La agencia que maneja la política exterior del gobierno estadounidense se desborda en denuncias y cuestionamientos contra la República Dominicana y su trato hacia los inmigrantes haitianos y descendientes del vecino Haití, durante un aviso que publica en su página web solicitando candidatos para optar por el cargo de Oficial de Protección Adjunto (JPO-por sus siglas en inglés).
La andanada de críticas en el referido portal viene precedida de los requisitos y condiciones para optar por el puesto antes señalado, el cual estará adscrito a la ACNUR (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) y tendrá funciones específicas de protección y defensa de los inmigrantes y descendientes haitianos.
Los argumentos expuestos en el aviso coinciden marcadamente y guarda mucha relación con los pronunciamientos de algunos sectores nacionales que cuestionan la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC), lo que hace suponer una afinidad y o conexión entre el Departamento de Estado norteamericano y esos grupos.
Al respecto, la comunicadora y regidora Consuelo Despradel, defensora nacionalista, consultada por El Nuevo Diario, dijo que se evidencia una vez más que los argumentos que exhiben en el país los “traidores de la patria” son provistos por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de agencias como la ACNUR, las ONGs, los padres jesuitas, algunos comunicadores y políticos dominicanos.
Tras citar a la República Dominicana como el país principal de asilo en el Caribe para los refugiados, el Departamento de Estado calcula en más de un millón el número de inmigrantes haitianos que actualmente están en suelo dominicano.
Igualmente, asegura que existe un cuarto de millón (250,000) personas nacidas en República Dominicana de ascendencia haitiana (dominico-haitianos).
Esos –añade- están en diferentes grados de riesgo de apatridia.
Cuando se refiere a la frontera que divide a ambos países (Haití-República Dominicana), el organismo del gobierno de los Estados Unidos sostiene que en esa zona se producen tratas transnacionales de mujeres y niños haitianos para trabajar en la industria del sexo o de servidumbre doméstica.
“La frontera es muy porosa (permeable) y se caracteriza por frecuentes violaciones de los derechos humanos por las autoridades militares y de la frontera”, sostiene.
En la publicación se repite una vez más que durante varias décadas las autoridades dominicanas han realizado redadas y expulsiones masivas indiscriminadas de inmigrantes haitianos.
Señala que el problema de la migración haitiana en República Dominicana es extremadamente sensible, tanto a nivel político nacional, así como a nivel de la comunidad local.
Acusa al Estado dominicano de históricamente privar de la nacionalidad a los niños de ascendencia haitiana, a pesar del “jus solis en el marco constitucional”.
De igual modo, afirma que desde el 2007 los gobiernos dominicanos han puesto en marcha nuevas políticas que despojan de documentos de ciudadanía a personas de ascendencia haitiana que ya los habían recibido.
“Una nueva constitucional, promulgada en enero del 2010, ha cambiado el marco de la nacionalidad, la creación de un orden constitucional para negar la ciudadanía a los niños nacidos en el territorio (dominicano), a los migrantes no residentes”, amplía.
Hace mención de que existe una expectativa común de que las nuevas disposiciones de nacionalidad se aplicarán con carácter retroactivo, proporcionando una plataforma al gobierno para ampliar y aplicar de manera más sistemática las políticas existentes.
“Esto agravará aún más los riesgos de apatridia para aciertas poblaciones”, complementa.
Es en contexto anterior en el que actuará la persona que resulta elegida para el cargo de Oficial de Protección Adjunto, obteniendo con ello experiencia de campo, exposición y conocimiento de los temas de protección de los refugiados, la apatridia y la protección de las poblaciones desplazadas por desastres naturales, “dentro de un entorno migratorio altamente complejo”.
Se recuerda que El Nuevo Diario, en su edición digital del 24 de febrero y la impresa el 25 del mismo mes, publicó un trabajo bajo el título "Acusación de racismo contra RD se origina en informes del Departamento de Estado EEUU", el cual se reseñaba que las denuncias de que República Dominicana es un país racista y violador de los derechos humanos de los inmigrantes haitianos se remonta a los finales de la década de los 80, aunque es a raíz de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que este tipo de acusaciones cobra mayor cobertura y notoriedad a nivel nacional e internacional.
Este artículo reseñó que El Nuevo Diario dio un vistazo a los informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, a partir del 1989, descubriendo que desde entonces los dominicanos son presentados ante el mundo como los “verdugos” de los haitianos en cuestiones de derechos humanos.
Planteó que las acusaciones contra el país han sido reiterativas y sistemáticas en los informes que el Departamento de Estado norteamericano envía a las Comisiones de Relaciones Exteriores, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados del Congreso de los EEUU, cuyos contenidos generales se refieren a la situación de los derechos humanos en el país, y que la embajada norteamericana reproduce en su página web, y corresponden a los años 1989, 1993, 1994, 2004, y 2012, en posesión de este periódico.FUENTE NUEVO DIARIO
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