Aplazan conocimiento medida coerción chóferes Boca Chica por recusación MP

Santo Domingo, (EFE).- La juez de la Oficina de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo, Melania de la Cruz, aplazó este jueves, por tercera vez, el conocimiento de las medidas de coerción contra los 12 chóferes acusados de amenazar con quemar un autobús con 50 alumnos a bordo del Colegio Apóstol en Andrés, Boca Chica.

El aplazamiento se ha producido después de que los abogados defensores recusaran a la procuradora fiscal de la provincia Santo Domingo, Olga Diná, y a los representante del Ministerio Público en el caso, ante la calificación jurídica de secuestro planteada en la acusación contra los chóferes.

Tras la solicitud de la defensa, que niega que se produjera secuestro alguno durante el incidente, la juez decidió otorgar un plazo de 48 horas para que los abogados presenten por escrito sus argumentos sobre la impugnación al Ministerio Público, siendo la tercera ocasión en la que retrasa el conocimiento de la medida.

Para la abogada Ingrid Higaldo la actuación de la acusación responde a intereses mediáticos, y "nosotros no les podemos dar la oportunidad, porque lo que está buscando es salir en medios de prensa", dijo ante los periodistas presentes.

Asimismo, Hidalgo anunció que, en un plazo de 48 horas, acudirán al procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, con la recusación en contra de esta Procuraduría, por considerar que debe sustituir a sus miembros.

Por su parte, el abogado Valentín Medrano, señaló que no ha existido petición de rescate, ni se raptó a nadie, por lo que no hay secuestro, "y si no hay secuestro, lo que hay es una mentira".

Durante la vista estuvieron presentes diversos familiares y allegados de los acusados, que manifestaron su rechazo por el proceso que se está llevando a cabo contra ellos, ya que les parece desmedido.

Los hechos se produjeron el pasado 28 de abril cuando los escolares se dirigían a la capital desde la localidad de Boca Chica para visitar la Feria del Libro, y los miembros de dos colectivos sindicales del sector del transporte interceptaron el vehículo.

Los sindicalistas cruzaron tres minibuses en una intersección por la que debía pasar el autobús para obligarlo a detenerse, y amenazaron con que, si lo movían, lo iban a quemar con todos dentro, lo que provocó vómitos y problemas de salud a los niños que estaban dentro del autobús.