NUEVA YORK.- El gobierno de los Estados Unidos busca deportar 1.096 inmigrantes cada 24 horas, lo que representa un total de 400 mil extranjeros en el año 2010. La Policía de Inmigración y Aduanas (ICE, inglés), había anunciado esa meta que de cumplirse sería la mayor en toda la historia de la inmigración a Norteamérica.
trescientos 89 mil extranjeros han sido deportados por el gobierno de Estados Unidos en lo que va de año. El número de deportados ha venido creciendo desde 1996, año en que el entonces presidente Bill Clinton firmó la reforma migratoria cuyas leyes establecen una escala de crímenes físicos y morales que justifican el que un extranjero aunque tenga los años que tenga como residente legal pueda ser repatriado de a su país natal.
En ese entonces, según se dijo Clinton firmó la ley tratando de conseguir el respaldo de los republicanos, lo que nunca ocurrió.
La firma de esa ley engendró un odio ancestral contra Clinton por parte de millones de latinos cuyas familias aún siguen afectadas por la legislación. Para muchos analistas y observadores de Estados Unidos y el extranjero esa fue la peor decisión y una actitud estúpida de Clinton, haber rubricado la legislación que hoy separa a millares de familias especialmente hispanas en los Estados Unidos.
La misma tiene un carácter retroactivo y reforzó la Ley Anti Terrorista de 1996, incluyendo los llamados “delitos de carácter moral”, cuya penalidad es la deportación de inmigrantes, exceptuando a los la naturalizados estadounidenses. Más de 40 mil dominicanos han sido víctimas de la legislación y hansido expulsados de Estados Unidos.
Luego del ataque terrorista del 11 de septiembre del 2001, la llamada “Guerra anti Terrorista” encabezada por el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush se usó para violentar los derechos de los inmigrantes, lo que permitió acelerar la persecución y los procesos de deportación contra ellos.
Ante la situación, activistas comunitarios que trabajan con derechos migratorios, han levantado sus voces contra la situación y uno de ellos, Rhadamés Pérez, sostiene que como siempre, la movilización y la presión a oficiales electos con capacidad de impactar positivamente sobre esta problemática deben convertirse en el camino a seguir en el contexto nacional cada día más restrictivo y dominado por la lógica de un estado policial.
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