La trama de corrupción tejida por el consorcio brasileño Odebrecht fue mucho más extensa que lo admitido por la compañía e incluyó sobornos en República Dominicana, Perú, Ecuador y Venezuela, reveló ayer un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
El grupo, con sede en Washington, indicó que llegó a esa conclusión gracias a documentos de una división de Odebrecht “creada primordialmente para administrar los sobornos de la compañía”.
La firma, fundada en 1944 en Salvador de Bahía, es un conglomerado de negocios que incluyen ingeniería, construcción, químicos y petroquímicos, y desde 2015 ha estado en el centro de escándalos por corrupción tanto en Brasil como en otros países.
“Cuando en diciembre de 2016 la empresa constructora brasileña Odebrecht S.A. admitió su papel en una trama de corrupción descrito por el Departamento de Justicia de EE.UU. como ‘el mayor caso de sobornos en el extranjero en la historia’ se inició una oleada de escándalos políticos en toda América Latina”, escribió el reportero de ICIJ Sasha Chavkin.
Pero Odebrecht “no contó toda la historia. Una nueva investigación de ICIJ revela que la operación fue mucho más grande que lo admitido por la firma, y que involucró a figuras prominentes y enormes proyectos de obras públicas no mencionados en los casos criminales o las investigaciones oficiales hasta la fecha”, agregó.
En una declaración entregada a ICIJ, Odebrecht anunció que “continuará haciendo todos los esfuerzos en un proceso de colaboración irrestricta con las autoridades competentes”.
Según ICIJ, los documentos muestran que Odebrecht efectuó pagos secretos por más de 39 millones de dólares en relación con una planta termoeléctrica en Punta Catalina, República Dominicana, y que las investigaciones oficiales los ocultaron.
La empresa también registró 45 pagos ilegales por más de 10 millones de dólares por once proyectos públicos realizados en Perú, de los cuales 3 millones fueron por un oleoducto.
“Entre los elegidos para recibir pagos estuvo una compañía propiedad de un político peruano quien, durante una grabación no relacionada (con el oleoducto) divulgada recientemente por una estación de radio local, aparentemente planificaba el asesinato de un rival”, continuó el informe de ICIJ. Los más de 50 periodistas de diez países que participaron en las investigaciones encontraron mensajes sobre pagos secretos que un banco, propiedad de agentes de Odebrecht, hicieron a compañías fachada para obtener el contrato de construcción del metro de Quito, de unos 2.000 millones de dólares.
También encontraron pruebas de pagos relacionados con más de una docena de proyectos de infraestructuras en América Latina, incluidos sobornos por más de 18 millones de dólares por el metro de la Ciudad de Panamá y más de 34 millones por la Línea 5 del de Caracas.
“Odebrecht sobornaba a funcionarios públicos en tal escala que creó una unidad especial, la División de Operaciones Estructuradas, con el propósito principal de administrar esos pagos”, escribió Chavkin.
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