Los jueces del Tribunal Constitucional (TC) conocieron hoy diez expedientes de acción directa en inconstitucionalidad, incluyendo uno que busca la anulación del contrato de exclusividad entre el Estado dominicano y la empresa ICSSI para la instalación de rayos X en los puertos del país.
El tribunal, presidido por Milton Ray Guevara, luego de conocer los recursos, los dejó en estado de fallo para emitir su decisión en un plazo de cuatro meses como establece la Ley.
Además del recurso de inconstitucionalidad en el caso de los rayos X, se conocieron dos recursos interpuestos por la Asociación Nacional de Detallistas de Combustibles (ANADEGAS), también uno presentado por la Fundación Justicia y Transparencia, en contra de una decisión adoptada por la Junta Central Electoral (JCE), entre otros.
El ministerio público estuvo representado en el tribunal por el procurador adjunto Ricardo Taveras Cepeda.
En su dictamen, la Procuraduría General de la República, a través de Taveras Cepeda, pide declarar no conforme con la Constitución la resolución 188-03, del 15 de diciembre del año 2003, emitida por el Congreso Nacional, el cual otorga un contrato de exclusividad a la empresa ICSSI para instalar dichos equipos.
En la instancia, que consta de 14 páginas, el ministerio público pide que también se declare no conforme con la Constitución cualquier disposición norma o acto cuya anulación resulte necesaria por conexidad, especialmente, el contrato suscrito el 18 de julio del 2002, entre el Estado dominicano y la sociedad comercial ICSSI.
El procurador adjunto emitió su dictamen, luego de que el TC le pidiera su opinión sobre un recurso de inconstitucionalidad que interpusiera el Consejo Nacional de la Empresa Privada, las asociaciones de Navieros de la República Dominicana, de Zonas Francas, de Zonas Francas de Santiago, de Industria de la República Dominicana y las Cámaras Americana de Comercio, Americana de Comercio y Producción de
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