La sociedad dominicana se caracteriza por tener una idiosincrasia en la que la iglesia (sin importar denominaciones) juega un papel preponderante y al parecer los legisladores no obviaron ese poder que todavía representa y decidieron, el pasado martes, penalizar el aborto en todas sus formas con penas de entre cuatro a 10 años de prisión.
La medida está contenida en el nuevo Código Penal Dominicano, que todavía debe pasar por el Poder Ejecutivo, específicamente en el artículo 110, siendo este el más espinoso al eliminarse el párrafo que expresa: “la interrupción del embarazo por causa de violación, incesto o por malformaciones del embrión incompatible con la vida clínicamente comprobada, estarán sujetos a los requisitos y protocolos que se establezcan mediante ley especial.
Amnistía Internacional repudió la penalización del aborto en RD e hizo pública su posición a través de una nota de prensa en la que manifiesta que “al mantener la criminalización del aborto en casos de violación o malformación incompatible con la vida en su nuevo Código Penal, la República Dominicana ha perdido una oportunidad de oro para proteger los derechos humanos de las mujeres”.
“Con esta decisión la República Dominicana no solo le da la espalda a miles de mujeres dominicanas sino que las continúa tratando como criminales por ejercer derechos que les son básicos”, sostuvo Juliana Cano Nieto, directora Adjunta de Campañas de Amnistía Internacional.
Mientras que Raúl del Río, director de Oxfam en República Dominicana, considera que “esta decisión supone un claro retroceso respecto al Código Penal aprobado en 2014, que incluía la despenalización del aborto ante 3 causales y que daba mayor protección a las mujeres de República Dominicana”.
Las feministas no se quedan atrás y por eso representantes de organizaciones feministas del país manifestaron su indignación y rechazo en contra de la aprobación del nuevo Código Penal, el cual penaliza la interrupción del embarazo castigándolo con penas de 2 a 4 años de prisión para las mujeres; y de hasta diez años cuando se trata de personal de salud, dejando a miles de mujeres desprotegidas de sus derechos.
Manifestaron que la aprobación al vapor del Código representa un retroceso brutal para el país en comparación al Código aprobado en el 2014 que garantizaba el acceso al aborto cuando el feto tuviese malformaciones que le impidan sobrevivir y cuando el embarazo sea consecuencia de violación o de incesto.
De igual modo, repudiaron enfáticamente la actitud sigilosa de la Cámara de Diputados de conocer un Código que condena a muerte a miles de mujeres vulnerables en el país y responsabilizan a funcionarios de todos los partidos políticos de las nefastas consecuencias para la salud sexual y reproductiva de las mujeres tras su implementación.
Los pronunciamientos no terminan ahí. El director Ejecutivo del Consejo Nacional para el VIH-SIDA (CONAVISHIDA), Víctor Manuel Terrero, hizo fuertes críticas a los legisladores que votaron a favor de la penalización del aborto y aseguró se trata de una ley contra las mujeres, especialmente las más pobres.
El funcionario ha mantenido una posición firme en cuanto a este tema, ya que ha sido un defensor del aborto terapéutico, el cual se podría practicar a mujeres y niñas víctimas de violaciones sexuales de delincuentes y de hasta sus propios padres.
Ha sido reiterativo que a una mujer o a una niña no se le puede condenar a muerte, sobre todo las mujeres y niñas pobres víctimas de un sistema desigual que no garantiza nada a las víctimas de abusos sexuales.FUENTE Z 101 DIGITAL.COM
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