San Juan, 30 sep (EFE).- Las autoridades de Puerto Rico están expectantes ante la posibilidad de un cierre parcial del Gobierno federal de EE.UU. esta medianoche, lo que afectaría a miles de trabajadores públicos y a sectores estratégicos de la isla.
El representante de Puerto Rico ante el Congreso en Washington, Pedro Pierluisi, alertó hoy en un comunicado de que si se produce el tan temido cierre de operaciones, se verán afectadas labores tan importantes como la seguridad de los aeropuertos o el funcionamiento de las oficinas de Administración del Seguro Social en la isla, estado libre asociado de EE.UU.
Pierluisi destacó que también repercutirá en tareas como el procesamiento de solicitud de visados o la entrega de ayudas económicas federales, de las que depende un importante porcentaje de puertorriqueños.
Recordó que hay 10.000 empleados federales en Puerto Rico y muchos de ellos, los que no sean esenciales, no podrán trabajar durante este posible cierre ni recibirán sus salarios.
El secretario de Estado de la isla, David Bernier, señaló que las autoridades puertorriqueñas confían en que no se haga efectivo el cierre parcial de las actividades del Gobierno federal a partir de esta medianoche, lo que depende de que el Senado, de mayoría republicana, apruebe una financiación adicional hasta el 15 de diciembre.
La sección local de la Federación de Empleados del Gobierno federal (AFGE) dio a conocer que no cuenta con notificación oficial sobre qué empleados son considerados no esenciales y que, por tanto, podrían tener que interrumpir sus tareas a partir de la medianoche.
El presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., el republicano John Boehner, señaló hoy sobre el asunto que está en manos del Senado aprobar la financiación necesaria para evitar un cierre parcial de las actividades del Gobierno federal a partir de medianoche.
Esa cámara, de mayoría republicana, aprobó el domingo un proyecto presupuestario que extiende los fondos para el Gobierno hasta el 15 de diciembre, pero al mismo tiempo exige un retraso en la implementación de la reforma sanitaria, una demanda que la Casa Blanca y los demócratas consideran inaceptable.DE EFE
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