martes, 28 de febrero de 2012

Destituyen jueza de La Romana por cometer faltas graves ALTAGRACIA SÁNCHEZ MOLINA HABRÍA OCASIONADO DAÑOS GRAVES A LA COMPAÑÍA NEWCO, MG


Santo Domingo
El Consejo del Poder Judicial (CPJ) declaró a la jueza de la Cámara Civil y  Comercial de La Romana, Altagracia Sánchez Molina, culpable de haber cometido faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
El consejo, presidido por el Mariano Germán Mejía, también presidente de la Suprema Corte de Justicia, impuso como  sanción disciplinaria la destitución de dicha magistrada y su desvinculación del sistema de carrera judicial.
El órgano de gobierno del Poder Judicial integrado además por Dulce Rodríguez de Goris, Samuel Arias Arzeno, Francisco Arias Valera y Elías Santini Perera, considera que la jueza destituida ha ocasionado graves daños a la compañía NewCo,MG, los cuales hubiesen podido ser evitados de haber actuado la magistrada de manera distinta a como lo hizo".
“Luego de ponderar el caso, hemos  llegado a la conclusión de que la magistrada incurrió en faltas graves, al emitir una decisión basándose en un contrato de promesa de compraventa que no fue depositado en el expediente”, aducen los miembros del CPJ, tras argumentar faltas que constituyen violación a los principios de imparcialidad, integridad, prudencia e igualdad.
Critico que la jueza permitía que en los asuntos de su tribunal personas vinculadas al mismo manejaran asuntos que no eran de su competencia, como es el caso de los expedientes.
Igualmente, que se fallara asuntos de amigo, compadre y abogado a su servicio en ocasiones, sin tomar ninguna medida prudencial "y por tanto en violación a los principios éticos que deben ser el soporte de actuación de todo juez".
La querella en contra de la jueza destituida fue interpuesta por los abogados Winston de Jesús Marte y Carlos Joaquín, representantes de la compañía NewCo, MG. INC, donde cuestionan una sentencia emitida por la magistrada, donde pocos días después el alguacil del tribunal, Máximo Andrés Contreras Reyes se reunió con el beneficiario, de quien recibió la suma de US$200,000 de la suma de US$300,000, por la cual se pactó el procedimiento de desalojo de un hotel, el cual no pudo ejecutarse por la oposición de hombres.

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