La sentencia de este caso, que conmocionó el año pasado a la sociedad española, fue dictada por un tribunal de Almería (sureste) después de que un jurado popular la declarara culpable el pasado día 19 y los magistrados, además, añaden que cometió el delito con alevosía y la agravante de parentesco.
Asimismo, imponen a la condenada el pago de indemnizaciones por daños morales a los padres del menor en la cantidad de 250.000 euros (245.000 dólares) a cada uno de ellos.Tampoco podrá acercarse a ellos a menos de 500 metros por un periodo de 30 años.
Junto a ello, tendrá que abonar los gastos ocasionados al Estado en las labores de búsqueda del menor, que ascienden a la suma de 200.203 euros (218.700 dólares).
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La sentencia recoge el veredicto de jurado popular, que había declaró probado que la mujer mató de manera “intencionada y súbita” al niño en una finca de campo de la provincia de Almería (sureste español).
En su resolución, consideraron probado que, de forma intencionada, súbita y repentina, la mujer golpeó al niño y después, “procedió la acusada, con sus propias manos a taparle la boca y la nariz con fuerza, hasta vencer su resistencia y provocar su fallecimiento” por asfixia.
Tras conocer la condena, el abogado de Quezada, Esteban Hernández Thiel, anunció que la recurrirá, por considerar que la pena es “controvertida”, ya que hay “jurisprudencia discrepante del Tribunal Supremo sobre la pena de prisión permanente revisable”, declaró a Efe el letrado.
El menor murió el 27 de febrero de 2018, el mismo día de su desaparición, pero su cadáver fue encontrado en el maletero de un coche que conducía Quezada el 11 de marzo.
Quezada, de 45 años, siempre defendió que mató al niño de forma involuntaria, ya que según su versión le tapó la boca para intentar callarle mientras le gritaba insultos denigrantes y no se dio cuenta de que lo estaba asfixiando.
Tras matarlo, lo enterró de forma provisional y al cabo de unos días lo desenterró para llevarlo a otra zona, ya que tenía miedo de que el punto de la primera inhumación fuera registrado.
Sin embargo, los agentes de la Guardia Civil, que ya sospechaban de ella, la siguieron y la detuvieron cuando transportaba el cuerpo en su automóvil. Hasta entonces, la condenada había mantenido silencio y participado en la búsqueda del menor que las autoridades emprendieron y que se prolongó durante doce días de angustia para su familia.
Por ello, también fue hoy condenada por dos delitos de lesiones psíquicas cometidos en las personas de los padres del menor, a tres años de prisión en la persona del padre, por la concurrencia de la agravante de parentesco, y a dos años y nueve meses de prisión en la persona de la madre.
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Quezada es la primera mujer condenada en España a prisión permanente revisable, desde que se estableció esa figura jurídica en 2015, fruto de una reforma del Código Penal, ya que los otros diez condenados hasta ahora han sido hombres.
Esto condena supone el cumplimiento íntegro de entre 25 y 35 años de prisión, dependiendo del tipo del delito y de si la pena es por uno o varios hechos, tras lo cual se revisará. Si no se cumplen determinados requisitos para la libertad, el preso seguirá en la cárcel.
La condenada llegó a España en 1995 y se instaló en Burgos (norte) junto a una hija. Con posterioridad se casó y tuvo otra niña. La mayor de ellas falleció en 1996 al caer desde una ventana de una vivienda de Burgos, a un patio interior, un caso que se cerró como una muerte accidental. Años más tarde se mudó al sur donde conoció al padre de Gabriel.DE EFE
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