LA SIP EMITIRA RESOLUCIONES SOBRE LOS CASOS MAS RELEVANTES SAN DIEGO, California
A pesar del amplio clima de respeto a la libertad de expresión que prevalece en la República Dominicana, en lo que va de año se ha producido una cadena de atropellos contra periodistas de distintos medios que ponen en entredicho la garantías existentes para el libre ejercicio del periodismo, según el informe que ha conocido sobre el país la Asamblea Semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa reunida aquí.
El informe fue presentado por el vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP para la Republica Dominicana, Miguel Franjul, director de este diario, ante una plenaria de la asamblea que también conoció, país por país, los diferentes problemas que enfrentan los medios de comunicación y los periodistas en particular para cumplir con su misión.
La SIP emitirá luego resoluciones sobre los casos más relevantes, al final de su asamblea en San Diego, a la que también asisten, por Republica Dominicana, los directores Rafael Molina Morillo, de El Día, y Adriano Miguel Tejada, de Diario Libre. El informe completo presentado por Franjul ante la SIP dice así:
Informe sobre la situación de la libertad de prensa en la República Dominicana en el período Noviembre 2010 a Abril 2011:
En el semestre que ha transcurrido desde nuestra última asamblea general en Mérida, México, en noviembre del 2010 hasta hoy, una cadena de hechos que incluyen arrestos injustificados, ultrajes, amenazas y agresiones violentas o verbales ha perturbado el libre ejercicio del periodismo en la República Dominicana.
Varios reporteros, fotógrafos y camarógrafos han sido víctimas de las actitudes intolerantes y abusivas de agentes de la autoridad pública mientras cubrían para sus medios los pormenores de diferentes sucesos, sin que se hayan dispuesto las medidas de rigor para sancionar esos excesos.
En enero de este año, el reportero gráfico del Listín Diario en Santiago, Onelio Domínguez y el conductor del vehículo de la empresa, Noel Blanco, fueron arrestados sin ninguna justificación por dos agentes de la Policía mientras se encontraban en un expendio de comidas rápidas y llevados a un cuartel bajo la falsa acusación de que alteraban el orden público, donde estuvieron privados de su libertad por mas de dos horas. La Policía dijo después que se trató de una confusión y los libertó sin formularles cargos.
La reportera de televisión María Esperanza Ceballos, de la Cadena de Noticias, fue impedida de entrar a la sala de audiencias de la Suprema Corte de Justicia porque lucía en su bolso un sticker con el reclamo de la asignación de un 4 porciento del Producto Bruto Interno para la educación y porque supuestamente no llevaba identificación. Una agente de la seguridad del Presidente de la República la sometió a tres requisas sucesivas, entorpeciendo su labor profesional.
La oficina de prensa del Palacio Nacional explicó posteriormente que no hubo atropello ni violación de los derechos de la comunicadora, aunque reconoció que la oficial de la seguridad presidencial cometió un exceso al exigirle que retirara el sticker de su bolso.
A finales de ese mismo mes, un agente de la Autoridad Metropolitana del Transporte despojó con violencia de su cámara filmadora al reportero Danilo Barceló, del canal 3 de Boca Chica, y le extrajo un video en el que dicho agente aparecía abusando de un menor al que tumbó desde el autobús en que se encontraba.
En Febrero, tres reporteros, la periodista Sorange Batista, del diario Hoy, Awilda Gonzalez, de Teleantillas y un camarógrafo que las acompañaban en la cobertura de un juicio a un supervisor de la Dirección de Prisiones, imputado de permitir el acceso de bebidas y otras sustancias a un grupo de reclusos enjuiciados por narcotráfico, fueron amenazados y golpeados por un militar asignado a la custodia del funcionario y por un familiar de este, impidiéndoseles que cumplieran con sus responsabilidades profesionales.
En marzo, el periodista Kennedy Vargas, de la sección deportiva del diario Hoy, denunció ante las autoridades fiscales y policiales que personas desconocidas colocaron una bomba que no llegó a estallar en su apartamento y que continuamente lo amenazan de muerte, por las denuncias que publica sobre el auge de la delincuencia en su sector. Pese a que presentó formal querella, todavía las autoridades no han accionado para investigar su denuncia.
Con marcada frecuencia, los reporteros asignados a la cobertura de juicios en los tribunales a acusados de narcotráfico y de otros delitos graves confrontan problemas para ejercer su labor ya que son sacados de las salas por órdenes de los jueces de turno, bajo alegatos baladíes, como el de que los periodistas entorpecen su trabajo o que ciertas audiencias no están abiertas para todo el público.
Tanto la nueva Constitución de la República, votada el 26 de enero del 2010, como la ley especial sobre expresión y difusión del pensamiento garantizan la libertad de prensa, pero a menudo estas garantías son ignoradas y violentadas por agentes de la autoridad pública.
El pasado 27 de febrero, al comparecer ante el Congreso Nacional para rendir las memorias de su gestión en el año 2010, el Presidente Leonel Fernández anunció el sometimiento a las cámaras de cinco leyes especiales, una que reforma la 6132, sobre expresión y difusión del pensamiento, y otra que introduce cambios a la vigente Ley de Acceso a la Información Pública, así como tres que se refieren a la publicidad , al internet y a la distribución publicitaria oficial, elaboradas por una comisión de reputados juristas y periodistas.
Se espera que las leyes, una vez sometidas al Congreso, sean discutidas en vistas públicas. Como todavía no se conocen oficialmente sus contenidos, hay muchas expectativas acerca de sus reales alcances y los impactos que tendrían en el clima para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión de la ciudadanía que, salvo los casos aislados de atropellos a reporteros, es bastante amplio en la República Dominicana hasta este momento.
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