Aunque el Gobierno no ha manifestado abiertamente que el proyecto de presupuesto se trate de una reforma fiscal, los nuevos impuestos que la administración Abinader pretende recaudar dan muestra de una reforma tributaria para aumentar los ingresos del fisco nacional.
La ruta ya se le va haciendo conocida a los dominicanos, que se han visto en el mismo camino en los años 2004, 2012 y ahora 2020, periodos en los que siempre asumió un nuevo gobernante.
Esa ha sido la historia política y económica contemporánea de los dominicanos.
La de Leonel Fernández fue promulgada el 29 de septiembre de 2004 y contenía gravar a 200 productos de la canasta básica como jabones, café, azúcar, queso, mantequilla y vinagre.
Por igual incluía un impuesto de un 25% al precio de venta de los refrescos y gaseosas que utilizaran edulcurantes. También tocó los precios del tabaco, los cigarrillos y el alcohol. La medida, como era de esperarse, generó descontento en la vida pública.
Esta reforma fue una heredada del gobierno anterior, ya que Hipólito Mejía la tenía programada para depositarla en el Congreso entre los meses de junio y julio, pero ante su derrota electoral anunció que lo dejaría en manos de las autoridades electas, una vez asumieran el poder.
Esa reforma fiscal, planteada en la Ley 288-04, dispuso el aumento del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) de 12% a 16%. El ITBIS a la publicidad a un 10%.
También involucró al selectivo a bebidas alcohólicas y tabaco, que durante el primer año, para el litro de alcohol para cervezas, fue llevado de RD$217 a RD$326 y en el caso del ron, desde RD$92 a RD$136.50.
Se estableció en esa reforma que para el año 2008 todos pagarían RD$233.87 por litro de alcohol, que significaba un aumento de RD$156.
“Por cada cajetilla de 20 cigarrillos el consumidor tributará RD$13.44 y las de 10 cigarrillos pagarán RD$6.72”, establecía la nueva legislación.
Pero por igual se tocó la exención del pago del Impuesto Sobre la Renta, que desde entonces comenzó a aplicarse a las personas que ganaban hasta RD$240,000 al año.
Los que devengan entre esa cantidad y RD$320,000, pasaron a tributar el 15%; desde esa cantidad hasta RD$420,000, el 20% y de ahí en adelante un 25%.
Para ese momento el llamado “Paquetazo” del exmandatario pretendía recaudar más de 20 mil millones de pesos. Esta reforma fue rechazada por empresarios, grupos sociales y políticos, que entendía que se podía obtener recursos por otras vías.
El hoyo de Danilo
Danilo Medina asumió el poder en agosto de 2012. Una de sus primeras declaraciones públicas fue que había recibido un maletín “lleno de facturas”, en referencia a la situación económica del país.
“El proyecto consolidado y sostenibilidad fiscal”, mejor conocido por la sociedad como “Paquetazo fiscal”, fue introducido en octubre de 2012 y buscaba recaudar 53 mil millones de pesos en los siguientes tres años, aumentando de 16 a 18% el Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados de Bienes y Servicios (ITBIS) a los productos, desmontable en dos años.
La reforma fiscal proponía aumentar de 3% a 5% la retención a suplidores del Estado; el gravamen a las bebidas alcohólicas se incrementaría de un 7% a un 15%; se cobraría el 1% al valor del vehículo en la renovación de placa, y también aplicar un adicional 10% de impuesto a los servicios de telecomunicaciones por cable, un impuesto similar a los dividendos del sector de zonas francas y elimina las exenciones a las ONGs.
Un muerto y varios heridos fue el saldo de una serie de protestas que generó la aprobación del proyecto de ley 253-12. Esta reforma movilizó a miles de personas frente al Parque Independencia quienes portaban pancartas que decían: “Dime quiénes están presos y luego háblame de impuestos”, “Si los de abajo se mueven, los de arriba se caen”, entre otras invitaciones al Estado a aplicar la justicia sobre los que habían provocado el déficit fiscal.
¿Una reforma disfrazada?
En este nuevo periodo, con el Partido Revolucionario Moderno y Luis Abinader, dirigiendo los destinos del país, la situación se ha mostrado muy parecida a años anteriores con el rechazo de la población y diversos sectores políticos y empresariales a que el Gobierno introduzca nuevos impuestos a la población.
Mediante el uso de las redes sociales los dominicanos han indicado que no están de acuerdo con los nuevos gravámenes y le han dado a entender a Luis Abinader que “Se van”, el eslogan de guerra política más usado en la campaña contra el Partido de la Liberación Dominicana.
Este proyecto pretende aplicar impuestos a los servicios digitales utilizados o contratados en la República Dominicana, “independientemente del lugar en que se encuentre el servidor o la plataforma tecnológica que los soporten”.
Establecer es el cobro del impuesto sobre la renta al salario de navidad, o sueldo 13, lo que implica una modificación al Código de Trabajo del país.
Además el impuestos del 3% por utilizar las tarjetas de crédito y débito, así como cualquier otro medio de pago o consumo en monedas extranjeras, dentro y fuera del país.
Por igual se plantea un impuesto temporal a las empresas e instituciones, sujetas al Impuesto Sobre la Renta (ISR), que obtuvieron “ganancias extraordinarias” durante el período de la pandemia producto del Covid-19. Este establece que la tasa de la contribución será de un ocho por ciento aplicable sobre el monto de las "ganancias extraordinarias" obtenidas durante el año 2020.
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