El Instituto de Protección a los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) recurrió hoy en casación la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, que determinó que ese organismo no tiene facultad para imponer multas.
El recurso fue presentado por la directora de Pro Consumidor, Altagracia Paulino por ante la secretaria de la Suprema Corte de Justicia, Grimilda Acosta de Subero.
En la instancia, se pide a la tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia anular la sentencia dictada la jueza Delfina Amparo De León Salazar, presidenta del Tribunal Superior Administrativo que rechazó tres solicitudes de medidas cautelares a Pro Consumidor, interpuestas por la empresa Propano y Derivados (PROPAGAS) para suspender el cobro de las multas por la venta irregular de Gas Licuado de Petróleo.
Mediante las resoluciones 060-2012 y 064-2012 Pro Consumidor impuso dos multas de cien salarios mínimos cada una por venta irregular de GLP a los consumidores.
“Fue sorprendente para nosotros la decisión de la jueza Delfina Amparo de León, ya que de 16 medidas cautelares solicitadas por los gaseros, incluyendo Propagas, ella las había desestimado, entendiendo, con esa decisión, la potestad sancionadora que tiene Pro Consumidor de imponer multas” expresó Paulino.
En la instancia se alega que la jueza para emitir la sentencia también se apoyó en el artículo 51, referente a pesos y medidas, y en varios otros articulados, que ahora niega en la decisión de marras, como el 27, el 105, el 107, el 112, el 115 y su párrafo II que expresa: “Estas multas son independientes de las que se puedan imponer en concepto de sanción y son compatibles con las mismas”.
Paulino dijo que la Ley 358-05 establece la definición de las infracciones y también las multas a pagar que van desde cien a 500 salarios mínimos, lo que despeja cualquier duda sobre la potestad de Pro Consumidor para multar.
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