El Consejo del Poder Judicial (CPJ) destituyó de sus funciones por alegadas faltas graves en el cumplimiento de sus funciones a los magistrados de La Romana, Altagracia Sánchez Molina, de la Cámara Civil y Comercial; y a Adolfo Oscar Caraballo Merino, juez de Tierras de la Jurisdicción Original de Higu¨ey, en La Altagracia.
El consejo, presidido por Mariano Germán Mejía, también presidente de la Suprema Corte de Justicia e integrado además por Dulce Rodríguez de Goris, Samuel Arias Arzeno, Francisco Arias Valera y Elías Santini Perera, impuso a los magistrados como sanción disciplinaria su destitución y su desvinculación del sistema de carrera judicial.
Consideran que la jueza Sanchez Molina ha ocasionado graves daños a la compañía NewCo, MG, los cuales hubiesen podido ser evitados de haber actuado la magistrada de manera distinta a como lo hizo.
“Luego de ponderar el caso, hemos llegado a la conclusión de que la magistrada incurrió en faltas graves, al emitir una decisión basándose en un contrato de promesa de compraventa que no fue depositado en el expediente”, aducen los miembros del CPJ, tras argumentar faltas que constituyen violación a los principios de imparcialidad, integridad, prudencia e igualdad.
El CPJ criticó que la jueza permitiera que en su tribunal personas vinculadas al mismo manejaran asuntos que no eran de su compe tencia, como es el caso de los expedientes. Igualmente, que se fallaran asuntos de amigo, compadre y abogado a su servicio en ocasiones, sin tomar ninguna medida prudencial “y por tanto en violación a los principios éticos que deben ser el soporte de actuación de todo juez”.
Imputaciones del juezLas imputaciones que llevaron a la destitución del magistrado Adolfo Oscar Caraballo se produjeron por los siguientes ilícitos: Irregularidades en la sentencia No.2009000147 en la que se hace constar que el señor Benito Pache compareció a la audiencia y éste había fallecido.
Designación del señor Yumely Alexander Herrera de Gracia, que fue cancelado, como secretario titular cuando la persona que tiene la firma registrada para desempeñar dichas funciones es la licenciada Emilia Reyes. Haber comprado una Toyota Hi Lux, año 2009, sin notificar dicha compra a la Suprema Corte de Justicia, realizando pagos por encima de su salario.
“Registrar inversiones en el Banco Central por un monto de RD$13,301,000.00 conjuntamente con su hermana y su esposa. Una cuenta con el Banco de Reservas por más de RD$1,500,000.00 y ganado, sin que esto se refleje en su última declaración jurada de bienes”, revela la sentencia. Además el juez fue acusado de que en el tribunal no había protocolos de los años 2009 y 2010, ni archivos de documentos de expedientes fallados. Asimismo, se le imputó producir un auto de inhibición irregular el 4 de agosto del 2010 con relación al expediente de la nombrada Celestina Guerrero viuda Severino. Producir el Auto de inhibición irregular del 29 de junio del 2010, con relación a la razón social Inversora Internacional Hotelera. Y otra en la que dictó una resolución en la que debió inhibirse.
ARTÍCULOS VIOLADOS
El artículo 61 de la Ley de Carrera Judicial establece que “los jueces que en el ejercicio de sus funciones cometan faltas o no cumplan con sus deberes y con las normas establecidas, serán administrativamente responsables y sancionados en consecuencia.
Mientras que el 62 dispone que las sanciones van desde amonestación oral o escrita, suspensión sin sueldo por un período de hasta 30 días y la destitución, según la gravedad del caso. Las sentencias de desvinculación son de fecha 24 de febrero de 2012, y fueron dadas a conocer en fecha 28 de febrero.
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