Santo Domingo.-Estados Unidos inició el proceso para eliminar el visado a los imputados por el caso de sobornos de Odebrecht que están en libertad, mientras que un grupo de los fiscales que trabajaron el caso en ese país vendrán a darle apoyo a la Procuraduría para la instrumentación del expediente acusatorio.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos tramitó la cancelación del visado de los imputados, exceptuando a Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, quienes aún guardan prisión, y del senador Tommy Galán, quien tiene la doble nacionalidad (dominicana y estadounidense). Tampoco se le retiró a Bernardo Castellanos, quien se encuentra prófugo y en su contra está vigente una orden internacional de captura.
El equipo de fiscales que vendrá al país a asistir a la Procuraduría General de la República llegará en esta semana, dentro del marco de cooperación internacional.
Una fuente explicó a EL DÍA que estos son parte del equipo que trabajó en Estados Unidos el caso de las prácticas ilegales de la empresa constructora brasileña para obtener contratos en unos doce países, incluyendo República Dominicana.
La decisión de las autoridades norteamericanas de retirar el visado a los dominicanos acusados por el Ministerio Público dominicano empezó a serles notificada a los afectados durante el fin de semana.
La apelación
El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, dijo ayer esperar que los imputados a los que el domingo se les eliminó la prisión preventiva como medida de coerción no afecten las investigaciones locales, debido a maniobras que puedan realizar algunos de los involucrados con “la finalidad de obstruirlas e incluso para sustraerse del proceso”.
En una declaración escrita, el jefe del Ministerio Público dijo respetar la decisión de los jueces de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, que varió las medidas de coerción a varios de los implicados en el caso de los sobornos pagados por Odebrecht, pero reiteró sus temores de que la misma pueda afectar las investigaciones.
La investigación
Rodríguez consideró que la misma decisión del tribunal de mantener medida de coerción contra todos los implicados, incluyendo prisión preventiva contra dos de ellos, es “un reconocimiento irrefutable a la calidad del trabajo investigativo realizado hasta el momento”.
El procurador resaltó que por esto la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia rechazó todas las objeciones presentadas por los abogados defensores de los involucrados contra las diligencias investigativas realizadas por el organismo de persecución penal que encabeza, incluyendo la improcedente solicitud de que fueran declarados ilegales los arrestos efectuados el 29 de mayo del presente año.
Rodríguez calificó de extemporáneas las motivaciones para el voto disidente de la jueza Miriam Germán Brito, en razón de que en la etapa procesal en que se encuentra este caso, que son para medidas de coerción, las evidencias obtenidas hasta el momento son más que suficientes para dictar o mantener medidas de coerción, como al efecto las dictó el juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco. Indicó que el pronunciamiento de la magistrada Germán Brito corresponde más bien para cuando se efectúe el juicio preliminar o el de fondo.
Variación de medidas
La Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia varió la medida de coerción de prisión preventiva a garantía económica para Temístocles Montás, Andrés Bautista, Conrado Pittaluga, César Sánchez y Ruddy González.
Mantuvo la prisión preventiva de un año para el empresario Ángel Rondón y de nueve meses para Víctor Díaz Rúa. Cambió la prisión domiciliaria por el pago de fianza a Radhamés Segura. Mantuvo el impedimento de salida contra el diputado opositor Alfredo Pacheco.
Varios países cooperarán en las pesquisas
El Procurador manifestó que el Ministerio Público se auxiliará de la cooperación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Ministerio Público de Brasil, así como de otras autoridades de naciones europeas y latinoamericanas para continuar las investigaciones del caso.
Dijo que con esa cooperación se busca obtener evidencias adicionales a las que se poseen hasta el momento, las cuales se harán valer al momento de presentación formal de las acusaciones en contra de los imputados, para lo cual tiene un plazo de ocho meses.
Reafirmó que mediante esta ampliación y profundización de la investigación también se persigue establecer con precisión si otras personas comprometieron su responsabilidad penal en el entramado de sobornos que Odebrecht desarrolló en el país, garantizando que quienes sea que resulten involucrados, tal como se ha hecho y corresponde, también serán puestos a disposición de la Justicia.
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