Discurso del Excelentísimo Señor Presidente de la República
Lic. Danilo Medina ante a la Asamblea Nacional en el 169 aniversario de la Independencia Nacional.
Honorable Señor Presidente de la Asamblea Nacional,
Dr. Reinaldo Pared Pérez;
Honorable Señora Vicepresidenta de la República,
Dra. Margarita Cedeño de Fernández;
Honorable Señora Primera Dama,
Licda. Cándida Montilla de Medina;
Honorable Señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia,
Dr. Mariano Germán Mejía;
Honorable Señor Presidente del Tribunal Constitucional,
Dr. Milton Ray Guevara;
Honorable Señor Presidente del Tribunal Superior Electoral,
Dr. Mariano Rodríguez;
Honorable Señor Presidente de la Cámara de Diputados,
Lic. Abel Martínez Durán;
Honorable Señor Presidente de la Junta Central Electoral,
Dr. Roberto Rosario Márquez;
Honorable Señora Presidenta de la Cámara de Cuentas,
Dra. Licelott Marte de Barrios;
Su Excelencia Reverendísima,
Monseñor Józef Wesolowski,
Nuncio Apostólico de Su Santidad Benedicto XVI y Decano del Cuerpo Diplomático acreditado en la República Dominicana;
Señores Ministros;
Honorables Miembros del Cuerpo Diplomático y Consular y de los Organismos Internacionales acreditados ante el Gobierno de la República Dominicana;
Honorables Miembros de la Asamblea Nacional;
Autoridades Civiles y Militares;
Invitados Especiales;
Señoras y Señores;
Pueblo dominicano:
Tengo el honor de presentarme, ante esta honorable Asamblea y ante el pueblo dominicano, en ocasión de la celebración del día de nuestra independencia patria, para realizar mi primera rendición de cuentas como Presidente de la República Dominicana.
Esta es una ocasión solemne que me honra especialmente realizar este año, en que celebramos el bicentenario del nacimiento de Juan Pablo Duarte, libertador de nuestra tierra, ejemplo e inspiración de todos los dominicanos.
Además, mi honor es doble, porque hoy exactamente, a esta misma hora, en 1963 asumió el poder el Profesor Juan Bosch mi mentor, maestro y líder. Por lo que, hoy, también celebramos el 50 aniversario del primer presidente libremente elegido, después de la dictadura, por el pueblo dominicano.
Un hombre que con su ejemplo, conducta y carácter se convirtió en el paradigma moral de la historia contemporánea de nuestro país.
El amor a la patria, inspirado por Duarte y cultivado junto al profesor Juan Bosch, es la energía incansable que, incluso en los momentos más difíciles, me impulsa a seguir trabajando y luchando siempre por nuestra gente. Ahora, desde la Presidencia de la República, tengo el honor y la satisfacción de poder servir a este país que siento en mi corazón.
Y las acciones que realizamos cada día, pueden estar seguros, no son otra cosa que el fruto de mi compromiso con el país.
Señores legisladores,
Hoy, tras haber depositado las memorias de labores de todas las instituciones del Estado correspondientes al año 2012, estoy de nuevo ante ustedes y ante nuestro pueblo para rendir cuentas sobre los avances alcanzados y compartir con mis conciudadanos algunas de las tareas y propósitos que hemos emprendido desde el 16 de agosto pasado.
Aun nos queda mucho camino por recorrer juntos, pues ningún programa de gobierno se completa en 6 meses. Pero ya puedo hablarles de un gran número de acciones que se han realizado, de otras que están en marcha y de algunas que no han comenzado, pero ya tienen fecha de inicio y pronto se harán realidad.
Amigos y amigas,
El rumbo que nos trazamos desde el principio es claro y no ha cambiado. Las personas, el pueblo dominicano, son el centro de todas las políticas. Partiendo de ese rumbo claro, pusimos como primera prioridad de nuestro trabajo la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Esa es nuestra meta inmediata más importante y la condición sin la cual todas las demás políticas y proyectos no tendrán sentido.
Veamos ahora en qué se ha traducido esa intención de que las personas sean el centro de todas las políticas.
En primer lugar, se ha traducido en presupuesto, en asignación de recursos. Hemos diseñado un presupuesto anual en línea con las metas del programa de gobierno, que se traducirá en mejores servicios y atención a las personas. Dicho de otra forma, estamos invirtiendo en nuestra gente como nunca antes.
Eso tiene amplias implicaciones, algunas de ellas las conoce muy bien el pueblo dominicano.
Significa, en primer lugar, que hemos cumplido el compromiso de asignar al menos el 4% del PIB para la educación preuniversitaria y elevar la asignación para la educación superior. Y con ello se persiguen dos fines al mismo tiempo: cumplir lo que manda la ley, que es el más sagrado deber de todo gobernante, y empezar a enderezar el rumbo de nuestra educación, tan mal calificada por las evaluaciones internacionales.
Hoy, puedo decir con orgullo y satisfacción que la vieja aspiración de la sociedad dominicana, de que se asigne el 4% del PIB a formar a sus hijos, es una realidad. Y quiero aprovechar esta ocasión para felicitar a nuestro pueblo por este logro, que nos pertenece a todos.
Ahora estamos concentrando nuestro empeño en asegurar que esos mayores recursos se usen para tener impactos tangibles sobre la calidad, equidad y cobertura de nuestro sistema educativo y evitar que sean absorbidos por la ineficiencia o cualquier práctica incorrecta.
Estamos ante una oportunidad pocas veces vista en nuestra historia para impulsar una verdadera transformación del sistema educativo.
Parte de esa transformación es también la puesta en marcha del más ambicioso Plan nacional de alfabetización de nuestra historia: “Quisqueya Aprende Contigo”. Un esfuerzo de todo el país que hará posible que más de 850 mil jóvenes y adultos tengan la oportunidad, en los próximos dos años, de integrarse al sistema educativo y hacer realidad su derecho a la educación.
El pasado 16 de agosto les prometí que el plan se iniciaría el 7 de enero. Hoy, 40 días más tarde, hay 100 mil personas que acuden a sus núcleos de aprendizaje, en todo el territorio nacional, y alrededor de 7 mil alfabetizadores voluntarios los orientan en su formación. Al concluir el año habremos logrado incorporar al menos medio millón de personas analfabetas, con más de 30 mil alfabetizadores.
Expreso mi reconocimiento a todos los entes gubernamentales, los senadores, diputados, autoridades municipales, universitarios, dirigentes de organizaciones de la sociedad, autoridades religiosas, a la cooperación internacional y a todos quienes con su esfuerzo están haciendo realidad esta hermosa gesta nacional.
Pocas veces hemos vivido una iniciativa tan plural y unitaria. Estamos mostrando que juntos podemos lograr metas que parecían imposibles. Exhorto a nuestra juventud a continuar incorporándose como voluntarios.
Invito a todos los jóvenes o adultos no alfabetizados a dar un paso adelante, a aprovechar esta oportunidad única para una vida mejor para su familia y su comunidad. Ustedes son los verdaderos héroes, y así los reconoce la sociedad.
Todos, unidos, vamos tejiendo las redes de solidaridad que cubren cada rincón de nuestra patria. Ahora es la oportunidad. Que ninguna persona se quede sin aprovecharla.
Quiero anunciar también que, en pocos días, presentaremos al país otro importante Plan Nacional, esta vez destinado a proteger nuestro bien más preciado: nuestros niños y niñas.
Vamos a ampliar considerablemente la cobertura y protección de la infancia de cero a 5 años, para acompañar y apoyar a las familias en el desarrollo de sus hijos durante esa etapa crucial de la vida. Queremos asegurarles atención integral, incluyendo protección, nutrición, salud, educación, afecto y estimulación psicomotora, que les permitan desarrollar todas sus capacidades. Vamos a impulsar una nueva generación de dominicanos y dominicanas.
Ellos son hoy la felicidad de nuestros hogares y serán mañana quienes llevarán sobre sus hombros a la nueva República Dominicana. En el presente año construiremos 100 nuevas estancias infantiles y habilitaremos 100 Centros Comunitarios y sus redes familiares.
