Los jueces Mildred Hernández, Diómedes Villalona y Joaldo Hernández, decidieron el aplazamiento a petición de los representantes legales de Salud Pública, con el objetivo de contar con más tiempo para presentar pruebas del caso.
La defensa de Contreras se mostró contraria a la decisión por considerarla "improcedente", ya que el recurso se interpuso el pasado 17 de mayo, y desde entonces Salud Pública no ha presentado pruebas, criticó el abogado Julio Hernández.
Según el letrado, el Ministerio de Salud Pública violó los derechos fundamentales de su cliente, garantizados en la Constitución, al suspender el execuátur sin que existiera acusación en ese momento y sin que hubiese una sentencia definitiva.
Además, acusó a Salud Pública de actuar de forma "abusiva" contra el cirujano, que se ha visto perjudicado por este proceso, con la pérdida de muchos clientes, al no poder ejercer su profesión desde hace dos meses y debido al cierre cautelar de su clínica.
Contreras explicó que la decisión de Salud Pública ha supuesto el despido de unos 70 empleados del centro quirúrgico que, actualmente, vuelve a estar abierto.
El pasado 5 de mayo, el Ministerio suspendió el execuátur a Contreras mientras se investiga la muerte de Sharilene Cedeño, de 23 años, ocurrida el pasado 23 de abril en la clínica del cirujano tras haberse sometido a una liposucción.
Dos días después de esta muerte, el centro de cirugía estética fue cerrado por la Fiscalía del Distrito Nacional. EFE
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