El Senado de la República aprobó la tarde de este miércoles enviar a una Comisión Especial el proyecto de ley que declararía a Loma Miranda Parque Nacional.
Los legisladores presentes decidieron que los comisionados presenten su informe y reintroduzcan el proyecto en la próxima legislatura, que inicia el 16 de agosto.
Para el envío a comisión votaron 20 de los 21 senadores presentes en la sesión de este miércoles.
Durante la sesión, varios senadores rechazaron que se recibiera sobornos para impedir la aprobación de la pieza legislativa, como denunció el sacerdote Rogelio Cruz.
Además del presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, otros senadores afirmaron que el proyecto reenviado por la Cámara de Diputados tiene debilidades legales y constitucionales, por lo cual rechazaron conocerlo y plantearon que el aprobado por la Cámara alta sea objeto de revisión.
Los senadores decidieron que el proyecto original emanado de la Cámara de Diputados perima en la presente legislatura, que concluye el próximo 26 de julio, al pasarle dos períodos legislativos sin ser rechazado ni convertido en ley.
Los senadores y diputados mantienen un choque de proyectos, luego de que en la Cámara alta se introdujeran modificaciones al proyecto aprobado por la Cámara baja, la cual, al recibirlo de nuevo la semana pasada, decidió a unanimidad rechazar el del Senado y le reenviaron el original tras fuertes críticas a sus colegas senadores, a quienes acusaron de elaborar una nueva pieza legislativa.
Mientras se da la controversia entre los congresistas, la Iglesia Católica, a través de sus sacerdotes, y decenas de organizaciones sociales y populares presionan al Congreso Nacional para que Loma Miranda sea declarada parque nacional.
El proyecto de los diputados fue aprobado el año pasado, pero los senadores lo enviaron a estudios de una comisión que realizó descensos a Loma Miranda, y finalmente introdujo varias modificaciones que, según alegaron, corrigen las fallas de la pieza original de los diputados, para adecuarlo a la Constitución y a las leyes, a fin de garantizar la indemnización a los propietarios de terrenos.
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