Al concluir el actual periodo gubernamental, contaremos con 330 estancias infantiles y mil 100 Centros Comunitarios con sus redes familiares, que atenderán a 426 mil familias y 528 mil niños menores de 5 años. Esto será más de 5 veces la capacidad acumulada en toda la historia del país.
Simultáneamente ampliaremos, en este periodo, la disponibilidad de educación pre- primaria hasta más del 90% de los niños de 5 años de edad, lo que significa sumar casi 200 mil niños al sistema educativo.
Con el impulso entusiasta del despacho de la Primera Dama de la República, estamos desarrollando una red de 5 Centros de Atención Integral para niños de 0 a 10 años con discapacidades, en diversas regiones del país. El primero de ellos ya se está construyendo e iniciará su funcionamiento este mismo año, respondiendo así a una necesidad muy sentida de nuestra sociedad.
Hemos comenzado a implementar también otro de nuestro principales compromisos con la educación: me refiero a la tanda extendida. A la fecha, más de 33 mil alumnos ya se han incorporado a ese sistema con éxito, y nuestro objetivo es que el próximo agosto esa cifra ascienda a 200 mil.
Para que el proyecto fuera posible, se decidió duplicar el presupuesto destinado a alimentación escolar. Concretamente, dicho presupuesto para este año será de casi 6 mil millones de pesos, lo que hará posible, no solo sumar a los nuevos alumnos de la tanda extendida que recibirán desayuno y almuerzo, sino también incrementar la calidad de raciones alimenticias.
Esto va a permitir que cerca de un millón y medio de niños y adolescentes del nivel inicial y básico, reciban una alimentación en el desayuno adecuada a los estándares internacionales, establecidos por el Programa Mundial de Alimentación de Naciones Unidas.
Paralelamente, se puso en marcha la construcción de 10.000 aulas y sus respectivas cocinas y comedores. Esta iniciativa de edificaciones escolares, señoras y señores, no solo es pionera por el número de obras que se van a realizar en un año, sino también porque, por primera vez, la asignación se realizó mediante sorteos públicos, abiertos y transparentes, que han beneficiado con contratos a 919 ingenieros de toda la geografía nacional. Y a ninguno de ellos se le preguntó el color de su partido.
Muchos de esos hombres y mujeres nunca antes habían recibido una obra del Estado y eso ha significado un gran cambio en sus vidas.
Es importante hablar de las cocinas y comedores, si me permiten el paréntesis, porque esas instalaciones garantizan la salubridad de la alimentación y la dignidad de nuestros hijos, al recibir su comida en lugares bien acondicionados.
De la misma forma, el programa de alimentación escolar se está esforzando en comprar los insumos a nuestros productores y en promover la asociación y participación de las familias, contratando mano de obra local; porque no solo es una forma de darles una dieta saludable a nuestros niños, sino también la manera de apoyar los ingresos de sus padres y madres.
El programa se completará en fechas próximas con la elección del “Pupitre dominicano”. El concurso que convocó el gobierno ha recibido ya alrededor de 480 propuestas que pronto serán evaluadas para anunciar el ganador. Podemos decir, con mucho orgullo, que las próximas generaciones estudiarán en un pupitre diseñado y producido por manos dominicanas.
También, se abrieron las puertas del colegio Comunitario Tecnológico en San Luís, obra que fue finalizada por la administración anterior, para fortalecer la formación técnica y profesional de la juventud.
Nuestro compromiso con la gente se refleja, no solo en educación, sino también en forma de programas de apoyo directo a las familias que más nos necesitan.
Por poner solo un ejemplo, en los últimos meses 15 mil nuevas familias se integraron al programa Progresando con Solidaridad, que dirige la Vicepresidenta de la República Dra. Margarita Cedeño de Fernández. El programa ahora incluye también orientación permanente, a través de visitas domiciliarias y la vinculación a servicios del Estado. De esta forma, se acompaña a los participantes en su proceso de desarrollo durante al menos dos años, con el objetivo de abrirles las puertas a nuevas oportunidades.
Dominicanos y dominicanas,
Si bien nuestro primer compromiso es con los que menos tienen, y avanzar hacia una Quisqueya sin Miseria, también estamos fortaleciendo a la clase media, clave para mejorar la calidad de vida, garantizar la expansión del mercado interno y la estabilidad política y social.
Sabemos que una parte importante de nuestras clases medias mantienen un equilibrio precario entre sus ingresos y sus gastos. Contribuyen, significativamente, con el pago de sus impuestos y, sin embargo, tradicionalmente, no han tenido acceso a servicios públicos de calidad y han debido cargarlos a su presupuesto familiar.
En definitiva, se han visto obligados a buscar soluciones individuales a necesidades que deberían ser cubiertas por el sistema público.
Para darles respuesta, hemos comenzado por elevar la eficacia del gasto público y garantizar que hasta el último centavo del dinero público se destinará a satisfacer las necesidades de la gente y a ofrecer servicios públicos de calidad, que alivien la carga que actualmente soportan las familias de clase media.
Lo más importante es garantizar a los ciudadanos que el Estado está para servirles. Estamos iniciando un nuevo esquema de gestión de las finanzas públicas, con la seguridad de que vamos a evitar gastos innecesarios e irracionales. Todo esto es fundamental para hacer que los dominicanos y dominicanas se sientan identificados con su Estado, que lo perciban como algo suyo, porque contribuye a satisfacer sus necesidades.
En definitiva, es nuestra forma de dar ejemplo y mostrar con resultados que financiar al Estado no es botar el dinero.
La salud pública es otro buen ejemplo de esa mejora en los servicios que hemos comenzado y que vamos a seguir profundizando.
Quiero compartirles un solo dato que resume los resultados del complejo trabajo de reestructuración de la atención primaria y especializada que está realizando el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social: En estos seis meses hemos duplicado el total de servicios prestados a la población a través de la red pública de salud.
En el presente año pondremos en funcionamiento 70 nuevas Unidades de Atención Primaria y 19 Centros de Diagnóstico del primer nivel, con una inversión de alrededor de 200 millones de pesos.
Estamos en proceso de remodelar y ampliar, con más de 300 camas, la Ciudad Sanitaria Luís Eduardo Aybar, antes conocida como hospital Morgan, para materno infantil, para quemados e internamiento general.
En la Ciudad de la Salud, en Villa Mella, obra que fue concluida por la administración anterior, este año abriremos 150 camas pediátricas, 150 camas de maternidad y 150 de hospital general, además de inaugurar el nuevo hospital Oncológico en el Distrito Nacional, que también fue concluido por la administración anterior.
Por otra parte, abriremos este año los pequeños hospitales de Partido en Dajabón, Baytoa y Hato del Yaque en Santiago, y el de Salinas en Barahona. Junto a estos, estamos invirtiendo en el mejoramiento de la planta física y equipamiento de 16 hospitales adicionales.
Nuestro compromiso con la reducción de la mortalidad materna e infantil también se ha plasmado en acciones concretas: Intensificamos los servicios de urgencias obstétricas en los hospitales priorizados y se puso en funcionamiento una nueva unidad de perinatología en la Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia, así como salas de cirugía pediátrica en diferentes centros.
Nuestra meta es que no muera una madre, ni un solo infante, por falta de atención adecuada.
Por otra parte, hemos eliminado los cobros a los pacientes en 36 hospitales y, antes del final de este año, se eliminarán en la gran mayoría de los centros de salud del país. El Estado ha dispuesto la asignación de 400 millones de pesos para suplir lo que antes se cubría con esa cuota.
Actualmente se está diseñando el Fondo para Enfermedades de Alto Costo, o enfermedades catastróficas, que entrará en vigor este año. Así, vamos a reducir el impacto negativo de los costos sanitarios en el presupuesto de las familias pobres y de clase media. Ya se le han asignado 500 millones de pesos, los cuales serán progresivamente ampliados, al tiempo que se desarrollan los mecanismos para asegurar su correcta administración y gestión, mediante una coordinación entre el Ministerio de Salud y SENASA.
Junto a estas medidas, la centralización de compras de medicamentos a través de PROMESE/CAL, contribuye a una mayor transparencia y a que el acceso a la salud no sea un lujo, sino cada vez más un derecho de nuestro pueblo.
