ana Valverde, esquina Juana Saltitopa.
El grupo está acusados de asesinato, asociación de malhechores y porte ilegal de armas de fuego, y de integrar una banda de sicarios para ejecutar transportistas y controlar las rutas de transporte público, según la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Nacional.
El Ministerio Público explica en la acusación que los directivos de la Unión Nacional de Transportistas y Afines (Unatrafin), encabezados por Quevedo, hicieron uso de una práctica criminal, que se ha materializado en todo el territorio nacional desde finales del año 2008, que consiste en ejecutar a transportistas por diferencias o conflictos en las distintas rutas del transporte público.
Las ejecuciones se materializaban a través del acusado Erickson de los Santos Solis (a) Ney, quien es el vicepresidente de Unatrafin, y los supuestos sicarios asalariados Amaury Cabrera Martínez, Danilo Octavio Reynoso Recio, Félix Lora de Jesús (prófugo) y Cristino Batista Roa.
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