Una dividida Corte Suprema de Estados Unidos dejó sin efecto ayer lunes las disposiciones claves de la ofensiva de Arizona contra la inmigración ilegal, un fallo que seguramente resonará en las elecciones de noviembre.
Sin embargo, el máximo tribunal norteamericano avaló por unanimidad una parte de la ley que obliga a la Policía estatal a comprobar el estatus de quienes crea que no se encuentran legal- mente en Estados Unidos.
La decisión judicial respaldó por el momento la cláusula de “muéstreme sus papeles”, pero incluso en este caso los jueces dijeron que la disposición puede ser objeto de demandas legales adicionales y le restaron fuerza al prohibir a los policías arrestar a personas bajo cargos menores de violación a la ley migratoria.
Además advirtieron contra detener personas por tiempo prolongados simplemente por no tener los documentos migratorios apropiados.
El resultado reivindica la agresiva impugnación del gobierno del presidente Barack Obama a las leyes aprobadas por Arizona y los cinco estados -Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah- que siguieron su ejemplo para enfrentar a la inmigración no autorizada ante la falta de acción del gobierno federal para realizar una amplia reforma migratoria. La decisión sobre la ley de Arizona fue tomada en momentos en que el país se encuentra en una campaña presidencial en la que el presidente Obama ha estado cortejando a los votantes hispanos y su rival republicano Mitt Romney ha pasado apuros para atraer el respaldo latino.
Durante una larga campaña de elecciones primarias, Romney y los otros aspirantes republicanos a la presidencia respaldaron en su mayoría la aplicación de una línea dura para evitar ser acusados de que apoyan alguna forma de “amnistía” para los inmigrantes que carecen de permiso de residencia.
Posteriormente Romney adoptó una posición menos radical en torno al tema.
GRUPOS DE DERECHOS CIVILES: LA LUCHA SIGUE
Los grupos que defienden los derechos civiles y que impugnaron esta legislación debido al temor de que deriva en violaciones a dichos derechos dijeron que sus demandas seguirá en pie.
Incluso con las limitaciones que el máximo tribunal le impuso a Arizona, la verificación del estatus de inmigración sigue siendo “una invitación a la etiquetación racial”, dijo Omar Jadwat, abogado de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU). El gobierno de Obama presentó una demanda para bloquear la ley de Arizona poco después de que fue implementada hace dos años.
Sin embargo, el máximo tribunal norteamericano avaló por unanimidad una parte de la ley que obliga a la Policía estatal a comprobar el estatus de quienes crea que no se encuentran legal- mente en Estados Unidos.
La decisión judicial respaldó por el momento la cláusula de “muéstreme sus papeles”, pero incluso en este caso los jueces dijeron que la disposición puede ser objeto de demandas legales adicionales y le restaron fuerza al prohibir a los policías arrestar a personas bajo cargos menores de violación a la ley migratoria.
Además advirtieron contra detener personas por tiempo prolongados simplemente por no tener los documentos migratorios apropiados.
El resultado reivindica la agresiva impugnación del gobierno del presidente Barack Obama a las leyes aprobadas por Arizona y los cinco estados -Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah- que siguieron su ejemplo para enfrentar a la inmigración no autorizada ante la falta de acción del gobierno federal para realizar una amplia reforma migratoria. La decisión sobre la ley de Arizona fue tomada en momentos en que el país se encuentra en una campaña presidencial en la que el presidente Obama ha estado cortejando a los votantes hispanos y su rival republicano Mitt Romney ha pasado apuros para atraer el respaldo latino.
Durante una larga campaña de elecciones primarias, Romney y los otros aspirantes republicanos a la presidencia respaldaron en su mayoría la aplicación de una línea dura para evitar ser acusados de que apoyan alguna forma de “amnistía” para los inmigrantes que carecen de permiso de residencia.
Posteriormente Romney adoptó una posición menos radical en torno al tema.
GRUPOS DE DERECHOS CIVILES: LA LUCHA SIGUE
Los grupos que defienden los derechos civiles y que impugnaron esta legislación debido al temor de que deriva en violaciones a dichos derechos dijeron que sus demandas seguirá en pie.
Incluso con las limitaciones que el máximo tribunal le impuso a Arizona, la verificación del estatus de inmigración sigue siendo “una invitación a la etiquetación racial”, dijo Omar Jadwat, abogado de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU). El gobierno de Obama presentó una demanda para bloquear la ley de Arizona poco después de que fue implementada hace dos años.
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