Diputada del PRD propone regular las imágenes en los medios EL MEDIO ASUMIRÍA LAS CONSECUENCIAS ADMINISTRATIVAS POR LA DIFUSIÓN

Santo Domingo

La diputada del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Esther Mirelys Minyetty, sometió al Congreso Nacional un proyecto de ley mediante el cual se pretende regular las “crudas imágenes” que muchas veces publican los medios de comunicación.

La pieza legislativa, introducida a través de la Cámara de Diputados, establece también que la crítica,  los comentarios a las funciones públicas y toda la labor noticiosa, deben ser publicadas con fines constructivos y basadas en hechos debidamente comprobados por los responsables de las funciones y los protagonistas.

La representante por San José de Ocoa manifestó que es responsabilidad de los medios de comunicación difundir noticias que sean beneficiosas para la sociedad, tras entender que muchas veces las informaciones se difunden para dañar la moral de las personas afectadas. 

Con este proyecto se busca mejorar el lenguaje oral y audiovisual en los diferentes medios de la República Dominicana, al indicar que esas publicaciones no deben ser instrumentos de interés antipopulares y contrarias a los intereses de la ciudadanía.

Asimismo, Minyetty dijo que corresponde al Estado dominicano proveer cuanto sea posible el desarrollo y progreso de la cultura y la educación, garantizando que los medios de comunicación social sean el motor que impulse que las publicaciones y noticias sean constructivas  para garantizar el  desarrollo social. 

Igualmente, el proyecto considera inmoral, contrario a la educación y la cultura del país, los escritos, dibujos, grabados, pinturas e impresos, así como imágenes, anuncios, emblemas, fotografías u otros objetos que estimulen los vicios y rebajen la dignidad humana, o que promueven la sensualidad o morbosidad.

La pieza legislativa prohíbe publicar, distribuir, circular, exponer, exhibir, transmitir o vender ese tipo de publicaciones.

El proyecto en su artículo 5 establece que los medios del país deben asumir las consecuencias administrativas posteriores a difundir contenidos que lesionen los derechos humanos y la seguridad del Estado.

Indica que la libertad de información es uno de los principios fundamentales de la auténtica democracia y que el Estado debe organizar el ejercicio de los periodistas  y de los medios de comunicación.