ALGUNOS DE LOS NACIMIENTOS HABÍAN SIDO REGISTRADOS HACE DÉCADAS”... DESDE LOS 70 AP
Washington
El gobierno estadounidenses criticó ayer viernes la decisión de República Dominicana de revocar de forma retroactiva las actas de nacimiento a personas de origen haitiano, al recordar que deja a los afectados sin nacionalidad, indocumentados y sin derechos.
“Algunas de esos nacimientos habían sido registrados hace décadas, muchos desde principios de los años 70”, destacó el informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado estadounidenses, difundido ayer en Washington.
Sólo en el primer trimestre de 2010, las autoridades dominicanas revocaron los certificados de nacimientos y cédulas de identidad a 126 personas de ascendencia haitiana, detalló el documento.
La Junta Central Electoral (JCE), encargada de emitir las actas de nacimiento y las cédulas para los adultos, comenzó en 2006 la revocación de los documentos de identidad a personas de origen haitiano por considerar que habían sido registrados como dominicanos de forma fraudulenta, ya que sus padres no eran residentes legales.
Constitución vigente
El presidente de la JCE, Roberto Rosario, ha explicado con base en una lectura de la constitución que estuvo vigente hasta el 25 de enero de 2010, que los hijos de extranjeros en tránsito, como los braceros haitianos, no podían obtener de forma automática la nacionalidad dominicana.
Miles de inmigrantes haitianos que han llegado durante décadas a República Dominicana para trabajar en los ingenios cañeros y como peones en el campo nunca han obtenido la residencia legal, por lo que carecen de documentos y sus hijos nacidos en territorio dominicano, que sí contaban con documentos, están en peligro de perder la nacionalidad.
SERIOS PROBLEMAS POR EJECUCIONES
El documento también aseguró que República Dominicana enfrenta “serios problemas de derechos humanos”, que incluyen “ejecuciones extrajudiciales” por parte de agentes de la policía, además de abusos y torturas contra los detenidos. Detalló que según estadísticas de la propia policía, los agentes mataron a 268 civiles en 2010, muchos de ellos en supuestos intercambios de disparos, aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos habla de 478. Al subrayar las condiciones infrahumanas de la mayoría de cárceles, el documento aseguró que algunas “están fuera del control de las autoridades y son manejadas por bandas criminales de reos armados”. Destacó los casos en los que agentes policiales balearon y provocaron la muerte de civiles que se negaron a detenerse durante la noche en puntos de revisión en lugares oscuros. El fenómeno generó incluso una campaña de la sociedad civil en la que los activistas, estudiantes y choferes portaban camisetas con el lema: “Policía no me mates, yo me paro en lo claro”.
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