Las investigaciones en torno a las supuestas sobrevaluaciones en las obras estatales de infraestructura que la constructora Norberto Odebrecht construyó en el país, se completarán después de que la Cámara de Cuentas entregue al Ministerio Público el informe definitivo de la auditoría forense, que en abril de 2017 solicitó el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.
La Procuraduría General de la República(PGR) expresó que la ausencia de esa auditoría forense no debilita la acusación que el Ministerio Público presentará contra las personas imputables por los sobornos que la constructora Odebrecht admitió que pagó en el país, la que reiteró será presentada dentro del plazo establecido por el juez de la instrucción especial designado por la Suprema Corte de Justicia, magistrado Francisco Ortega.Resaltó que la acusación por sobornos es diferente al aspecto de las supuestas sobrevaluaciones, al tiempo de recordar que esa auditoría forense es indispensable para investigar la presunta existencia de anomalías en los valores de las obras construidas en el país por Odebrecht mediante consorcios de ingeniería que lideró, además de esclarecer todo accionar local de esa empresa dentro de las facultades del sistema de justicia penal.
Agregó que para llegar a toda la verdad en torno al proceder de esta constructora brasileña en el país, el titular del Ministerio Público solicitó esa auditoría forense a la Cámara de Cuentas, debido a que la Constitución de la República, en su artículo 248, así como también la Ley No. 10-04 en su artículo 10, establecen que esa institución es la facultada para realizar estudios e investigaciones especiales de esta índole, en su calidad de responsable del control y fiscalización del patrimonio estatal.
Mediante la declaración, el organismo recalcó que el 23 de abril del 2017 informó oficialmente que había solicitado realizar esta auditoria forense a todas las obras de infraestructura construidas en el país por la empresa Odebrecht, estableció que las investigaciones en torno a las supuestas sobrevaluaciones, serían manejadas como un capítulo distinto a las pesquisas por soborno.
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