El diputado santiagués por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Gregorio Domínguez, tendrá que prepararse para enfrentar un pedido oficial a juicio de fondo en su contra formulado por la Procuraduría General de la República, basado en una querella por alegada violación de propiedad interpuesta por la ciudadana Lucila Nelly Capellán Luna.
La acusación contra el legislador oficialista fue presentada ante la jueza Vanessa Acosta Peralta, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por el procurador adjunto, Rafael Suárez, quien pide se dicte auto de apertura a juicio.
La magistrada fue designada por el presidente del alto tribunal, Luis Henry Molina, a solicitud del procurador adjunto Suárez.
Lucila Nelly Capellán Luna interpuso la querella el 11 de noviembre de 2020. En el caso, la mujer acusa al congresista de haber cometido una violación de los artículos 24 y 25 de la Ley 396-19, que regula el otorgamiento de la fuerza pública, y el número uno de la Ley 5869, sobre Violación de Propiedad Privada.
Acción y destrucción
La mujer alega que el 27 de marzo de 2020, Domínguez dirigió la ejecución ilegal de un desalojo, ocasionando daños por la destrucción y demolición de una vivienda en construcción a nivel de plato, ubicada en la comunidad Punta Rucia, de Estero Hondo, Puerto Plata.
Conforme a la instancia, el legislador hizo el desalojo sin la orden de una fuerza pública, nada más “acompañado de una turba de hombres armados, incluyendo militares, y otros que simularon ser fiscales y un juez de paz”.
Otros acusados
La querellante también acusa a la esposa del diputado, Judith Idalia Núñez Guzmán; a su empleado Catalino Martínez; a Julio César Acosta, propietario de una pala mecánica, y al conductor del aparato, Enmanuel Williams Molina.
La Ley sobre Violación de Propiedad Privada, establece lo siguiente:
Artículo 1.- Toda persona que se introduzca en una propiedad inmobiliaria urbana o rural, sin permiso del dueño, arrendatario o usufructuario, será castigada con la pena de tres meses a dos años de prisión correccional y multa de diez a quinientos pesos.
Párrafo.- (agregado por la Ley 234 de fecha 30 de abril de 1964, G. O. 8855). La sentencia que se dicte en caso de condenación ordenará, además, el desalojo de los ocupantes de la propiedad y la confiscación de las mejoras que se hubieren levantado en la misma, y será ejecutoria provisionalmente sin fianza, no obstante cualquier recurso.
Artículo 2.- Las disposiciones contenidas en la escala 6a. del artículo 463 del Código Penal, podrán ser aplicadas en este caso.
IMPLICACIONES
Pena y multa
La ley 5869, de 1962, castiga con prisión correccional y multa a las personas que, sin permiso del dueño, se introduzcan en propiedades inmobiliarias urbanas o rurales.
Esa ley deroga y sustituye la número 43, de fecha 15 de diciembre de 1930.
Primera cita.
El 16 de marzo de 2021, la PGR tuvo la primera cita con el legislador del PRM, para que respondiera sobre la querella de la señora Lucila Nelly Capellán Luna.
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