El acto de alguacil contentivo de la denuncia ante las autoridades españolas y dominicanas deja clara la decisión de hacer la denuncia de manera formal debido a que tanto Dream Casinos Corporation como la Lotería Nacional, transgrediendo lo establecido en la legislación dominicana, elevaron un recurso de casación por ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), a sabiendas que la ley 491-08 sobre Recurso de Casación ordena de manera expresa que las sentencias sobre medidas cautelares sólo pueden ser recurridas en casación conjuntamente con la sentencia que sea rendida sobre el fondo, lo que no ha sucedido todavía.
Los representantes legales de las empresas de lotería electrónica, oficina de abogados Delgado Malagón indican en la denuncia que “no obstante lo anterior, mis requeridas antes indicadas se han sublevado en contra de la orden legítimamente emanada de la presidencia del Tribunal Superior Administrativo, en sus atribuciones de medidas cautelares”.
Argumenta que la entidad denunciada ha afirmado con “petulancia e irreverencia desbordadas”, que no acatará la orden emanada de la presidencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA), a la vez que pretende darle sustento a sus vías de hecho mediante un ostensible e inadmisible recurso de casación, que pretende usar como ardid, con la temeraria intención de desconocer la ejecutoriedad de estas decisiones.
Expresa el documento que independientemente del ejercicio ligero de acciones y recursos llamados al fracaso, mediante los cuales se intenta cuestionar fallidamente la constitucionalidad de las normas jurídicas que gobiernan tanto el recurso de casación como las decisiones en materia de medidas cautelares, en la República Dominicana, Dream Casino Corporation y la Lotería Nacional deben, de manera inmediata, suspender los sorteos del Loto Gordo Iberoamericano o atenerse a sufrir las consecuencias de su acción.
El Tribunal Superior Administrativo ordenó este martes 30 de julio, la suspensión provisional de los sorteos del Loto Gordo Iberoamericano, al acoger la petición de medida cautelar contra la empresa Dream Casinos Corporation y Lotería Nacional, elevada por los representantes legales de LEIDSA, LOTEKA y Loto Real del Cibao, el pasado 27 de marzo.
La sentencia 086-2013, emitida por la jueza presidenta del referido tribunal, magistrada Delfina Amparo de León, declaró buena y válida la solicitud de “medida cautelar de suspensión anticipada del contrato suscrito entre la Lotería Nacional de la República Dominicana y Dream Casinos Corporation el 11 de agosto de 2012”, por lo que a partir de esa semana dichos sorteos no podían ser realizados hasta tanto no se conozca el fondo del asunto.
El problema inició cuando el ex administrador de la Lotería Nacional, José Francisco Peña Guaba, otorgó, sin mediar licitación pública alguna, la concesión para operar la lotería española a la empresa canadiense, propiedad de los italianos Antonio y Frank Carbone y de los canadienses Michael Andrew Pajacka y Austin Pérsico, bajo el argumento de que el Estado percibiría entre 5 y diez mil millones de pesos con dicha comercialización, de los que la Lotería recibiría cerca de mil 500 millones de pesos.
Este contrato grado a grado dejó de lado a empresas criollas como LOTEKA, LEIDSA y Loto Real, que de inmediato se pusieron en acción hasta ver coronados sus esfuerzos con la suspensión provisional del contrato para la realización del Loto Gordo Iberoamericano.
La magistrada presidenta del Tribunal Superior Administrativo consideró que la solicitud estaba basada en hechos fiables, por lo que procedió en consecuencia, no obstante los alegatos esgrimidos por la Lotería Nacional, Dream Casinos Corporation y el propio procurador general administrativo como representante del Estado, por lo que decidió a favor de las tres empresas de juegos dominicanas.
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