El Canal, empresa pública de la región de Madrid, adquirió Inassa por 73 millones de dólares en 2001, la convirtió en su filial y a través de ella llevó a cabo diferentes operaciones de compraventa de compañías en varios países de Iberoamérica, como Brasil, Colombia, Panamá y la República Dominicana.
La investigación forma parte del conocido como "caso Lezo", por el que en abril de 2017 fueron detenidas una docena de personas por los presuntos delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios.
El juez considera que la cantidad pagada por Inassa pudo implicar "una sobrevaloración claramente perjudicial" para los intereses del Canal y porque la operación se hizo a través de una "compleja estructura societaria" que contravino los acuerdos del consejo de administración del Canal y de la Comunidad Autónoma de Madrid.
La Justicia española está investigando Alberto Ruiz-Gallardón por la compra de Inassa cuando él era presidente regional de Madrid. Y otro antiguo presidente de Madrid, Ignacio González, está en libertad provisional por el "caso Lezo".
El grupo conjunto de investigación surgió en el viaje a Colombia, Panamá y República Dominicana que realizaron, entre el 16 y el 24 de abril, el juez de Lezo, Manuel García Castellón, la fiscal del caso y un miembro de la Unidad Central Operativa (grupo policial de investigación) para "avanzar" en las diversas comisiones rogatorias cursadas a esos países.
Según un comunicado de la Fiscalía General española, la comisión judicial mantuvo "diversas reuniones" con los fiscales encargados del cumplimiento de las referidas comisiones rogatorias.
Fueron recibidos por el fiscal general de Colombia y por el secretario general de la Procuraduría de Panamá, que, en todo momento, "facilitaron la ejecución de la asistencia judicial solicitada".
En el caso de Panamá, la Fiscalía española destacó, además, que fue "la primera vez que autoridades españolas se han desplazado y han participado en la ejecución de diligencias de requerimiento a sociedades panameñas, aportando sin restricción alguna toda la información que les ha sido solicitada".
Por todo ello, desde la Fiscalía agradecen "la excelente" colaboración de esos países para agilizar las diligencias requeridas por las autoridades españolas.
En especial, se resalta la prestada por Colombia y Panamá, países ambos que no solo han facilitado toda la información requerida sino que incluso han permitido "participar en diligencias de declaraciones testificales y requerimientos documentales dirigidos a distintas sociedades domiciliadas en sus países". EFE
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