No ha sido una ni dos las veces que se han levantado voces alertando sobre el desfase del Reglamento 824, que 47 años después de ser aprobado mantiene en vigencia a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR).
En 2003, siendo Andrés L. Mateo el presidente interino de la CNEPR se pronunció en ese sentido, reconociendo que el Reglamento 824 que enmarca el funcionamiento de la entidad que representaba en ese momento “es un documento extraordinariamente desfasado, que no se corresponde con los avances y el modernismo de los medios de comunicación de hoy en día”.
En ese mismo sentido, y cuatro años más tarde, en 2007 el entonces presidente de la República, Leonel Fernández, anunció que el Gobierno se proponía a eliminar la Comisión de Espectáculos Públicos, que regula (entendía él) a través de una obsoleta ley el uso de la radio y la televisión del país. En ese momento Fernández designó comisiones para trabajar en la revisión y reforma de la ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento y en la erradicación del Reglamento 824, para proceder de inmediato a la creación de sendos códigos que compilarán todas las leyes que reglamentan la comunicación y la cultura dominicana.Después de eso el tema volvió al olvido.
Hoy, cuando la Comisión de Espectáculos Públicos saca la cabeza con censuras de temas que ya han sido promovidos en las estaciones de radio y en el internet, muchos vuelven a traer al debate la necesidad que hay de adecuar el reglamento que data de marzo de 1971 y de reorganizar las funciones de esta institución.
Hay que recordar que fue a través del decreto No. 301-05 que fue creada la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, como un interés del Estado dominicano de “modernizar y eficientizar sus instituciones, por lo que se hace necesario la actualización y adecuación del Reglamento No.
824, de fecha 25 de marzo del 1971, de la Ley No. 1951, de fecha 7 de marzo del 1949, y sus modificaciones, para la regulación de los espectáculos públicos y las emisiones audiovisuales en la República Dominicana”, según cita el propio reglamento.
Sin duda alguna que en el país necesitamos contar con un ordenamiento jurídico y administrativo, en materia de espectáculos públicos y materiales audiovisuales, pero que dicho reglamento sea moderno, eficiente y coherente, además de estar en armonía con nuestra propia realidad, de manera que esto se traduzca en la protección de los valores morales y las buenas costumbres del pueblo dominicano.
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