EFE
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) comenzó hoy en México una audiencia pública en la que escucha los alegatos de víctimas de presuntos actos de "detención arbitraria y expulsión sumaria", ocurridos entre 1994 y 2000 en República Dominicana, y a cinco peritos que valoraron el caso.
Los afectados son personas que vivían en República Dominicana y fueron expulsados a Haití, y que hoy "viven en situación de precariedad e incertidumbre" derivado de aquellos hechos, sostuvo Felipe González, representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La audiencia aborda el caso "Tide Méndez y otros contra República Dominicana" sobre la supuesta deportación colectiva de 27 personas, 22 de las cuales eran dominicanas, dentro los trabajos del XLVIII período extraordinario de sesiones de la CorteIDH que se celebra en Ciudad de México.
González señaló que, para la CIDH, "todas las víctimas del caso, tanto nacionales de República Dominicana como haitianos, fueron deportadas arbitrariamente en el marco de una política migratoria que operaba de facto y que se basaba, no en criterios objetivos, sino exclusivamente en el perfil racial de las personas".
El primero en comparecer fue el dominicano William Medina Ferreras, quien adujo que fue detenido por personal de la Marina de su país junto con su esposa e hijos, y expulsado de su propio país hacia Haití.
Sus compatriotas le encarcelaron junto a su familia, le acusaron de "ser haitiano" y le expulsaron de Oviedo, donde vivía, lo que le causó un perjuicio económico que dura hasta hoy.
La audiencia permite a ambas partes, la defensa de las víctimas y a la representación de República Dominicana, así como a la CIDH y a los jueces de la CorteIDH, presentar sus alegatos en el caso.
También intervino el perito argentino Pablo Seriani, propuesto por la CIDH, quien recordó el "carácter regresivo de diversas leyes y prácticas migratorias" para las personas afectadas por ellas.
Seriani dijo que la expulsión de personas indocumentadas es "la acción más coactiva frente a un abanico amplio de respuestas posibles" y que la misma tiene "naturaleza sancionatoria".
Añadió que la detención de migrantes "no puede constituir una medida punitiva" ante sanciones de tipo "administrativo", sino que "debe ser una medida excepcional".
La audiencia pública sobre este caso continuará este miércoles en la capital mexicana, aunque la CorteIDH no emitirá una sentencia inmediata pues habrá un plazo complementario para que las partes puedan ampliar sus alegatos por escrito.
Esta es la segunda ocasión en que se lleva a cabo en México un periodo extraordinario de sesiones de la CorteIDH, tras haberse celebrado otro en diciembre de 2008.
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