Además, hemos avanzado en nuestro compromiso de tener, al menos, una Farmacia del Pueblo en cada municipio del país. A la fecha ya se han abierto 18 nuevas farmacias y está previsto que este año abran sus puertas las 52 restantes para completar esta promesa.
Simultáneamente, reitero el compromiso de nuestro Gobierno para lograr que el Seguro Familiar de Salud ofrezca los mejores estándares de calidad y atención sanitaria a la población. De esta forma, contribuimos efectivamente a reducir la pesada carga de las atenciones de salud en el presupuesto familiar.
Reitero, así mismo, nuestro compromiso de incluir a 1 millón 300 mil dominicanos más en el régimen subsidiado del Seguro Familiar de Salud en el presente periodo y, en consonancia con esa decisión, este año aumentamos su presupuesto en más de 23%, para acercarnos progresivamente a nuestra meta.
Señores legisladores,
Invitados especiales,
Les dije que gobernaría para todos y todas, sin distinción de colores partidarios, y así lo estoy haciendo.
Prueba de ello es el Plan Nacional de Asfaltado que lleva a cabo el Ministerio de Obras Públicas desde nuestro primer día de gestión, en coordinación con todos los municipios y distritos municipales del país, independientemente del partido que los dirija.
Con todos ellos, el Ministerio se ha reunido para escuchar sus necesidades de asfaltado y facilitarles material, combustible e incluso maquinaria y mano de obra cuando la precisan, para asfaltar sus calles.
En todo el país estamos viendo como avanza esa labor y ya se han rehabilitado 230 kilómetros de carreteras, calles y avenidas. Además, el Ministerio está interviniendo en cerca de 1.500 kilómetros de carreteras y caminos en todo el territorio Nacional.
Como saben, la construcción de viviendas populares es otra iniciativa que impulsamos desde el primer día de gestión, con el objetivo de garantizar un hogar digno a nuestras familias. En este sector, nuestro trabajo se encamina en dos direcciones: por un lado, atendiendo los requerimientos de las comunidades que habitan en zonas de mayor riesgo. Y por otro, trabajando de la mano con el sector privado para hacer posible el acceso al crédito y la construcción masiva de viviendas para las clases populares y medias.
En lo que se refiere a las zonas de riesgo, en estos meses hemos iniciado las gestiones para dar respuesta a este drama en dos de las zonas que más han sufrido históricamente los efectos de los fenómenos naturales. Me refiero a La comunidad de la Barquita y al área del lago Enriquillo.
Del saneamiento del Lago se va a beneficiar toda la región y, como parte del plan, está previsto que se reubique a 560 familias. Además, el INDRHI tiene varios proyectos en marcha en la zona, a fin de controlar los flujos de agua proveniente del río Yaque del Sur y conducirlos hacia el Mar Caribe. A su vez, las obras conexas en la cuenca baja de la zona del Sur impedirán que las aguas del lago crezcan e inunden las comunidades.
Por su parte, la Comisión para la Readecuación de La Barquita ya está trabajando en la zona. Fueron finalizados los estudios hidrológicos y de suelo, así como el censo de los pobladores y sus viviendas. En breve plazo se llamará a una licitación para el diseño del proyecto y, posteriormente, se contratarán, mediante concursos públicos y competitivos las obras de infraestructura.
Paralelamente, el Instituto Nacional de la Vivienda mantiene el proceso de construcción de proyectos integrales de viviendas de interés social y, desde agosto pasado hasta ahora, ha terminado mil ocho unidades habitacionales, que fueron prácticamente concluidas en la administración anterior, distribuidas en 12 municipios y 10 provincias del país. Actualmente, se encuentra en proceso de licitación pública internacional la construcción de otras 800 viviendas adicionales, con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento y el Estado Dominicano.
En lo que se refiere a impulsar proyectos público-privados, la Comisión Presidencial para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso estará lista en los próximos 45 días para llamar a licitación pública y contratar el diseño del proyecto Ciudad Juan Bosch, que contempla la construcción de 35.000 viviendas en los próximos 7 años.
Para la ejecución del proyecto, el Estado aportará a un fideicomiso cerca de 3 millones de metros cuadrados de terreno.
Por su parte, el sector privado, aportando sus propios recursos, financiamiento de la banca y emisiones públicas que puedan ser adquiridas por los fondos de pensiones, se encargará de la construcción.
Señoras y señores,
Por supuesto, no puedo seguir hablándoles de cuidar de la gente sin referirme a la seguridad ciudadana.
Conozco y comparto, desde lo más profundo de mi corazón, el dolor y la preocupación de muchas familias que han sido víctimas de la violencia y la delincuencia en nuestras calles.
Créanme si les digo que no pasa un día sin que trabajemos para mejorar esta situación.
Hemos designado una comisión conformada por los Ministros de Interior y Policía, Presidencia de la República, Procurador General de la República y el Jefe de la Policía, para que trabajen en la presentación de un plan de seguridad ciudadana.
Sin embargo, por su importancia y complejidad, este es un asunto que debe ser tratado con total responsabilidad y en el que no hay espacio para la improvisación.
Nuestro país ya ha pasado por diferentes experiencias que no han dado los resultados esperados.
Teniendo esto en cuenta, los equipos de trabajo han tenido que realizar una evaluación profunda de muchas variables hasta llegar a una propuesta consensuada, sólida y que dé respuesta a las necesidades reales del país.
Hoy quiero anunciarles que ese proceso culminó y que en la segunda semana de marzo le estaremos presentando a la población el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.
Una iniciativa integral, que deseamos se convierta en política de Estado y que está diseñada para atacar de forma simultánea la delincuencia y sus causas profundas.
También quiero anunciarles, particularmente a los habitantes de la ciudad de Santo Domingo, que a partir del día 30 del próximo mes de marzo, pondremos en operación la Segunda Línea del Metro, en su primera etapa. Las inversiones finales se están realizando, pues mal haríamos en desaprovechar un esfuerzo de tal magnitud.
Ahora quiero referirme también, a una iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente, que está reverdeciendo nuestro país. Solo en lo que va de gestión, se han plantado en el país 5 millones 885 mil 998 plantas. Es decir, casi seis millones de nuevos árboles se sumarán a nuestros bosques, priorizando las cuencas de los ríos Yuna y Yaque del Sur, por su importancia para la producción agrícola, energética y de agua para el consumo humano.
Además, en estos seis meses se ha dotado de centros de protección y vigilancia a 5 parques nacionales adicionales, y para el final de 2013 está prevista la finalización de 12 nuevos Centros, para igual número de Áreas Protegidas.
Distinguidos asambleístas,
Les prometí un diálogo permanente con el pueblo.
Les dije que regresaría a los lugares que visité durante la campaña para cumplir con la palabra empeñada y que gobernaría siempre con el oído en el corazón del pueblo.
Ese es el objetivo principal de las visitas que realizo cada fin de semana a diferentes puntos del país. Mantener un diálogo permanente y de tú a tú con el pueblo dominicano. Escuchar y dar respuesta a las demandas reales que me plantean. Esa es la razón de ser del mandato Presidencial. Esa es para mí la verdadera política, la que crece de abajo a arriba, como el fruto de nuestra tierra.
Y en cada una de esas visitas, tengo siempre presente en mi mente uno de los compromisos más importantes que he realizado: la creación de 400.000 nuevos puestos de trabajo dignos.
En esos encuentros semanales estamos abriendo puertas al empleo. Estamos identificando, en cada región y en cada pueblo, las necesidades de nuestra gente, pero también las oportunidades y los proyectos empresariales y de economía solidaria que solo necesitan un poco de apoyo para salir adelante. Quiero compartirles que cada una de esas visitas renueva mi esperanza y mi fe en este país.
Hablo con las mujeres de la cooperativa la Estrella en Bayaguana, con los productores de plátano y sorgo de Pedernales, con los de jengibre, de dulce, de bambú, con los empresarios del sector turístico y pienso: Esa es la Patria a la que deseamos servir.
¡Cuánto entusiasmo y energía muestran por sus proyectos, que lo único que requieren es la mano amiga de un Estado que se preocupe por ellos! Esa es la República Dominicana que debemos apoyar para seguir creciendo, para hacer realidad nuestro sueño de un mejor país.
