Hoy se define el ‘impasse’ que mantienen la Asociación de Bancos Comerciales de República Dominicana (ABA), la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos (Lidaap) y la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (Abancord), con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) por la legalidad o no de la Norma 13- 2011, que manda a las entidades de intermediación financiera a retener el 1% de los intereses pagados por los depósitos de personas jurídicas.
Los banqueros alegan que esta disposición viola la Ley Monetaria y Financiera, mientras que la DGII sustenta su posición en que tiene facultad a través del Código Tributario.
Para hoy está fijada la audiencia de la Cámara Civil y Comercial en la que tratará el tema que mantiene enfrentados a los intermediarios financieros y la autoridad recaudadora del Estado.
El tema ha merecido la atención de organizaciones empresariales y de expertos juristas y economistas.
ABA agradece a las entidades que han apoyado su posición
LLa Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) agradeció el apoyo de todos los sectores del país que se han expresado en contra de una norma de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), que pretende que los bancos retengan el 1% de los intereses devengados por las personas jurídicas, en violación de la Ley Monetaria y Financiera, de la Constitución y del Código Tributario.
La ABA se expresó de esta manera al recordar que este viernes se conoce en la primera sala del Tribunal Superior Administrativo el fondo de dicho recurso, también suscrito por la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos (Lidaap) y apoyado por la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (Abancord). La semana pasada el tribunal acogió una medida cautelar, elevada por la ABA y Lidaap, para que la entrada en vigencia de la norma, pautada para el 1 de octubre, fuese suspendida.
La Asociación expresó que los sectores de la opinión pública e instituciones como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) apoyan la posición del sistema financiero sobre la base de que la disposición de la DGII constituye una violación a los derechos fundamentales de las entidades de intermediación financiera, así como al debido proceso administrativo, la seguridad jurídica y la razonabilidad.
Recordó que en objeción a la medida se han pronunciado sectores también el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE).
Por su lado, el experto en temas tributarios Edgar Barnichta ha manifestado que “la norma general, al ser contraria a la ley, no solo es ilegal, sino también inconstitucional por obligar a hacer lo que la Ley no manda y contradecir el Principio de Legalidad Tributaria, preceptos esenciales en la Constitución, garante contra las ilegalidades y arbitrariedades”. Mientras que el jurista Eduardo Jorge Prats expresó que “la norma es también inconstitucional por irrazonable; porque causará una migración de depósitos que afectará la liquidez bancaria, porque fomenta la desintermediación, porque es imposible desde el punto de vista logístico y operativo aplicarla en el cortísimo plazo establecido por la norma, porque expondría a las entidades a sanciones de los reguladores financieros y a demandas de sus clientes, y porque aumenta los riesgos reputacionales de las entidades de intermediación financiera”.
Tanto Edgar Barnichta como Eduardo Jorge Pratts han señalado cada uno de los puntos que hacen de la Norma 13-2011 una disposición ilegal. Por ejemplo, esta disposición no fue sometida a consulta pública, como establece la Constitución y la Ley de Libre Acceso a la Información Pública; no toma en cuenta el artículo 309 del Código Tributario, que exonera a los bancos de ser agentes de retención, ni el artículo 56 de la Ley Monetaria y Financiera, relacionado con el secreto bancario.
Por esta razón, la ABA expresó que tiene la expectativa de que en este proceso prevalezca el Estado de derecho y la razonabilidad de la Ley.
Impuestos Internos “le pone número a la casa”
Todo el sistema financiero dominicano pagó intereses en el año 2010 por aproximadamente RD$54,000 millones. De ese monto, cerca de RD$30,000 millones son recibidos por las empresas y constituyen ingresos gravados.
En ese mismo año, las empresas, incluyendo las propias entidades financieras que recibieron esos intereses, declararon menos del 50% de ese valor como ingresos por este concepto.
Como se ve, existe una diferencia entre los ingresos recibidos y los declarados por intereses de aproximadamente RD$ 16,000 millones de pesos, lo que implica que el monto potencial del Impuesto Sobre la Renta dejado de recibir a la tasa actual sería de unos RD$4,600 millones de pesos. Solo con datos de ese año.
La DGII cumple con su deber de garantizar a la ciudadanía que todo contribuyente que esté en la obligación de declarar y pagar los impuestos lo haga sin importar el sector al que pertenezca.
Fundamentos Es un deber fundamental de los ciudadanos “tributar, de acuerdo con la ley y en proporción a su capacidad contributiva…” (Artículo 75, numeral 6 de la Constitución de la República Dominicana).
La Norma 13-2011, al establecer la retención del 1% sobre los intereses pagados a las empresas (ingresos gravados por la Ley) procura un mecanismo de validación que permita evitar que unos paguen y otros no.
La Asociación de Bancos ha insistido agresiva e injustificadamente en descalificar la Norma ante la opinión pública, entre otras cosas porque según ellos violenta el secreto bancario. ¿De cuál secreto estamos hablando?
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario