El diputado Vinicio Castillo Semán reiteró este miércoles que si el Poder Ejecutivo firma el reglamento de la Ley 169-14 que establece un régimen especial para nacidos en el país e inscritos irregularmente en el registro civil, su familia dejaría el poder, empero “saldrán de los cargos a combatir el proyecto de reglamento (…) hasta que eso caiga”.
El flamante congresista, no por elección democrática, sino como sustituto del recién nombrado ministro de Energía y Minas y hermano mayor, Pelegrín Castillo, advirtió que no permitirá que “se instale una fábrica de identidades falsas (en el país) para complacer las presiones de organismos internacionales”.
Aseguró que detrás de la intermediación de las Naciones Unidas y del Consejo Europeo, en las conversaciones bilaterales para la regularización del comercio con Haití subyace la intención de otorgarles la nacionalidad dominicana a 500 mil haitianos, nacidos entre 1929 y el 2010, misma que les fue despojada por la Sentencia del Tribunal Constitucional 168-13.
Para Castillo Semán, la presencia de esos dignatarios en los encuentros bilaterales con el país vecino busca velar por que se desconozca la sentencia 168-13, y criticó la visita del secretario general de las Naciones Unidas, Ban-Ki Moon, al Congreso Nacional para cuestionarla.
El legislador no sale de su asombro y considera insólito tratar de “inscribir a alguien en un registro público con apellidos y nombres inventados". "Inscribir -agregó- con el solo requisito de que diga que nació aquí sin exigir documentación de los padres o filiación no resiste ningún análisis”.
Se recuerda que la controversia por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional llevó al Gobierno a buscarles salida a las personas que se consideraron desnacionalizadas, mediante la Ley 169-14, cuyo reglamento de aplicación está a la firma del Poder Ejecutivo.
La Ley 169-14 ordena acreditar la nacionalidad a quienes gozaban de la misma, no porque fueran hijos de ilegales que no podían ser considerados en tránsito, sino en virtud del artículo 18.2 de la Constitución Dominicana y del principio de la seguridad jurídica, por tratarse de personas que gozaban de la nacionalidad al confiar legítimamente y de buena fe en el Estado dominicano, sus funcionarios y la documentación oficial que los hizo presumir como dominicanos.
El otro funcionario de la familia es el padre, Marino Vinicio Castillo, designado director general de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), como resultado de la cuota de poder que el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) otorgó a su aliada electoral Fuerza Nacional Progresista (FNP).
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