La detención de casi 1,400 personas en Francia -de ellas más de 900 en París, en muchos casos con carácter preventivo para evitar mayores problemas- y la estrategia de un dispositivo policial de excepción permitieron hoy limitar la dimensión de los disturbios, en el cuarto sábado consecutivo de protestas del movimiento de los "chalecos amarillos".
El ministro de Interior, Christophe Castaner, explicó que hasta las 17.00 GMT fueron detenidas 1.385 personas en toda Francia (920 en París) y de ellas, 974 con carácter preventivo, en relación con las convocatorias, que reunieron a 125.000 personas en todo el país y 10.000 en la capital.
Castaner, que advirtió de que las detenciones aumentarían puesto que al caer la noche continuaban los incidentes en París y algunas otras ciudades, dijo que se habían contabilizado 118 manifestantes heridos y 17 entre las fuerzas del orden.
Los comparó con las 201 personas que habían resultado heridas entre los manifestantes el sábado de la semana pasada y con los 284 agentes igualmente heridos entonces, cuando se vivieron -especialmente en París- escenas de guerrilla urbana que han traumatizado al país y han afectado a su imagen exterior.
Las autoridades francesas desplegaron 89.000 policías y gendarmes (65.000 una semana antes), de ellos 8.000 en la capital, y que esta vez tenían la consigna de intervenir rápidamente contra los autores de altercados para impedir destrozos y que se levantaran barricadas.
Para eso, utilizaron cañones de agua a presión, gases lacrimógenos e incluso, por primera vez en más de cuarenta años en la ciudad, una docena de vehículos blindados de la Gendarmería.
Los primeros choques entre fuerzas del orden y manifestantes, con cargas y lanzamientos de gases lacrimógenos, se produjeron ya a primera hora de la mañana en la avenida de los Campos Elíseos, que era el principal punto de concentración de los "chalecos amarillos".
Pero los enfrentamientos más graves -con quema de coches o destrucción de mobiliario urbano para levantar barricadas- tuvieron lugar al ser dispersados algunos radicales en las zonas adyacentes, como la avenida Marceau o en torno al parque Monceau, así como en los Grandes Bulevares y cerca de la estación de Saint Lazare.
Con carácter preventivo, y tras la experiencia del vandalismo del pasado sábado, permanecía cerrada en esas zonas la mayor parte de los comercios, empezando por los grandes almacenes. También cerraron monumentos y museos de París, como la torre Eiffel o el Louvre.
Además, desde primera hora de la mañana, 36 estaciones del metro y del tren de cercanía permanecieron clausuradas.
Fuera de la capital, también hubo altercados en otros puntos a lo largo y ancho del país, como en Burdeos, Toulouse, Marsella, Lyon o Nantes, donde alrededor de 2.000 personas marcharon hasta la Prefectura (delegación del Gobierno) antes de que la situación degenerara en enfrentamientos con las fuerzas del orden, que utilizaron gases lacrimógenos.
Al margen de las acciones violentas, los "chalecos amarillos" organizaron bloqueos o filtraron el paso de vehículos en decenas de lugares por todo el territorio francés, en particular en algunos puntos estratégicos de la red de autopistas, como en las dos principales entradas desde España.
La acciones organizadas en el peaje de Biriatou en el País Vasco en la A63 y en Le Boulou en la A9, junto al paso fronterizo por la región española de Cataluña, provocaron filas kilométricas.
El primer ministro, Édouard Philippe, estimó que el dispositivo de seguridad esta vez ha permitido que se respete la ley e insistió en que ahora es hora del diálogo que su Gobierno ha empezado, y que él puso en práctica el viernes al recibir a una delegación de "chalecos amarillos".
Ahora, se espera la reacción del presidente de Francia, Emmanuel Macron, después del silencio que ha mantenido toda esta semana y que aporte elementos para ese diálogo.
Las protestas del movimiento de los "chalecos amarillos", llamados así por la prenda reflectante que es obligatorio llevar en el coche, comenzaron para protestar contra de la subida de los impuestos al carburante programada para 2019, que ha sido anulada esta semana por el Ejecutivo.
Pero sus reivindicaciones se han ampliado a cuestiones de poder adquisitivo e incluso muchos reclaman la dimisión de Macron.DE EFE
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