La Procuraduría General de la República y el Registrador Nacional de Títulos desmantelaron una red en la jurisdicción inmobiliaria de Higüey, a la que se le atribuye estafar con más de RD$1,000 millones a varias personas y empresas de esa demarcación.
La red estaría conformada por abogados, notarios, ex empleados de la jurisdicción inmobiliaria de Higüey y particulares, quienes supuestamente se dedicaban a la falsificación de certificados de propiedad. Los envueltos en la mafia de títulos de tierra fueron identificados como Santiago Brito Guzmán, la abogada Eulogia Margarita Melo y Remberto José Durán Cabrera.
A la abogada Melo y al exempleado Durán Cabrera les serán conocidas hoy, viernes, medidas de coerción en el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Mientras, a Brito Guzmán ya le fue impuesta una medida de coerción consistente en tres meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo.
El expediente acusatorio explica que Guzmán Brito valiéndose de un pasaporte falso se hacía pasar por el “licenciado Félix Gil Morales” (una persona fallecida en 1994), para vender terrenos de la parcela 86 del distrito catastral número 11 de la provincia La Altagracia. Las indagatorias sobre las irregularidades en la jurisdicción inmobiliaria del Registro de Títulos en Higüey las encabezan el procurador general adjunto Bolívar Sánchez Veloz y el registrador de títulos de esa ciudad, Pablo Miguel Peña Caraballo.
Se constituyen en actores civiles
La mafia en la expedición de títulos de propiedad falsos fue descubierta luego de una querella presentada por la compañía Morcasti, S.A y la señora María Altagracia Morales viuda Marranzini, quienes se constituyeron en actores civiles en contra del grupo al que se atribuyen las irregularidades.
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