DGA ratifica prohibición exportaciones de cobre de procedencia no justificada

La Dirección General de Aduanas (DGA) informó este domingo que mantiene vigentes las medidas que prohíben la exportación de cobre obtenido a partir del robo de cables telefónicos y del tendido eléctrico, así como de cualquier material metálico cuya procedencia no pueda ser justificada documentalmente en función de los requerimientos aduanales.

Asimismo, el director general de la DGA, licenciado Rafael Camilo, advirtió nueva vez que en cualquier caso que sea detectada una violación de esas disposiciones las autoridades de aduanas procederán al cierre definitivo de las operaciones de exportación de la empresa o establecimiento que la realice.

El titular de la DGA precisó que no han sido variadas en lo más mínimo las disposiciones adoptadas por la institución en el mes de marzo del año 2010, que impiden la exportación de metales cuya procedencia no esté transparentada y que incumplan las regulaciones vigentes para esa actividad.

Camilo sentenció que en esos casos se procederá al comiso de todo el material que se trata de exportar, al tiempo que serán sometidos a la justicia todos los involucrados en la acción.

El funcionario explicó que a principio de año se detectaron acciones que indicaban que individuos desaprensivos, delincuentes, habían vuelto a incurrir en la práctica de robar materiales de cobre y cables telefónicos, lo que motivó el reforzamiento de las medidas de inspección física e incluyó la prohibición del llenado de contenedores en carreteras, calles y avenidas del país.

Dijo que como resultado preliminar de estas operaciones, la Dirección General de Aduanas ha dispuesto la retención y confiscación de unos siete contenedores en lo que va de año, parte de los cuales ya fueron subastados entre las empresas que cumplen con todos los requisitos establecidos, incluidos los medioambientales y los relacionados con el Centro de Exportación e Inversión.


LAS MEDIDAS
Entre las medidas adoptadas por la DGA para impedir la exportación ilegal de cobre están la inspección de los embarques, la supervisión de las empresas metaleras, operativos de inteligencia, la publicación de circulares en las que se prohíbe dicha práctica, así como una comunicación permanente con el sector naviero para que se abstengan de entregar equipos para exportar chatarras a empresas o personas no autorizadas.

Igualmente se realizan operativos en los puertos y las vías públicas para verificar el cumplimiento de las medidas tomadas por la Dirección General de Aduanas, lo que dio como resultado la incautación de varios contenedores.

Camilo recordó que a raíz de las medidas puestas en vigencia se consiguió que durante los meses de mayo y junio del 2010 no se registrara un solo robo de cables telefónicos o de cables eléctricos.

Expresó que no escatimará esfuerzos para garantizar la efectividad de las medidas y aseguró que van bien encaminados los trabajos de reforzamiento, entre los que está la inspección física del llenado de los contenedores que realizan los oficiales adscritos a la DGA.

“El proceso incluye la colocación del sello con el que se cierra definitivamente el contenedor y la emisión de una carta de ruta con la que el contenedor puede ser trasladado hacia el puerto y recibido allí por el personal responsable de las exportaciones”, dijo.

Camilo manifestó ser consciente de que el problema del robo de metales y de cables telefónicos va más allá del daño económico que causa a las empresas afectadas, ya que se constituye en una situación que afecta la imagen del país.

Aseguró que los trabajos de inteligencia que se ejecutan y el fortalecimiento de las medidas puestas en práctica permitirán mejorar el marco de las acciones y llegar hasta aquellos que se aventuren a violentar las normas establecidas.

Recordó también que gracias a la efectividad de las medidas implementadas, la aduana dominicana fue invitada a presentar su experiencia en un foro internacional celebrado a finales del año pasado en Lima, Perú.

El director de la DGA destacó finalmente que ha involucrado a todos los sectores afectados, especialmente a las empresas de servicio telefónico y a la CDEEE, en el marco de los esfuerzos que se realizan para evitar que el auge de las exportaciones de chatarras traiga consigo un incremento en los robos de metales, como ha sucedido en otros países.

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