Y ya hemos dado grandes pasos, pueden estar seguros.
Fruto de esos encuentros y de la labor del Banco Agrícola en todo el territorio nacional, el crédito agropecuario se ha reactivado y, con él, la siembra en nuestros campos.
Les daré un ejemplo: Sólo con las visitas al Bajo Yuna y a las provincias de Hato Mayor, Monte Plata y El Seibo se movilizaron créditos que van a beneficiar a más de mil 500 productores y sus familias.
Somos conscientes de que el financiamiento al sector agropecuario es clave para el desarrollo, por eso es y será siempre una de nuestras prioridades fundamentales.
Entre agosto de 2012 y mediados de febrero, el Banco Agrícola otorgó 12 mil 334 préstamos, por un monto total de más de 4 mil 300 millones de pesos, que están favoreciendo a 16 mil productores. La meta para el final de este año es que el crédito se incremente en un 35%.
Además, la tasa de interés ha bajado 6 puntos porcentuales, estamos adaptando los plazos a las necesidades de cada proyecto y los trámites son más ágiles, para no dejar sin financiamiento a ningún productor que lo necesite.
Por otra parte, la renegociación de la deuda con miles de campesinos, les permitirá retomar la actividad productiva sin verse ahogados por los préstamos. Este esfuerzo se traduce ya en la producción de más de 600 mil tareas de tierras agrícolas y ganaderas, además del desarrollo de otras iniciativas, como la avicultura, apicultura e incluso la agroindustria.
Detrás de estos números está la gente.
Están, por ejemplo, los productores de mango de Baní, los de cacao de Hato Mayor, Monte Plata y el Seibo, Gaspar Hernández, los de cebolla de Vallejuelo, los de banano de Azua y muchos más que vamos conociendo en cada visita. Estamos hablando de miles de hombres y mujeres que ahora pueden generar empleo e ingresos a sus familias.
Es una auténtica revolución productiva en nuestros campos, que está ocurriendo en un tiempo récord.
Estamos empeñados en reducir las desigualdades entre el campo y la ciudad, que expulsan a nuestros trabajadores forzándolos a migrar a las ciudades. Por eso impulsamos una política de desarrollo integral, que nos permita generar empleo, ingresos y oportunidades en el campo y terminar, así, con la pobreza rural.
El Ministerio de Agricultura está apoyando todos los procesos con diferentes iniciativas y muchas de ellas ya están teniendo un impacto importante, como la preparación de tierras para cultivos de ciclo corto, la distribución de fertilizantes, cepas, plantas in vitro y semillas, el control de plagas, la vacunación contra enfermedades del ganado y la construcción de más de 700 huertos comunitarios.
Por otra parte, además, de la mejora de los caminos rurales que ya mencioné, estamos contribuyendo a reducir el impacto de las sequías con la perforación de 320 pozos tubulares y la construcción de más de 52 lagunas en las zonas ganaderas del país.
Es importante recordar que esta fuerte dinamización del campo tiene también un notable impacto en el empleo temporal.
Miles de personas se ocupan, por ejemplo, de la reparación de caminos y canales, transporte y distribución de materiales, control de plagas, labores de poda, fertilización, aplicación de pesticidas, etc.
Paralelamente, para facilitar el comercio de nuestros productos a precios ventajosos, tanto para los productores como para la población, estamos creando una red de mercados que ofrece servicios de logística según estándares internacionales. Estamos poniendo en marcha el Merca Santo Domingo, que es una obra que dejó finalizada la administración pasada, y pronto iniciaremos la construcción del Merca Cibao en Santiago, así como una red de nuevos mercados minoristas y un matadero regional en el Este.
Quiero mencionar también el proyecto de reconversión de la agricultura en el Valle de San Juan, recientemente anunciado. Esta iniciativa nos permitirá evolucionar de los cultivos tradicionales de escaso valor hacia una agricultura mucho más rentable y competitiva.
Nuestro objetivo último es incrementar la producción de los rubros más importantes de la canasta básica familiar, y garantizar así la soberanía alimentaria del país, además de fomentar la exportación. En concreto, este año se espera una cosecha de 10.6 millones de quintales de arroz, 962 mil quintales de maíz, mas de 500 mil quintales de leguminosas, 6 millones de quintales de raíces y tubérculos, y casi 9 millones de quintales de hortalizas.
Por su parte, al Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) se le asignó una partida extraordinaria de 125 millones de pesos para el último cuatrimestre del 2012, y este año cuenta con mil millones de pesos, lo que le ha permitido multiplicar su labor en las comunidades.
Ya ha llevado a más de 80.000 familias recursos para la producción de alimentos y construcción de pequeñas obras de infraestructura productiva, como invernaderos, apiarios, granjas de aves, estanques piscícolas, etc.
De esta forma incorporamos a miles de familias de bajos recursos a la actividad productiva y al progreso.
De la misma forma, tanto el Ministerio de Obras Públicas como el INDRHI y los organismos de agua potable trabajan sin descanso en la recuperación de más de 3 mil kilómetros de zonas de riego, y en la mejora del servicio de agua, como parte de un esfuerzo colectivo, para elevar las condiciones de vida en las zonas rurales.
El INDRHI tiene obras en ejecución para este año por valor de más de 5 mil millones de pesos. Mientras que La Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), ejecutará alrededor de mil quinientos millones más.
Solo en los últimos seis meses, la corporación ha logrado incrementar el volumen de agua que diariamente recibe la población en 47 millones de galones, logrando beneficiar a casi 600 mil habitantes. En adición ha terminado 27 proyectos más, que han mejorado el servicio de agua potable para 1 millón 600 mil personas del Gran Santo Domingo.
Señoras y señores,
No puedo hablarles del desarrollo del campo sin referirme a un asunto fundamental: La propiedad de la tierra. Sabemos que ese derecho a la propiedad es el primer paso para alentar la producción.
Tenemos el firme compromiso de titular, a través de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, alrededor de 7 mil predios urbanos y rurales antes de que finalice el primer semestre de este año. Además, vamos a entregar alrededor de 15 mil títulos adicionales al final de segundo semestre de 2013, es decir, finalizaremos el año con 20 mil nuevos inmuebles titulados.
Esto permitirá a miles de familias poner fin a años de incertidumbre, acceder a créditos y cultivar con entusiasmo la tierra que les pertenece. La meta para los próximos 4 años es titular más de 150 mil inmuebles entre terrenos agropecuarios y viviendas sociales.
Sin embargo, no es este un esfuerzo que pueda realizar el gobierno en solitario. Por eso, quisiera hacer un llamado especial al Poder Judicial dominicano. Para que aunemos esfuerzos y trabajemos juntos en el fortalecimiento de los órganos de gestión de la Jurisdicción Inmobiliaria y la simplificación de los procesos de titulación. Así, lograremos alcanzar con éxito nuestras metas y garantizar la seguridad jurídica inmobiliaria en la República Dominicana.
Señoras y Señores
De esta forma, con todas estas medidas estamos, poco a poco, cambiando el rostro del campo dominicano.
Y en paralelo con el desarrollo rural hemos seguido impulsando la locomotora de nuestro crecimiento:
Me refiero al sector turístico.
En 2012, y a pesar de las condiciones económicas adversas, nuestro sector turístico registró un crecimiento de casi 6% en el número de visitantes no residentes, lo que se tradujo en ingresos en divisas por más de 4 mil 500 millones de dólares.
En los últimos 6 meses he visitado unos 10 proyectos turísticos nuevos o que se han relanzado en el país. Eso da muestra de la buena salud de nuestro sector, además de la confianza de los inversionistas.
Desde el gobierno estamos impulsando también proyectos para reactivar el sector, como el relanzamiento de la ciudad colonial de Santo Domingo y las ciudades de Puerto Plata y Samaná.
También estamos apostando con fuerza al turismo de cruceros. Como resultado de los trabajos que se realizan, durante este año una importante línea iniciará operaciones de Puerto Base, tocando a La Romana y Santo Domingo y otra línea más reiniciará, en las mismas condiciones, operaciones que había suspendido.
