Posponen revisión coerción Jean Alain

 

Jean Alain Rodríguez está involucrado en caso Medusa.

El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por Solanyi Vásquez, aplazó hoy para el 20 de diciembre la revisión obligatoria de la medida de coerción al exprocurador  Jean Alain Rodríguez y Alejandro Forteza Ibarra, involucrados en el caso Medusa.

 La solicitud fue hecha por la defensa de los imputados para tener conocimiento de las nuevas pruebas que habría depositado el  Ministerio Público.

Además, los abogados  Carlos Balcácer y Gustavo Biaggy consideraron que dicha revisión no tiene razón de ser, en vista de que se presentó una querella por ante el Consejo del Poder Judicial contra la magistrada que le impuso la medida de coerción, porque según ellos actuó con parcialidad.

Jean Alain fue trasladado al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva alrededor de las 9:00 de la mañana, bajo estrictas medidas de seguridad.

Balcácer,  Biaggi  y José Martínez Hoepelman esperan que el tribunal varié la prisión preventiva dictada en contra de su cliente, por una menos gravosa.

Los juristas sostienen que el exprocurador no representa peligro de fuga y que tiene los arraigos suficientes para no distraerse del proceso.

El 13 de julio, la jueza de la Oficina de  Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero,  envió a  Jean Alain Rodríguez,  a Jonathan Joel Rodríguez Imbert; a Forteza Ibarra y a Alfredo Alexander Solano Augusto, a prisión preventiva por 18 meses.

En 29 de octubre el Cuarto Juzgado de la Instrucción de la misma jurisdicción  decidió mantener las medidas de coerción a los imputados del caso Medusa, acusados por el Ministerio Público de irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

En el caso también está involucrado  Miguel José Moya, a quien se le impuso impedimento de salida, presentación periódica y una garantía económica de un millón de pesos a través de una compañía aseguradora.

 A los acusados, las autoridades     les imputan violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.

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