San Juan, Puerto Rico (EFE).- El presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos en Puerto Rico, José Rodríguez, denunció la violación de los derechos civiles a la población dominicana residente en la isla por parte de la Policía puertorriqueña.
Rodríguez participó en la presentación del informe anual de Amnistía Internacional en San Juan, donde aprovechó para señalar que existe dentro de la Policía de la isla caribeña un ala reaccionaria que actúa como órgano de represión contra los dominicanos.
"La violación de los derechos civiles continúa", indicó Rodríguez, para quien en el seno de la Policía de Puerto Rico hay elementos fuera de control que se dedican a hostigar a los dominicanos.
Rodríguez relató que él y su familia han sido acosados por agentes de la Policía de Puerto Rico y aseguró temer por su vida.
El director de Amnistía Internacional Puerto Rico, Pedro Santiago, dijo sobre el asunto que su organización no cuenta con datos para corroborar las denuncias de Rodríguez.
Santiago reconoció, sin embargo, que sí tiene conocimiento de casos de agentes de la Policía de Puerto Rico con varios expedientes graves que continúan de servicio sin haber sido sancionados.
"Hay discriminación institucionalizada", dijo Santiago sobre el comportamiento de algunos agentes de las fuerzas del orden de la isla caribeña.
Sobre el asunto también se pronunció el director de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) sección de Puerto Rico, William Ramírez, quien sostuvo que dentro de la Policía de Puerto Rico hay un "problema estructural respecto a los derechos humanos".
"Se trata de individuos -de la Policía- que por xenofobia personal han ido más lejos", apuntó Ramírez, para quien en Puerto Rico no se ha prestado la suficiente atención al trato de las fuerzas del orden contra la comunidad dominicana.
El jefe de la Policía de Puerto Rico, Héctor Pesquera, había dicho en 2012 sobre un informe de ACLU que denunciaba que existe brutalidad por parte de las fuerzas de seguridad de la isla caribeña, que se trató de una denuncia irresponsable.
Según ese informe de ACLU de 2012, en Puerto Rico la Policía lleva a cabo medidas de fuerza excesiva contra civiles, especialmente en comunidades con bajos ingresos, personas de color y de origen dominicano.
El informe aseguraba además que entre 2010 y 2011 al menos 21 civiles murieron a manos de agentes de la Policía de Puerto Rico.
Ramírez señaló que gracias a las denuncias contra la Policía de Puerto Rico a partir del próximo mes de junio las fuerzas de seguridad de la isla caribeña serán supervisadas por el Tribunal Federal en San Juan.
Amnistía Internacional aprovechó la presentación del informe de los derechos humanos en el mundo para pedir que el Legislativo local apruebe varios proyectos de ley en favor de la igualdad de derechos de los homosexuales en Puerto Rico.
"Es el momento de ser valientes", dijo Ramírez, para quien los prejuicios no pueden condicionar las leyes.
Ramírez se refería al proyecto 238, estancado por la oposición de un grupo de legisladores en la Cámara baja.
El proyecto, que cuenta con el apoyado del Ejecutivo, enmienda una decena de estatutos, incluida la Ley de Derechos Civiles, y el Código Penal de Puerto Rico.
El proyecto de ley establece que no se podrá utilizar la orientación sexual o la identidad de género para "negar, restringir, limitar, obstruir o coartar la protección dispuesta" en los mandatos constitucionales sobre la inviolabilidad de la dignidad del ser humano y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. EFE
"La violación de los derechos civiles continúa", indicó Rodríguez, para quien en el seno de la Policía de Puerto Rico hay elementos fuera de control que se dedican a hostigar a los dominicanos.
Rodríguez relató que él y su familia han sido acosados por agentes de la Policía de Puerto Rico y aseguró temer por su vida.
El director de Amnistía Internacional Puerto Rico, Pedro Santiago, dijo sobre el asunto que su organización no cuenta con datos para corroborar las denuncias de Rodríguez.
Santiago reconoció, sin embargo, que sí tiene conocimiento de casos de agentes de la Policía de Puerto Rico con varios expedientes graves que continúan de servicio sin haber sido sancionados.
"Hay discriminación institucionalizada", dijo Santiago sobre el comportamiento de algunos agentes de las fuerzas del orden de la isla caribeña.
Sobre el asunto también se pronunció el director de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) sección de Puerto Rico, William Ramírez, quien sostuvo que dentro de la Policía de Puerto Rico hay un "problema estructural respecto a los derechos humanos".
"Se trata de individuos -de la Policía- que por xenofobia personal han ido más lejos", apuntó Ramírez, para quien en Puerto Rico no se ha prestado la suficiente atención al trato de las fuerzas del orden contra la comunidad dominicana.
El jefe de la Policía de Puerto Rico, Héctor Pesquera, había dicho en 2012 sobre un informe de ACLU que denunciaba que existe brutalidad por parte de las fuerzas de seguridad de la isla caribeña, que se trató de una denuncia irresponsable.
Según ese informe de ACLU de 2012, en Puerto Rico la Policía lleva a cabo medidas de fuerza excesiva contra civiles, especialmente en comunidades con bajos ingresos, personas de color y de origen dominicano.
El informe aseguraba además que entre 2010 y 2011 al menos 21 civiles murieron a manos de agentes de la Policía de Puerto Rico.
Ramírez señaló que gracias a las denuncias contra la Policía de Puerto Rico a partir del próximo mes de junio las fuerzas de seguridad de la isla caribeña serán supervisadas por el Tribunal Federal en San Juan.
Amnistía Internacional aprovechó la presentación del informe de los derechos humanos en el mundo para pedir que el Legislativo local apruebe varios proyectos de ley en favor de la igualdad de derechos de los homosexuales en Puerto Rico.
"Es el momento de ser valientes", dijo Ramírez, para quien los prejuicios no pueden condicionar las leyes.
Ramírez se refería al proyecto 238, estancado por la oposición de un grupo de legisladores en la Cámara baja.
El proyecto, que cuenta con el apoyado del Ejecutivo, enmienda una decena de estatutos, incluida la Ley de Derechos Civiles, y el Código Penal de Puerto Rico.
El proyecto de ley establece que no se podrá utilizar la orientación sexual o la identidad de género para "negar, restringir, limitar, obstruir o coartar la protección dispuesta" en los mandatos constitucionales sobre la inviolabilidad de la dignidad del ser humano y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. EFE
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