Esto implica la apertura de nuevas oportunidades para ofertar bienes y servicios locales, especialmente productos alimenticios provenientes de la agropecuaria y la industria nacionales. Para que tengamos una idea de lo que esto significa, sólo en 2012 una línea de cruceros adquirió 250 mil dólares semanales en alimentos y productos dominicanos.
Honorables Asambleístas,
Estoy convencido de que una clave para transformar nuestro país, para lograr crecimiento con justicia social, para incluir a las grandes mayorías populares en el tejido económico y fortalecer nuestra clase media, es apoyar a nuestros emprendedores. Especialmente a las MIPYMES, que con un pequeño impulso pueden convertirse en el sustento de una familia.
Con este propósito, a las pocas semanas de iniciar el gobierno, se lanzó el programa más ambicioso que jamás se haya implementado en el país en apoyo a las MIPYMES.
Con este plan perseguimos la creación de empleo e ingresos para nuestros microempresarios mediante la formalización, el acceso a crédito y asistencia técnica y la participación en los programas de compras del sector público.
Estamos uniendo todos los esfuerzos para derribar las barreras que se interponen en el crecimiento de este importante sector.
Así, por ejemplo, hace unos meses se inició un plan para facilitar la formalización de PYMES mediante la creación de una ventanilla única que permite que las empresas realicen, en un solo lugar, todos los trámites que sean necesarios para constituirse.
De la misma forma, estamos utilizando el poder de compras del Estado para incrementar la demanda de bienes y servicios por parte de las PYMES.
En el 2013, las compras gubernamentales al sector están presupuestadas en aproximadamente 33 mil millones de pesos, cifra sin precedentes que, sin duda, dinamizará notablemente este sector.
Para apoyar a las MIPYMES el gobierno dominicano tiene varios programas de financiamiento. La recientemente creada “Banca Solidaria” o "Banco de los Pobres" y el programa PROMIPYME, han aprobado y desembolsado, desde el 1 de septiembre, préstamos por más de 800 millones de pesos. Con los que se ha beneficiado a 10 mil 200 Micro y Pequeños empresarios.
Cabe señalar que de este total el 90% pertenecen a la nueva Banca Solidaria y solo el 10% al programa regular de PROMIPYME. Por su parte, Banreservas ha aprobado 774 solicitudes y desembolsado 780 millones de pesos, mientras que la Fundación Banreservas ha aprobado 75 millones de pesos, para un total de dos mil 533 préstamos a microempresarios.
Detrás de estas cifras hay miles de personas, especialmente mujeres, que durante años no tuvieron acceso al crédito y ahora, por primera vez, ven realizado su sueño de tener un pequeño negocio, con el que puedan echar hacia adelante a sus familias. Es, por tanto, otra herramienta fundamental para la creación de empleo y oportunidades.
Sin embargo, nuestro apoyo al desarrollo del aparato productivo no se limita únicamente a las MIPYMES.
En abril de 2012, en el marco del Segundo Congreso de la Industria Dominicana, nos comprometimos a favorecer un entorno competitivo para este sector, conformado tanto por las industrias que producen para el mercado local, como por aquellas que lo hacen en las zonas francas para el mercado de exportación.
Cumplir con este compromiso, no es solo un deber moral, sino también una forma de apoyar nuestro propio proyecto de país. Porque significa crear nuevos empleos formales, incrementar la producción de divisas y reducir las importaciones de bienes terminados, que se producen ya en la República Dominicana.
Es por eso que hemos abierto un espacio de diálogo permanente entre los representantes de estos sectores y los ministerios de la Presidencia y de Industria y Comercio, fruto del cual se han adoptado varias medidas que, desde hace meses, favorecen el acceso a financiamiento y compras gubernamentales de las industrias nacionales.
De la misma forma, seguiremos apoyando la notable recuperación del sector de zonas francas, que ha vuelto a ocupar el primer lugar en la producción de divisas, así como el encadenamiento productivo de todas las industrias instaladas en el país, para crear un entorno de equidad fiscal y competencia armónica, con una meta común: conquistar el mercado internacional.
Honorables Asambleístas,
Les hablo de crecimiento y desarrollo y no puedo, por supuesto, pasar por alto un elemento fundamental en ese camino: el sector eléctrico.
Este es un problema que arrastramos desde hace varias décadas y que sufre todo el país. No existen soluciones sencillas para abordarlo, sin embargo, nuestro gobierno está decidido a actuar con responsabilidad y poner en marcha un plan integral para darle una respuesta definitiva.
Tenemos la voluntad política y esperamos contar con el apoyo y el consenso de toda la sociedad para deshacernos, de una vez por todas, de este lastre que hasta hoy sigue frenando el progreso en nuestro país. Como muchos saben, nuestro sector eléctrico arrastra un déficit insostenible de más de 100 millones de dólares mensuales.
Desde la crisis de precios del petróleo del año 2008 al 2011, el gobierno ha transferido por concepto de subsidio al sector eléctrico un monto promedio anual superior a los mil millones de dólares.
Esto significa que en los últimos cinco años el sector eléctrico ha requerido más de cinco mil 500 millones de dólares. Es decir, más de 240 mil millones de pesos.
Este déficit es producto de 3 problemas fundamentales: el primero de ellos es el alto costo de generación, debido a que más del 60% de la energía que producimos proviene de derivados del petróleo.
El segundo problema son las altas pérdidas de las empresas distribuidoras, producto tanto del mal estado de las redes como del robo de energía, que se traduce en cientos de millones de dólares no recaudados cada año.
Y en tercer lugar, arrastramos también deficiencias en la gestión de las empresas del sector que necesitan ser corregidas.
Es verdad que en los últimos años se ha realizado un gran esfuerzo en el sector para reducir las pérdidas, aumentar los cobros y optimizar la compra de energía a las generadoras. Además, la tarifa eléctrica aumentó en dos ocasiones entre 2009 y 2011, en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Sin embargo, este gran esfuerzo se ha diluido por los altos precios de compra de energía que enfrentan las empresas distribuidoras, muchos de los cuales están determinados por los contratos existentes.
Teniendo en cuenta todo esto, la estrategia integral que hemos diseñado para el sector consta de tres pilares, que dan respuesta a cada uno de los tres retos que enfrentamos.
En primer lugar, vamos a hacer un esfuerzo sin precedentes para aumentar la capacidad instalada y modificar simultáneamente la matriz de combustible degeneración. Dicho de otra forma, vamos a producir más energía, y lo haremos a través de fuentes que nos permitan reducir nuestra dependencia del petróleo.
De acuerdo con las proyecciones de crecimiento económico del país, los cálculos realizados nos dicen que en el 2016 deberíamos tener instalada una capacidad efectiva de 3 mil 800 megavatios. Eso significa que debemos instalar alrededor de mil 500 megavatios adicionales.
Considerando las actuales tecnologías y combustibles disponibles, estas nuevas facilidades deberán incluir plantas de ciclo combinado a gas natural, plantas a carbón, y plantas en base a energías renovables, que demandarán inversiones por más de 3 mil millones de dólares, solo en el sector de generación.
En concreto, nuestro Plan incluye las siguientes acciones, que reducirán el déficit del sector entre 600 y 800 millones de dólares.
Como primera medida, se dará inicio de manera inmediata a los procesos para la contratación por parte del Estado de la construcción de dos plantas a carbón de 300 MW cada una. Además, vamos a concluir las negociaciones para la adquisición, y el suministro de gas natural a precios que hagan viable la instalación de dos Ciclos Combinados de 300 megavatios a gas natural.
Simultáneamente, vamos a facilitar la optimización de los recursos existentes, ya sean de carácter privado o de propiedad mixta, para ampliar la capacidad instalada en al menos 600 megavatios más a gas y/o carbón.
Además, vamos a finalizar los proyectos de pequeñas hidroeléctricas, que están en marcha. Iniciaremos en un esfuerzo conjunto con el Programa de Pequeños Subsidios del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, la construcción de 19 minicentrales hidroeléctricas comunitarias. Esto nos permitirá hacer llegar el suministro por primera vez a más de 2 mil 100 familias de áreas montañosas del país.
