Desde que la Suprema Corte de Justicia abra hoy la audiencia para conocer del reclamo de extradición formulado por la justicia de Estados Unidos contra cuatro dominicanos endeudados, y sin prórrogas para el pago a esa nación, por el crimen de tráfico e introducción de droga a su territorio, poca esperanza les aguarda de evitar su camino a prisión, donde las condenas por cargos de esa naturaleza son inalterables.
Seguro no habrá prolongación del tiempo que habrá de durar el proceso en esa corte, ni incidentes de los medios de defensa capaz de obstruirlo todo, porque se trata de un poder que se impone con sus leyes, su fuerza y su poder.
Así, la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia conocerá hoy, viernes, a las 10 de la mañana, la solicitud de extradición hecha por los Estados Unidos contra cuatro del grupo implicado en la red de narcotráfico de César Peralta “el Abusador”.
Sobre estos pesan cargos en la nacion estadounidense por tráfico e ingreso de estupefacientes.
La Suprema Corte iniciará, en su efecto, el proceso de extradición con la audiencia de solicitud de medida de coerción en contra de Baltazar Mena, José Jesús Tapia Pérez, Sergio Gómez Díaz y Jeifry del Rosario Gautier, este último ahora bajo encierro por otros cargos.
El grupo, señalado como integrantes de una estructura criminal que utilizaba a la República Dominicana como puente para el tránsito e ingreso ilícito de drogas a los Estados Unidos, provenientes de América del Sur, se encuentra detenido en la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), por asuntos de seguridad.
Habrá audiencia el lunes para otros 4 imputados
Mientras tanto, el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, aplazó para el próximo lunes el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra cuatro imputados del caso recluidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Por el momento figuran como detenidos, por sus presuntos vínculos con la red criminal, el expelotero Octavio Dotel Díaz, José Bernabé Quiterio, Obispo Manuel Feliz, Roberto José Cáceres (Mameluco) y Pedro Luis Cordero.
Estos imputados están acusados de asociación ilícita para cometer tráfico de heroína y supuestamente haber utilizado bienes, a pesar de saber que eran producto de un delito de tráfico de drogas; porte y tenencia de arma ilegal, y porte de armas ilegal de las Fuerzas Armadas, y la Policía Nacional y de pertenecer a una organización criminal que se dedicaba al tráfico de drogas desde Sudamérica, utilizando a República Dominicana como punto de distribución, Estrados Unidos, Puerto Rico y Europa.
El ministerio público está solicitando, como medida de coerción, 18 meses de prisión y 20 años de cárcel, ya que los “hechos por los cuales se les imputa están revestidos de una gravedad indudable”.
Los prófugos
Están prófugos César Emilio Peralta; Yeimi Verónica Núñez Rodríguez, Nathanael Castro Cordero, Edward Patricio Montero Cabral, Rodolfo Cedeño Ureña, Alan Gilberto Bueno Alcequiez, Rafael Reyes, Pablo Antonio Polanco Mateo, Yadhel Rafael Jáquez Araujo, Heriberto de la Cruz Pérez, Lidio Peña Mota, Ana Gregoria Pérez Then y Manuel Sánchez Pérez.
Están prófugos César Emilio Peralta; Yeimi Verónica Núñez Rodríguez, Nathanael Castro Cordero, Edward Patricio Montero Cabral, Rodolfo Cedeño Ureña, Alan Gilberto Bueno Alcequiez, Rafael Reyes, Pablo Antonio Polanco Mateo, Yadhel Rafael Jáquez Araujo, Heriberto de la Cruz Pérez, Lidio Peña Mota, Ana Gregoria Pérez Then y Manuel Sánchez Pérez.
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El manejo del lavado
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El cebrero. El Ministerio Público asegura, en el grueso de un expediente acusatorio, haber identificado a Obispo Feliz Lorenzo (Manuel) como el encargado de dirigir y administrar la parte financiera de los miembros de la red de narcotráfico que presuntamente encabeza César Peralta (César el Abusador).
Registros contables En la solicitud de medida de coerción depositada contra Feliz, el Ministerio Público manifiesta que este hombre, empleando sus conocimientos en contabilidad, contribuyó en el mantenimiento de los registros contables, al tiempo que, según las autoridades, maquilló los estados financieron de las empresas, a fin de impedir que se descubriera el esquema de lavado de activos.
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