domingo, 9 de diciembre de 2012

Miuca desvincula a Moreno de uso 8 millones en 2008 El secretario general del Miuca dice que Cámara de Cuentas solo alegó violaciones de procedimiento en el manejo de fondos; no malversación


El secretario general del desaparecido Movimiento Independencia, Unidad y Cambio (Miuca), Juan Dionisio Rodríguez Restituyo,  defendió ayer la transparencia  en el manejo de los más de RD$8 millones que recibió esa organización política de la Junta Central Electoral (JCE) para la campaña del 2008, y desvinculó al doctor Guillermo Moreno del  uso de los mismos.
Informó que se puso a disposición de la Fiscalía porque era quien, junto a Orlando González, firmaba los cheques, “y para decirle que  el doctor Guillermo Moreno nunca le puso la mano a un centavo de esos fondos”.
Igual que todos los partidos. Afirmó que  la   auditoría de la Cámara de Cuentas que usó la Fundación de Desarrollo de la Zona Oriental (FUNDEZOR) para hacer su denuncia no dice  que en el manejo de los RD$8,843,000 que recibió el MIUCA hubo malversación ni uso incorrecto de esos fondos, sino que se violentaron algunos procedimientos administrativos.
“Lo que dijo la Cámara de Cuentas en su informe de auditoría  fue que el Miuca, al igual que la mayoría de los partidos, violentó algunos reglamentos administrativos, como el que establecía que para  erogar más de RD$100,000 había que abrir una cuenta en un banco y hacerlo a través de cheques, lo cual no hacíamos porque no teníamos conocimiento de eso”, señaló.
Reglamento vino después. Señaló que la ley que establece ese procedimiento era de enero del 2008 y la JCE en su Reglamento Interno no lo establecía, sino que  fue posteriormente cuando la Cámara de Cuentas  entregó un reglamento para actualizar y unificar la contabilidad de todos los fondos públicos.
Resaltó que  en las elecciones del 2008 el Miuca presentó su informe financiero ante la JCE en el plazo acordado por la Ley, “y a instancias del propio Moreno, quien  no manejó un peso de esos,  solicitamos  una auditoría”, sostuvo Rodríguez Restituyo.
“Nosotros queremos dejar constancia de que el doctor Guillermo Moreno actuó con absoluta transparencia y cuidado en las actividades que realizaba, y que de ninguna manera utilizó ni administró esos fondos porque él nunca ha sido de ninguno de los mecanismos del Miuca, ni  fue ni lo es ahora del Frente Amplio en que se convirtió del Miuca”, puntualizó.
La querella.  La querella de la Fundezor, la que tiene como representante legal al  al doctor Carlos Balcácer, incluye a Rodríguez Restituyo, Virtudes Álvarez, expresidente del movimiento, y a otros dirigentes políticos que ahora están en el Frente Amplio.
 En en el 2008, el Miuca llevó como candidatos presidencial a Moreno, y vicepresidencial a  María Teresa Cabrera.
Los testigos.  Entre los testigos que usaría la Fundación contra Moreno estaría el presidente de la JCE,  Roberto Rosario.
La acusación contra Moreno, actual presidente y ex candidato presidencial del partido Alianza País, se produce semanas después de que el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, rechazara una querella que presentara contra el expresidente  Leonel Fernández, por su  supuesta responsabilidad penal en el déficit fiscal dejado por su Gobierno.
Moreno presentó  su objeción a la decisión tomada por el procurador general en beneficio de Fernández, por  ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Campaña sucia. Así calificó Moreno la querella en su contra, y la atribuyó al exgobernante.
No obstante, se reunió con la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso.

Someterán a Fernández
El doctor  Rodríguez Restituyo,  secretario general del Frente Amplio, organización política creada  a partir de la fusión de varios grupos, incluido el Miuca, anunció que abogados penalistas recolectan evidencias para llevar a la justicia ordinaria al ex presidente Leonel Fernández. Dijo que la decisión fue adoptada en un Congreso  realizado  el pasado domingo, e indicó que dado que Fernández ya no tiene jurisdicción privilegiada será llevado como un ciudadano común  a un tribunal de Primera Instancia  para que se determine si   cometió dolo, prevaricación, abuso de  poder, enriquecimiento ilícito, mal manejo de los fondos públicos y otros actos ilícitos que están contemplados en el Código Penal.

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