El plan previsto hasta 2016 contempla la construcción de 50 minicentrales, que llevarán luz y progreso a un total de 5 mil 500 familias de nuestras zonas más apartadas.
Paralelamente vamos a invertir alrededor de 224 millones de dólares en proyectos de Transmisión.
Esto incluye la finalización de líneas como Julio Sauri -Paraíso o el Cruce San Juan.
La construcción de subestaciones en Dajao, Herrera, Arroyo Hondo, San Juan de la Maguana, Cruce Cabral, San Cristóbal y Hato Mayor, entre otras.
El segundo gran pilar de nuestro plan, son la medidas destinadas a reducir las pérdidas. Y aquí es importante resaltar, que hay dos tipos de pérdidas. Por un lado, existen pérdidas técnicas, que vamos a afrontar con la puesta en marcha de un plan de expansión, que supondrá una inversión de 220 millones de dólares, para el cual ya se ha identificado financiamiento con Agencias de Exportación y Organismos Multilaterales.
Este plan, que nos permitirá garantizar la calidad del servicio, incluye la construcción de 21 nuevas subestaciones de distribución, y la ampliación del calibre de los conductores de 900 kilómetros de redes de media tensión.
Sin embargo, y esto es algo en lo que me gustaría detenerme, hay un enorme caudal de pérdidas mensuales, que no son técnicas. Que son, digámoslo claramente, producto del hurto y de la irresponsabilidad de los usuarios.
Y en este sentido, quiero hacer hoy un llamado a todos los dominicanos y dominicanas. La solución al problema eléctrico no llegará mientras no tomemos conciencia, cada uno de nosotros, de la importancia de nuestra contribución.
Es cierto, y el gobierno así lo asume, que hay sectores de escasos recursos, que necesitan ser subsidiados para recibir energía. El gobierno va a continuar apoyando a esos sectores, no les quepa duda a nadie.
Pero también es cierto que hay otros muchos usuarios, que podrían pagar por el servicio y, sin embargo, están haciendo un uso indebido de los recursos. Hablamos de cientos de millones de dólares, que podrían ser invertidos en nuevas instalaciones, en mejor tecnología y en abaratar costos, y que sin embargo, se quedan cada año en los bolsillos de usuarios, que maliciosamente, deciden no pagar.
No podemos permitir, que esa situación de impunidad continúe. Es necesario afrontar este asunto con responsabilidad. Ya no sirve la excusa, de que el servicio no es bueno, y por eso no lo pago. Desde el gobierno estamos decididos a romper esa espiral, pero necesitamos también, que se genere un cambio de actitud, en la cultura de la población.
Nos comprometemos, desde hoy, a iniciar las inversiones necesarias. Vamos a mejorar el suministro, la atención, y los costos de generación, pero también vamos a reforzar la vigilancia, para terminar con los abusos.
La meta que nos hemos propuesto, es llevar las pérdidas del 36% actual a un 25% al final del año 2016.
Para que se hagan una idea de lo que perdemos anualmente, por aquellas personas que consumen energía y no la pagan, solo esa reducción del 11% en las pérdidas, significará una recaudación adicional de cerca de 200 millones de dólares anuales.
Las acciones que vamos a desarrollar, se enfocan en dos frentes fundamentales: en primer lugar, implementaremos una moderna Plataforma de Tele-medición en las Distribuidoras, que incluirá un software de última generación, así como la instalación de 500 mil nuevos tele-medidores y 43 mil equipos de medida para macro-mediciones. Esto permitirá, monitorear y controlar la energía servida a los clientes industriales, comerciales y residenciales, localizados en los grandes centros urbanos de todo el país.
En segundo lugar, rehabilitaremos las redes eléctricas e instalaremos 700,000 nuevos medidores a clientes ubicados en circuitos suburbanos y municipios donde se registran los mayores niveles de pérdidas del país. Aplicaremos soluciones técnicas y comerciales, para reducir el fraude y ampliar la continuidad del servicio a 24 horas, apoyados en una gestión social, enfocada en educar y comprometer a las comunidades, con el cambio de cultura del pago del servicio eléctrico.
Toda esta transformación implicará comprometernos con un plan de inversión de cuatro años, a razón de 145 millones de dólares por año, que será agenciado, con la banca multilateral y agencias de exportación.
Por último, el tercer pilar del plan integral para el sector eléctrico, la mejora en la gestión de las empresas del sector, incluye acciones en cuatro ámbitos fundamentales: comercial, financiero, tecnológico y legal. Las reformas abarcan desde mejoras en la recaudación y la calidad del servicio, hasta estrategias para maximizar la capacidad de financiamiento, optimización de las estructuras tecnológicas y creación de mecanismos legales para sancionar a quien viole la ley.
En definitiva, se trata de un esfuerzo sin precedentes para la completa modernización del sector.
Nuestro objetivo es que al final del periodo presidencial podamos dar por resuelto este problema de forma definitiva y encarar una nueva etapa para el desarrollo en nuestro República.
Honorables asambleístas,
Dominicanos y Dominicanas,
Quiero darles ahora algunas pinceladas sobre el contexto macroeconómico que vive nuestro país y que, si bien nos plantea importantes retos, también es motivo de optimismo para nuestro gobierno.
A pesar de las dificultades originadas en el entorno internacional, nuestro país cerró el año 2012 con un crecimiento cercano a 4%, superior al promedio de 3.1% que alcanzó América Latina según estimaciones de la CEPAL.
Desde el gobierno reiteramos hoy nuestro propósito de trabajar sin descanso para que la economía siga creciendo, y también para garantizar que sus frutos se distribuyan equitativamente.
Es importante resaltar que prácticamente todas las economías del mundo vieron enfriarse su crecimiento en 2012, incluyendo China y la India, que parecían invulnerables. Afortunadamente las últimas noticias provenientes de los EUA, Europa y Asia apuntan hacia cierto mejoramiento durante el 2013.
Varios sectores tuvieron en 2012 un desempeño positivo, destacando la minería que creció 42%. Energía y agua, que aumentó 7.7%. Intermediación financiera con 7.3%. Salud, con 5.9%. Enseñanza con 4.5%. La agropecuaria, con un incremento de 4.1%. El comercio con 4%. Transporte 3.4%. Y hoteles, bares y restaurantes, que creció lo mismo que el sector comunicaciones, 3.2%.
Fruto de ese desempeño, el PIB per cápita de la República Dominicana alcanzó un nivel de 5 mil 762 dólares y, así, el producto total dominicano, es el más alto de la región de Centroamérica.
La inflación fue de 3.9%, la más baja de los últimos veinte años y, aunque en 2013 subirá algo como efecto inmediato de los ajustes impositivos que fueron aprobados, se espera que no supere el 5%, por el firme compromiso de la actual gestión con el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica.
Como una forma de estimular la economía, y considerando la baja tasa de inflación, la autoridad monetaria viene aplicando, cuidadosamente, una política de reducción de las tasas de interés de referencia, influyendo sobre las tasas bancarias y fomentando así la reactivación del crédito al sector privado, a partir del segundo semestre del año pasado.
En efecto, entre los meses de agosto y diciembre de 2012, los préstamos al sector privado, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, aumentaron en casi 31 mil millones de pesos, revertiéndose la tendencia a la baja que se había observado durante la primera parte del año anterior.
Pese al lento crecimiento económico de la UE y los Estados Unidos, las exportaciones dominicanas lograron crecer durante 2012, superando los 9 mil millones de dólares que, si bien no es suficiente para corregir el déficit externo, constituye el mayor nivel en la historia dominicana.
Es importante destacar el repunte que están experimentando las Zonas Francas, que reportaron exportaciones cercanas a los 5 mil millones de dólares, mostrando la clara recuperación, fruto de una mayor diversificación del sector.
Las remesas, sin embargo, sufrieron una leve reducción de 1.3%, debido, fundamentalmente, a la situación de desempleo que registran los países europeos donde residen muchos dominicanos, como es el caso de España.
A pesar de ello, los recursos recibidos de los dominicanos en el exterior ascendieron a 3 mil 158 millones de dólares en 2012.
