El procurador adjunto Wilson Camacho dijo que la gravedad de los hechos del caso Coral, con el supuesto daño causado al país, “debe ser resarcido con la cantidad de dinero enorme que se sustrajo, depredando el erario”.
Camacho se pronunció así a la salida de la audiencia donde se les dio una prórroga de dos meses para investigar el caso y presentar la acusación formal contra el grupo, encabezado por el mayor general Adán Cáceres, pasado jefe de escolta del expresidente Danilo Medina.
El magistrado, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, dijo que depositaron todos los elementos necesarios para el otorgamiento de la prorroga y para que se mantuvieran en prisión los implicados en el caso.
“Quienes no depositaron elementos para variar eso fue la defensa. El tribunal ha entendido que necesitamos el plazo razonable para investigar los hechos y su complejidad”, dijo Camacho al salir de la audiencia.
“La calidad necesita tiempo”, insistió el procurador adjunto.
Wilson Camacho prometió que presentarán un acto conclusivo con la profundidad necesaria y sobre todos los involucrados en este proceso.
El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, otorgó dos meses de prórroga, de los cuatro que solicitó el Ministerio Público, para presentar la acusación contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre y los demás imputados involucrados en el caso Coral.
Se recuerda que la Pepca, hizo la petición de prórroga a través de una instancia fechada el día 4 de este mes de enero, dirigida al juez Raymundo Mejía, quien deberá decidir si acoge o no el pedimento del Ministerio Público.
En su petición el Ministerio Público dice que mantiene una investigación diligente y activa contra la red de corrupción de la que, figuran además como imputados la pastora Rossy Guzmán Sánchez, su hijo el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza, el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
El 10 de mayo del 2021, la jueza del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, mediante resolución impuso medida de coerción de prisión preventiva de 18 meses en contra de los encartados, luego de haber declarado el caso complejo. Ordenó además arresto domiciliario con vigilancia en contra del mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, testigo clave de la acusación.
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