Más agrupaciones se unen al clamor de reforma a Ley 4314 sobre alquileres

SANTO DOMINGO.- nuevas agrupaciones de productores agropecuarios y entidades sociales de diferentes regiones del país, advirtieron que el sector podría retroceder si el Gobierno no define fuentes estables de financiamientos para el campo, e instaron a los senadores a acoger sin dilación el proyecto de reforma de la Ley 4314 sobre alquileres. Comunicaciones enviadas, por separado, al doctor Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado, expusieron que indudablemente la falta de recursos financieros en la zona rural ha impedido un avance sostenido para que el país sea autosuficiente en la producción de bienes alimenticios, y afirmaron que se impone en estos momentos que el Banco Agrícola sea dotado de los mecanismos necesarios para fortalecer su cartera crediticia.

Los documentos están firmados por Bernardina Hernández, presidenta de la Asociación de Productores de Arroz del Bajo Yuna, por Dionisio Jiménez, de la Junta de Regantes Aglipo II; por Jorge Concepción de la Asociación Agrícola La Humanitaria de Villa Riva, y por Nelson Genere, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago Rodríguez.

Además, por Germán Emilio Tavárez, presidente de la Junta de Regantes General Fernando Valerio de Las Matas de Santa Cruz en Moncristi, por Manuel Martínez, Ramón Faña y Emilio Rafael Menicucci, de las asociaciones de Productores Bananeros de Exportación de Moncristi, y de Productores de Arroz de la Provincia Duarte, respectivamente, así como por Manuel Matos, presidente del Comité Unitario de San Juan de la Maguana y por Juan Baldallague, de la Asociación de Ganaderos La Esperanza de Villa Vásquez.

Señalaron que la única fuente visible para proveer de recursos financieros al Banco Agrícola es a través de la modificación de la Ley 4314.

Afirmaron que la demanda crediticia en el campo está por encima de los 30 mil millones de pesos, cuando el Banco Agrícola, que es la única institución que presta en el campo, sólo dispone de una cartera en la zona rural de unos RD$8,000 millones, es decir, menos de un 25 por ciento.Entienden que el proyecto de ley que sometió el Poder Ejecutivo al Senado garantiza protección tanto a los propietarios de viviendas como a los inquilinos, e incluso en el momento de retirar del Banco Agrícola los depósitos de los avances, el propietario o el inquilino tendrá beneficios porque la institución le acumula los intereses mensuales.

Las agrupaciones de productores afirmaron que hay sectores económicos que no quieren aportar nada al desarrollo del campo, cuando es preocupante el problema de la emigración de los productores por la pobreza y la falta de atención en la zona rural.

Observaron que mientras la banca de servicio múltiple dispone de miles de millones de pesos para financiar diferentes actividades en las ciudades, a la agropecuaria no llegan los recursos financieros necesarios. Estimaron que los productores no podrán competir con sus iguales de las naciones con las cuales el país suscribió acuerdos de libre comercio.

Aseguraron que mientras no se creen las condiciones adecuadas para el financiamiento en el campo con tasas de interés competitivas no se podrá hablar de competitividad. Explicó que, a manera de ejemplo, la banca especializada en Brasil facilita crédito a la agropecuaria a un 2.0 por ciento anual, mientras que en otras naciones los productores reciben pagos para que produzcan.

Advirtieron que no habrá competitividad en el campo si no hay recursos para adquirir nuevas tecnologías. Manifestaron que en el país no se entiende la magnitud de la situación que está afectando el campo dominicano, por lo que, precisaron, hay que prestarle una especial atención.