Ven coerción a Jochi es por hechos graves

 

Hugo Beras cuando era llevado ayer a la audiencia de conocimiento de medida coerción. José de León

Como el triunfo de la verdad sobre la mentira, calificó el director de la Procuraduría Especializada de Persecución la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, la medida de coerción de 18 meses de prisión dictada contra Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán (Jochi) y Pedro Vinicio Padovani Báez, imputados en el caso Camaleón.

Camacho aseguró que la decisión tomada por la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, responde a la gravedad de los hechos y el daño causado al Estado.

Además, mencionó que se encontraron evidencias de que los imputados estaban vigilando a miembros del sistema de justicia, lo que a su entender impulsó la decisión judicial, contrario a los alegatos de la defensa.

Hugo Beras, Jochi Gómez y demás imputados en el caso Camaleón cuando llegaban ayer al tribunal donde se le conoció la medida de coerción./Foto José Francisco

Camacho también advirtió sobre nuevas líneas de investigación que podrían resultar en la imputación de más personas. “Ahora nos enfocaremos en seguir recabando evidencias y explorar nuevas líneas de investigación que podrían llevar a la identificación de nuevos imputados”, afirmó.

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La decisión adoptada por la juez Fátima Veloz dispone, además, que Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del Intrant, cumpla arresto domiciliario; mientras que a Frank Díaz Warden, ex coordinador de Despacho y representante de Beras Goico ante el Comité de Compras del Intrant, se le impuso una garantía económica de 2 millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica.

En cuanto a los acusados Juan Francisco Álvarez  Carbuccia, director administrativo y financiero del Iintrant  y Carlos José Peguero Vargas, se les impuso una garantía económica de un millón de pesos, impedimento de salida y presentación periódica como medida de coerción.

La juez también admitió el pedimento del Ministerio Público de declarar el caso complejo. Veloz fijó la revisión obligatoria de las medidas para el 9 de enero de 2025.

Beras, Jochi y los demás imputados son acusados de formar parte de una red de corrupción y crimen organizado, involucrados en delitos como desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad.

Estos delitos están tipificados y sancionados en el artículo 146, numeral 1 de la Constitución de la República Dominicana sobre la proscripción de la corrupción.

Además, el Código Penal dominicano regula estos crímenes en los artículos 123, 124, 147, 150, 151, 171, 172, 265, 266 y 405. También se aplican la Ley 53-07 contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito y Contrabando, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la Ley 267-08 sobre Terrorismo.

A la audiencia comparecieron los jueces que, según el Ministerio Público, figuran en una lista de miembros del Poder Judicial que eran espiados por Gómez Canaán (Jochi).

Dicha comparecencia de los jueces a la audiencia fue criticada por los abogados de los imputados, quienes entienden que se trata de una violación del debido proceso que debe ser respetado.