Una descendiente de haitianos a quien el Tribunal Constitucional (TC) de República Dominicana negó recientemente la nacionalidad llevará su caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), reveló hoy a Efe su defensa, que calificó el fallo de "aberrante".
La decisión inapelable del TC fue tomada a raíz de un recurso de revisión de amparo interpuesto por Juliana Deguis Pierre contra la Junta Central Electoral (encargada del Registro Civil) por una sentencia de un juzgado de primera instancia de Monte Plata, que le negó el otorgamiento de la cédula de identidad y electoral.
El tribunal argumentó en su sentencia que, conforme al artículo 11.1 de la Constitución dominicana de 1966 (vigente a la fecha de nacimiento de Deguis Pierre), a la mujer no le corresponde la nacionalidad dominicana, y, por tanto, tampoco la cédula de identidad y electoral.
Según el tribunal, la mujer no demostró "que por lo menos uno de sus padres tuviera residencia legal en República Dominicana al momento de su nacimiento", el 1 de abril de 1984.
Manuel de Jesús Dandre, uno de los abogados de Deguis Pierre, dijo hoy a Efe que la CIDH, con sede en Washington, ya había emitido medidas cautelares a favor de Deguis Pierre, entre ellas, la garantía de sus documentos, y recomendó a representantes del Estado dominicano reunirse con su defendida, pero que esto "nunca ocurrió".
"Lejos de cumplir con las medidas, el Estado envió a la CIDH una lista con nombres de personas, entre la que estaba Juliana, a las que les iba anular las actas de nacimiento", por supuestas irregularidades, aseguró el letrado.
En sus declaraciones a Efe, Dandre dijo que debido a que el Estado no ha cumplido con la solicitud de la CIDH, la defensa de Deguis Pierre "está cursando en estos momentos" la solicitud de la apertura del caso ante la CorteIDH, organismo con sede en San José de Costa Rica.
Asimismo, dijo, que la sentencia emitida por el TC dominicano es "aberrante", pero que "no nos sorprendió porque ya nos había llegado alguna información", antes de que se emitiera el fallo.
"Es una sentencia política, no judicial", aseguró el letrado, quien dijo que su defendida sigue recibiendo apoyo de las diferentes organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes y sus descendientes en el país.
Dicha sentencia ha generado opiniones a favor y en contra, así como la condena de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, quien señaló ayer desde Ginebra (Suiza) a través de su portavoz, Ravina Shamdasani, que esta decisión "privará a decenas de miles de personas de una nacionalidad, lo que tendrá un impacto muy negativo en el resto de sus derechos fundamentales".
"La decisión tendrá implicaciones desastrosas para los descendientes de haitianos, que navegarán en un limbo constitucional", subrayó.
Según la oficina de la ONU, decenas de miles de personas, que abarcan tres generaciones, podrían convertirse en apátridas, sin acceso a servicios básicos para los que se requiere un documento nacional de identidad.DE EFE
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