Un grupo de 43 sacerdotes y religiosos de la Iglesia Católica denunció esta mañana el sufrimiento y la injusticia que genera la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional a las personas afectadas y sus descendientes, tras entender que esta disposición arrebata la nacionalidad a cuatro generaciones.
“Estamos indignados de que se quiera despojar de sus derechos a miles de personas. Pedimos al gobierno que respete la ley; una sentencia no puede estar por encima de la Carta Magna”, alegan.
El sacerdote Abrahán Apolinar, quien leyó un documento en nombre del grupo, indicó que esa sentencia debilita el estado de derecho del país y con ello incrementa la vulnerabilidad y no retroactividad de la ley, establecidos en la Constitución en los artículos 74.4 y 110.
“Desde nuestro trabajo pastoral damos testimonio de que la aplicación de las medidas que legaliza la sentencia injusta ya han provocado heridas profundas en la vida de dominicanos y dominicanas afectadas con los que compartimos nuestra fe. El derecho a la nacionalidad es un derecho adquirido, a quienes se les vulneren esos derechos la iglesia estará ahí para acompañarlo”, destacó.
El cura sostiene que como miembros de la iglesia y agentes de pastoral, su trabajo esta focalizado en acompañar el sufrimiento de los excluidos, defender la vida en toda circunstancia de abuso y reforzar su compromiso de servir con justicia y fraternidad.
Explotación
No obstante, recordó que hace treinta años, el presidente de la JCE y él se reunieron para un contrato de trabajo que llevó a cabo el Partido Revolucionario Dominicano con el gobierno haitiano, donde en esa ocasión les reclamaron como iglesia que por qué el Estado estaba contratando 14 mil haitianos si aquí había mano de obra suficiente.
No obstante, recordó que hace treinta años, el presidente de la JCE y él se reunieron para un contrato de trabajo que llevó a cabo el Partido Revolucionario Dominicano con el gobierno haitiano, donde en esa ocasión les reclamaron como iglesia que por qué el Estado estaba contratando 14 mil haitianos si aquí había mano de obra suficiente.
“El estado dominicano ha fomentado la traída de inmigrantes de Haití para favorecer un Estado de explotación en el campo de la caña”, apuntó.
Actas de nacimiento
En cuanto a la petición de un grupo de juristas de que se identifiquen y sean sometidos a la justicia los responsables de los fraudes en el registro civil dominicano, el sacerdote manifestó que toda acta de nacimiento que se haya logrado con fraude debe ser llevada a la justicia.
En cuanto a la petición de un grupo de juristas de que se identifiquen y sean sometidos a la justicia los responsables de los fraudes en el registro civil dominicano, el sacerdote manifestó que toda acta de nacimiento que se haya logrado con fraude debe ser llevada a la justicia.
“Nosotros, como iglesia, nunca nos hemos opuesto a que se aplique la ley. Les deseamos suerte a esos abogados, que localicen a todas las personas que participaron de los tres partidos principales en la organización fraudulenta para votar o para viajar”, comunicó.
Apolinar entiende que si un juez civil o un abogado preparara un documento falso o un partido político organizó durante su campaña cedulas para votantes chinos o de cualquier nacionalidad, si se descubre que ese partido o el secretario del mismo incurrió en un delito, “pues que lo metan preso, no tenemos ningún problema con eso’.
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