Desde hace algún tiempo, el sector financiero se mantiene fuerte y en crecimiento, pues se adoptaron las decisiones para fortalecer la regulación y vigilancia, de modo que hoy exhibe altos niveles de capitalización, estabilidad, solidez y solvencia.
Sus activos totales se incrementaron en 9.1 % en 2012. Sus clientes registran niveles de morosidad o atrasos de apenas 3.4% y la solvencia consolidada de todos los intermediarios financieros es de 18.2%, muy superior al 10% que exigen los estándares internacionales.
El gobierno ha mostrado desde el primer día su actitud responsable en el manejo macroeconómico y aplicó a partir de agosto una política de control y racionalización del gasto, que permitió que de septiembre en adelante las erogaciones se redujeran casi la mitad con respecto al nivel que mantenían en los meses previos.
La nueva administración ha emprendido una lucha frontal contra el déficit presupuestario, para alejar el fantasma de la inestabilidad macroeconómica.
La gestión financiera del Estado Dominicano se está transformando, para que no siga siendo vista con recelo por los organizaciones internacionales y por nuestros propios ciudadanos. Es preciso someter a las instituciones públicas a un proceso de reingeniería para que desarrollen la capacidad necesaria para impulsar esta visión. Tenemos que cambiar los hábitos y actitudes entre nuestra burocracia, y yo estoy vigilando para que así se haga.
Señoras y señores
Nuestro gobierno tiene un firme compromiso con el principio de la seguridad jurídica para la inversión. Soy un fiel creyente en la sana inversión extranjera para estimular el crecimiento del ingreso, el empleo, la reducción de la pobreza y la generación de divisas, en economías emergentes como la nuestra.
En este contexto, quiero ahora referirme a un tema que desde hace meses se viene debatiendo en el país, y sobre el cual un número creciente de sectores, grupos, y líderes de la sociedad dominicana han estado reclamando una definición del Gobierno. Me refiero, al contrato entre el Estado dominicano y la empresa Barrick Pueblo Viejo.
La inversión extranjera que se ha producido en el Proyecto Barrick Pueblo Viejo es la de mayor envergadura que ha tenido lugar en el país en toda la historia.
Se estima que la inversión realizada alcanza más de 3 mil millones de dólares, monto que deberá ser validado por la auditoría que el Estado dominicano contrató con la SGS de Suiza.
Estoy convencido de que la Barrick es una empresa seria, comprometida con una minería responsable, y cumplidora de las normas y mejores prácticas para proteger nuestro medio ambiente.
Dicho lo anterior, paso a referirme a un aspecto que consideramos merece atención especial, tanto por parte del Gobierno como de la empresa Barrick Pueblo Viejo: los beneficios fiscales que genera el proyecto y la nueva situación que se ha presentado, luego de que los precios del oro en el mercado de Londres hayan registrado niveles de entre mil 600 y mil 900 dólares la onza en los últimos años, como consecuencia de la fuerte expansión de la liquidez mundial y la incertidumbre provocada por el colapso de Lehman Brothers en septiembre de 2008.
El 25 de marzo de 2002, fecha en que se aprobó el Contrato para la explotación del oro entre el Estado dominicano y la empresa Placer Dome, el precio del oro en el mercado de Londres cerró en 298 dólares la onza.
Ese contrato fue adquirido por Barrick Gold cuando el 19 de enero del 2006 esta empresa compró las acciones de Placer Dome. El día de la compra de las acciones, el precio del oro cerró en 555 dólares la onza.
El 27 de septiembre del 2007, Barrick Gold solicitó, a través de carta dirigida a la Ministerio de Industria y Comercio, la flexibilización de los aspectos fiscales del contrato que el Gobierno había acordado con Placer Dome. Ese día el precio del oro cerró en 732 dólares la onza.
A pesar de que el Gobierno dominicano podía aferrarse a lo establecido en el Contrato original con Placer Dome, mostrando una actitud de apertura y flexibilidad, aceptó sentarse en la mesa de negociación con la empresa Barrick Gold, para revisar los aspectos fiscales del Contrato que esta había adquirido.
El 11 de noviembre de 2009, la Cámara de Diputados aprobó la enmienda al contrato con Placer Dome, en el cual se establecieron modificaciones al régimen fiscal del contrato.
Como acertadamente sentenció el Presidente Barack Obama en su discurso inaugural el pasado 21 de enero, “cuando los tiempos cambian, nosotros también debemos cambiar”. Y nadie, absolutamente nadie, puede negar que luego de la crisis financiera de 2008, los tiempos de hoy son muy diferentes a los de principios de la década.
El hecho de que el precio del oro sea actualmente casi 6 veces más alto que el de marzo del 2002, es un reflejo de la magnitud del cambio.
Fue eso lo que nos motivó, desde que asumimos la Presidencia de la República el pasado 16 de agosto del 2012, a designar una Comisión Oficial de Alto Nivel, bajo la coordinación del Ministro de la Presidencia, con el mandato de iniciar conversaciones con los ejecutivos de la empresa Barrick Pueblo Viejo.
El objetivo de la comisión es acordar modificaciones al esquema fiscal establecido en el contrato, dado el cambio dramático que ha tenido lugar en el precio del oro en el mercado de Londres.
Decenas de reuniones han tenido lugar en los últimos seis meses, sin que a la fecha se haya logrado convencer a la empresa sobre la necesidad y la urgencia de hacer las correcciones necesarias al esquema actual de distribución de los ingresos, entre la empresa y el Estado dominicano, derivada de la explotación del oro.
A lo sumo, lo único que la empresa ha ofrecido es la posibilidad de adelantar el pago de impuestos futuros, lo que implicaría que el Gobierno actual estaría apropiándose de recursos que le corresponderían a las próximas administraciones.
Que no le quepa duda a nadie. Para quien les habla, una operación como la planteada por los ejecutivos de Barrick Pueblo Viejo no encaja dentro de los principios éticos y morales sobre los que se fundamenta nuestra administración.
Bajo el esquema fiscal establecido en la más reciente versión del contrato para la explotación de oro en Pueblo Viejo, con un precio promedio de mil 700 dólares la onza de oro y 28 dólares la onza de plata, la empresa Barrick Pueblo Viejo obtendría ingresos netos de costos operativos por 2 mil 600 millones de dólares en los dos primeros años de producción, asumiendo exportaciones de 1 millón de onzas de oro y poco más de 2 millones de onzas de plata. Es decir, la empresa estaría recuperando el monto total invertido en poco más de dos años.
Nunca antes, en la historia de la humanidad, se ha verificado un caso en el cual una empresa minera haya podido recuperar su inversión en tan poco tiempo, mientras el Estado del país receptor de la inversión estaría recibiendo migajas durante esos primeros años.
De los mil 753 millones de dólares de ingresos anuales de exportación, el Gobierno dominicano apenas recibiría 56 millones de dólares.
En otras palabras, durante los primeros años, de cada 100 dólares de ingresos de la exportación de oro y otros metales, la Barrick recibiría
97 dólares y el pueblo dominicano tres.
Dominicanas y dominicanos.
¡Eso es sencillamente INACEPTABLE!
Estoy consciente que ni el Gobierno ni Barrick Pueblo Viejo tienen la culpa de este resultado. La verdad es que ninguno de los dos previeron, y quizás no podían prever, lo que iba a suceder con el precio del oro luego de la crisis financiera global que estalló en septiembre del 2008.
Pero la realidad es que la situación cambió. Que las circunstancias ahora son muy diferentes. Y si por mutuo acuerdo no modificamos los términos fiscales del contrato durante los primeros años, la Barrick se quedaría prácticamente con todo y el pueblo dominicano con nada.
Dominicanos y dominicanas,
Yo, Danilo Medina, les aseguro que eso no sucederá.
Quiero hacer hoy un último llamado a los ejecutivos de la Barrick Pueblo Viejo para que accedan a revisar los aspectos fiscales del contrato, pues el esquema actual de distribución de ingresos, luego del alza en los precios del oro en el mercado mundial, es inaceptable.
Hasta ahora hemos sido pacientes. Pero la paciencia tiene un límite. Y más para un gobierno que está a diario en la calle y ve dibujadas en el rostro de nuestra gente las urgencias de una mayor inversión de recursos, que le permitan mejorar sus condiciones de vida.
