jueves, 2 de enero de 2014

EN SAMANÁ Ministerio Público apelará decisiones de tribunal deja en libertad a seis presuntos narcos


Santo Domingo
El Ministerio Público informó que apelará una decisión del Juzgado de la Instrucción de Samaná, relativa a una medida de coerción que favoreció a tres supuestos narcotraficantes, a quienes impuso garantías económicas de entre RD$300 y RD$50 mil, presentación periódica e impedimento de salida del país.
La medida fue impuesta por la jueza Manuela Acosta a los imputados Marino Liriano Guzmán, Wilson Lorenzo Peña Rosario y Rafael Arturo Polanco Ozoria (Raulín).
La Procuraduría Fiscal de Samaná, que dirige el magistrado Robert Justo, acusa a los procesados de violar la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, luego que le ocupara cinco paquetes de un polvo blanco, con un peso aproximado de 12 libras y media, que se presume es cocaína.
Según expuso el Ministerio Público la supuesta droga le fue ocupada a los imputados el pasado 25 de diciembre, durante una requisa al vehículo tipo camioneta Mitsubishi, modelo M-200, color blanco, en el que transitaban por el sector Los Mangos, del municipio de Sánchez, en la provincia Samaná.
De acuerdo al expediente presentado por el Ministerio Público, la sustancia, envuelta en material plástico color negro con cinta transparente, les fue ocupada en el asiento trasero del vehículo, donde además fue encontrada una pistola marca BERSA, color negro, calibre 9 milímetros, serie 631999, con su cargador y cinco cápsulas, así como dos celulares.
Otro caso reciente
La Procuraduría Fiscal de Samaná también informó que apelará otra reciente decisión adoptada por la misma jueza Manuela Acosta, la cual varía la medida de coerción de un año de prisión preventiva impuesta a tres imputados acusados de narcotráfico internacional, tras ocupárseles el pasado año la cantidad de 264.97 kilos de cocaína.
La decisión que favorece a los imputados Bruce Alan Roberts, de nacionalidad norteamericana, y a los dominicanos Juan Tirso Bisonó Hiraldo y Carlos López, establece que éstos deberán pagar una garantía económica a cada imputado, consistente en RD$100 mil pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país.
Según se informó, durante el desarrollo de la audiencia, celebrada el ocho de septiembre del pasado año, la Procuraduría Fiscal de Samaná presentó acusación por violación a los artículos 4D y E, 5ª, 28, 59, párrafo II y III de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, siendo el caso declarado complejo.

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