Si la empresa Barrick Pueblo Viejo mantiene la posición intransigente que ha exhibido hasta ahora, el gobierno no se puede quedar de brazos cruzados.
Pasado un plazo prudente, someteremos al Congreso Nacional un proyecto de ley que establecerá un Impuesto sobre los Ingresos Inesperados de las empresas exportadoras de minerales, el cual gravará, con una tasa justa, el excedente entre el valor de las exportaciones de minerales a los precios en el momento en que se realicen las mismas y el precio de referencia para cada uno de los minerales.
Ese precio se fijará en función de los precios vigentes en los tiempos en que los contratos originales fueron adquiridos u otorgados a las actuales empresas dedicadas a la explotación de minerales. El impuesto sobre los ingresos inesperados liquidado operaría como un crédito para el pago del impuesto de participación sobre las utilidades netas (PUN) de 28.75%.
Los ingresos que se obtengan de este impuesto serán destinados a la inversión social y al combate de la pobreza.
Estoy seguro que esta iniciativa recibirá el apoyo mayoritario y expedito de los legisladores de todos nuestros partidos políticos presentes en esta Asamblea Nacional.
Sé que algunas empresas argumentarán que sus contratos contienen cláusulas de estabilidad fiscal durante la vigencia de los mismos que impiden la creación de nuevos impuestos que las afecten.
Mi respuesta a esa argumentación es la siguiente. Primero, la introducción del nuevo impuesto no reducirá el valor del contrato original adquirido u otorgado a la empresa. Lo que el nuevo impuesto haría sería distribuir el aumento en el valor del contrato, generado por el alza inesperada de los precios, asignándole un porcentaje justo del incremento al pueblo dominicano y el resto a la empresa.
Segundo, al igual que sucede en los países desarrollados que rechazan las solicitudes de cláusulas de estabilidad fiscal, en nuestro caso las decisiones que hayan tomado los Poderes Legislativos en el 2002 y el 2009, no pueden atar de manos al actual ni a los futuros Congresos que elija el pueblo dominicano, pues esto violaría los derechos de soberanía.
No es por casualidad que Estados Unidos, Canadá e Inglaterra no permiten la inclusión de este tipo de cláusulas en los contratos de explotación petrolera y minera.
Y tercero, el contrato inicial con Placer Dome contenía cláusulas de estabilidad fiscal similares y el Gobierno, a solicitud de la Barrick Gold, accedió a sentarse en la mesa de negociaciones para modificarlo a favor de la empresa.
Ahora, que los elevados precios favorecerían de manera exagerada y exclusiva a la empresa en los primeros años, corresponde a la empresa aceptar la invitación del Gobierno para que, por mutuo acuerdo, modifiquemos la distribución de los ingresos que generará la explotación del oro de Pueblo Viejo.
Las modificaciones de los esquemas fiscales acordados con las empresas petroleras y de minerales han sido la regla y no la excepción en el mundo minero, a raíz de los aumentos inesperados de precios que han tenido lugar en los últimos años.
Lo que el Gobierno dominicano está requiriendo, no es algo muy diferente a los cambios fiscales ejecutados en: Argelia en 2006, en Argentina en 2002, 2004 y 2006, en Australia en 2008, en Bolivia en 2005, 2006 y 2007, en Canadá en 2007, en China en 2006, en Ecuador en 2006, 2007 y 2008, en India en 2008, en Inglaterra en 2002 y 2005, en Italia en 2008, en Kazajistán en 2008, en Mongolia en 2006, en Nigeria en 2008, en Papúa Nueva Guinea en 2008, en Rusia en 2002 y 2003, en Estados Unidos en 2005, 2006 y 2007, en Venezuela del 2002 al 2008, en Vietnam en 2008, y en Zambia en el 2008.
No somos, por tanto, los únicos que estamos reclamando una mayor justicia distributiva de los beneficios generados por la explotación de los recursos no renovables.
Señoras y señores;
Quiero que me escuchen bien: El oro que subyace en el suelo de la patria de Duarte, Sánchez, Mella y Luperon, es del pueblo dominicano.
¡De nadie más!
Y sólo podrá ser extraído, procesado y exportado, si las condiciones de distribución de los ingresos generados por la explotación de este recurso no renovable, son justas y favorables para las dominicanas y los dominicanos. Y en los actuales momentos no lo son.
De todas formas, les repito, el Gobierno favorecerá el mantenimiento del mejor clima para la inversión nacional y extranjera.
Distinguidos Legisladores
Estamos probando, con los hechos, que las políticas económicas y sociales pueden y deben caminar de la mano y en armonía. Les dije muchas veces que la mejor política económica es el combate a la pobreza. Que la protección social no está reñida con la eficiencia y la responsabilidad fiscal. Y estamos dando muestra de que es posible encontrar ese equilibrio.
Paso a paso, vamos sentando las bases para un nuevo modelo de desarrollo, centrado en mejorar la calidad de vida de las personas, familias y comunidades, para alcanzar un crecimiento más estable y más justo.
Es cierto que el camino del desarrollo es largo, y a veces difícil de transitar, pero estén seguros de que en nuestra gestión se crearán las condiciones para avanzar con pasos firmes.
A todo el pueblo dominicano le digo:
Tengan confianza. Tengan esperanza y optimismo, porque estamos cada vez más cerca de nuestros sueños.
En estos 6 meses hemos trabajado como prometimos, con el oído en corazón del pueblo, con el mejor espíritu de servicio y siempre desde el amor a nuestra patria.
Señoras y señores,
Les dije durante la campaña que cada maestro tiene su librito. Es decir, que establecería mi propio estilo de gobierno y que renovaría la política dominicana.
Los que me conocen bien saben que yo prefiero hablar con hechos, más que con palabras. Y así es como quiero hacerle llegar a la gente mi sincero compromiso con el mandato presidencial que me otorgaron.
Así, con acciones y predicando con el ejemplo, hemos mostrado nuestra voluntad de liderar un gobierno responsable, coherente y comprometido con el comportamiento ético y el respeto a la ley.
Hemos establecido también un rumbo claro y una voluntad férrea de cumplir con lo escrito en nuestro programa de gobierno.
Hemos dado prueba de nuestra vocación de servicio y de nuestro compromiso con las demandas del pueblo.
Hemos reafirmado nuestra vocación de ser un gobierno de unidad, defensor de la democracia y que trabaja para todos por igual.
Y con ese ejemplo queremos seguir entusiasmando a todo el país.
Dominicanos y dominicanas,
Sé, porque lo siento en las calles y en las comunidades que visito, que una nueva esperanza está creciendo en nuestro pueblo.
Es una luz que se ha encendido en nuestros corazones y que nos dice que “hacer lo que nunca se ha hecho” no es solo una frase.
Es, cada día más, una realidad que se está abriendo paso, a través de las dificultades y de los obstáculos, para mostrarnos que se puede hacer política de otra forma, que se puede transformar un país, que se puede soñar y hacer realidad esos sueños.
Nace un nuevo país, que sabe que es posible, hacer una revolución pacífica y democrática. Que es posible, revolucionar la calidad de nuestra educación. Que es posible, revolucionar nuestra producción energética, nuestra agricultura, nuestra industria y nuestro turismo.
Sabemos que el camino es largo, que no serán pocas las batallas que tengamos que librar. Pero les digo: también las libraron nuestros héroes y libertadores. También sufrieron y esperaron, pero nunca se apartaron de su rumbo.
Podemos y debemos ser optimistas, esforzarnos cada día por superar las dificultades y aprovechar las oportunidades.
Cuento con todos los dominicanos y dominicanas de buena voluntad para seguir conquistando nuevas metas de equidad, prosperidad, paz, libertad y felicidad para nuestro país.
Cuento con su energía, su motivación, su talento y su deseo de superación para mantener viva la llama de Duarte y el amor a nuestra Patria.
Agradezco a Dios todopoderoso la oportunidad de servir a mi país
y a nuestros ciudadanos.
Cuenten ustedes con nuestra voluntad y entrega para servir a esta tierra que es patrimonio de todos.
Que Dios les bendiga a todos.
¡Manos a la obra!
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27 de febrero de 2013
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